Modificaciones a los registros de incidencia delictiva en 2017 y el extremo caso de Sinaloa

Pese al cambio de metodología para el registro de la incidencia delictiva en México a partir de 2018 hecho por el Centro Nacional de Información (CNS, 2017) este nuevo registro y base de datos (CNSP/38/15) únicamente contiene información delictiva de enero de 2015 a la fecha, por lo que para el análisis de los delitos y sus tendencias de los últimos 21 años, es necesario el uso del formato anterior de registro y base de datos (CIEISP), el cual permite desagregar la información para las 32 entidades del país y de los municipios que los conforman (de enero de 2011 a diciembre de 2017). No obstante, las constantes modificaciones en los registros de algunas entidades del país han puesto en duda la veracidad y confiabilidad de estos datos, particularmente en las entidades del país en donde mes tras mes se registraban cambios a las cifras no solo de 2017 sino hasta de ocho años atrás.

Ante estos hechos y como cada año, este artículo presenta un análisis sobre las modificaciones que las entidades realizaron a sus cifras de incidencia delictiva durante 2017 a partir del formato CIEISP, con el propósito de evidenciar a las entidades federativas que más inconsistencias presentan en sus registros iniciales y finales, además de analizar los cambios en las tendencias resultado de las modificaciones. Por tanto, en primer lugar, muestro los resultados nacionales de las modificaciones que se realizaron en 2017, y posteriormente analizo las entidades con mayores modificaciones, haciendo énfasis en Sinaloa pues las modificaciones que realizó modificaron en gran medida sus niveles de violencia e inseguridad de los últimos ocho años.

De acuerdo con los datos del SESNSP, en 2017 a nivel nacional se registraron 12 337 modificaciones a los registros de incidencia delictiva de ese año, entendiendo por una modificación a la eliminación, inserción o reclasificación de un delito a partir de su carpeta de investigación (CI). Esto resultó en un incremento neto de 641 CI en donde se añadieron 788 CI por robos, 36 CI por homicidios dolosos, 3 CI por secuestro, 4 CI por violación y 4 190 CI por delitos patrimoniales, en tanto que se eliminaron 105 CI por lesiones, 59 CI por homicidios culposos y 4 216 CI por otros delitos. Si bien en la mayor parte de los casos estas modificaciones se debieron a la reclasificación de delitos, hubo entidades en donde estos aumentos o eliminaciones de CI no tuvieron esa explicación, dejando incertidumbre de los motivos y objetivos de estos cambios.

En términos generales los delitos que más modificaciones tuvieron para 2017 fueron los clasificados como “otros delitos” con 5 706 cambios totales, seguidos de los delitos patrimoniales con 4 298 modificaciones y en tercer lugar los robos con 1 360 cambios. Respecto a las entidades con modificaciones en sus registros de 2017, 21 de las 32 tuvieron modificaciones en por lo menos un mes del año y las entidades con el mayor número de cambios fueron: Nuevo León con 8 023 cambios, Sinaloa con 2 024 cambios, Zacatecas con 732, Querétaro con 501 y Oaxaca con 404 modificaciones.

A pesar de que la entidad con más modificaciones en 2017 fue Nuevo León, el 96% de estas se derivaron de la reclasificación de 3 874 CI que se encontraban en “otros delitos” y que pasaron a formar parte de los delitos patrimoniales, únicamente hubo un incremento de 275 CI por lesiones que no se tenían contempladas en los registros iniciales y cuyos cambios se realizaron en dos ocasiones durante 2017. Por lo que en realidad la entidad con mayores problemas de modificaciones injustificadas fue Sinaloa al mostrar modificaciones en 11 de 12 meses analizados con una reducción final de 252 CI en 2017, que se distribuyeron en incrementos de 410 CI en robos, 25 CI en delitos patrimoniales, además de reducciones de 28 CI en lesiones, 73 CI en homicidios culposos, 26 CI en homicidios dolosos, 6 CI en violaciones y 555 CI menos en otros delitos.

Además de lo anterior, Sinaloa realizó modificaciones en el transcurso de 2017 en sus registros de 2010 a 2016 con un total de 38 817 cambios, lo que resultó en una reducción de 1 964 CI por homicidio doloso, 733 CI por homicidio culposo, 5 202 CI por robos, 4 790 CI por lesiones, y un incremento de 17 473 CI por delitos patrimoniales, lo que se tradujo en una mejora de sus indicadores de seguridad en años previos, pues como ejemplo se tiene su tasa inicial de homicidios dolosos que en 2010 era la segunda más alta del país (3.4 veces por arriba de la nacional) y con las modificaciones pasó al tercer lugar (con un nivel 2.4 veces superior al nacional). No obstante, Sinaloa no fue la única entidad que hizo una gran cantidad de modificaciones a sus registros de incidencia delictiva también Aguascalientes, Colima, Durango, Jalisco, Tlaxcala, Nayarit y Quintana Roo modificaron sus registros de años anteriores, modificando así sus tendencias históricas.

Por otro lado, la tercera entidad con mayores modificaciones fue Zacatecas quien mes tras mes añadió CI al mes anterior inmediato, pero cuya situación puede deberse al desfase entre la entrega de datos al SESNSP y los registros al final de cada mes, lo cual no implicaría serios problemas en tanto las actualizaciones de los datos se limitaran a unos cuantos meses, de cualquier modo este análisis muestra que el resultado final en 2017 fue el incremento de 182 CI por robos, 85 CI por lesiones, 23 CI por homicidios y 132 CI por delitos patrimoniales, 11 CI por violaciones y 299 CI más  por otros delitos. En la cuarta posición se localizó Querétaro que en 2017 hizo modificaciones en 11 de 12 meses y tuvo una reducción neta de 229 CI que se obtuvo del incremento de 27 CI por lesiones, 50 CI por delitos patrimoniales y una CI por secuestro, y las reducciones de 8 CI por robo y 295 CI por otros delitos.

En conclusión, pese al cambio del formato CIEISP por el formato CNSP/38/15, la base anterior se sigue utilizando para el análisis y evolución de los delitos a nivel nacional y estatal entre 1997 y 2017, por lo que sus posibles modificaciones y cambios sin ninguna explicación ponen en duda la veracidad de sus datos. Por tal motivo, resulta necesario que se siga manteniendo la calidad y confiabilidad de los datos de este registro pues de este se desprende la mayoría de los análisis sobre los avances o retrocesos en materia de seguridad que han tenido las entidades y sus gobiernos, por lo que deben investigarse casos como los de Sinaloa y Aguascalientes en donde hicieron enormes modificaciones a sus registros históricos sin que hasta la fecha se sepa quiénes fueron los responsables de estos posibles errores y cuáles fueron sus causas.

Referencias:

CNS (2017).  Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15. Versión 2.0: octubre de 2017.

CONAPO (2018). Estimaciones y proyecciones de la población por entidad federativa. Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos

SESNSP (2018). Datos de incidencia delictiva del fuero común a nivel estatal 1997-2017. Actualizados al 20 de febrero de 2018.  Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php

SESNSP (2018). Modificaciones a las estadísticas por entidad federativa y notas aclaratorias (febrero 2017- enero 2018). Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php

Oscar Rodríguez Chávez

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@RdCh85 @ObsNalCiudadano