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En recientes fechas el INEGI anunció que, por insuficiencia de presupuesto, este año dejaría de aplicar 14 encuestas. Esto implica que, en materia de seguridad, se perderá información valiosa que serviría para evaluar y diseñar política pública, en el contexto de crisis de seguridad que ya todos conocemos y vivimos. Y no sólo eso, nos priva de datos que monitorean el accionar de las fuerzas del orden, en un escenario donde: se discute la pertinencia de la Guardia Nacional y preocupa que, por su naturaleza, este ente conlleve violaciones a derechos humanos; en el que se está volviendo a creer que la prisión es la panacea de la inseguridad y entre más detenidos mejor; y donde se trata de implementar políticas como la regulación del uso de la mariguana pero sin tener la certeza del impacto que generará y cómo se medirá. Todo esto, sin encuestas como la ENPOL (que se encuentra en la lista de suspensiones/cancelaciones) será más difícil de rastrear.
Cabe recordar que las encuestas son una fuente de información cualitativa y cuantitativa, que mediante el uso de muestras poblacionales nos brindan indicadores que no están disponibles en los registros de gobierno y su importancia radica justamente en el llenado de esos huecos de información. Por lo que a continuación, se hace un esbozo de la información que este año, investigadores y policy makers dejarán de recibir.
Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), la cual tuvo su último levantamiento en 2016 y cuyo objetivo era generar información estadística sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población privada
de su libertad.
En la ENPOL 2016 se encontraron datos sobre el funcionamiento de la procuración de justicia. Se dio a conocer que entre 2012 y 2014 fue el periodo en el que más personas se detuvieron en el país (37.1%); al momento del arresto el 75.6% de los encuestados sufrió violencia psicológica por parte de la autoridad (aislamiento, amenazas, asfixia, daño a familiares, entre otros) y el 63.8% sufrió violencia física por parte de la misma (golpes, descargas eléctricas, quemaduras o incluso violación sexual), al momento de la presentación al ministerio público, las mismas malas prácticas prevalecen con distintos porcentajes; destaca que el 43% de los presos a los que aún no se les dicta sentencia, llevan más de dos años en espera; y que el 39% de los presos ha sido víctima de actos de corrupción en alguna etapa del proceso.
Otra información que brinda la ENPOL y de la que hubiéramos podido tener datos comparativos este 2019, es el rango de edad de la población privada de la libertad y su nivel educativo, lo cual, sirve para la delimitación de población objetivo de estrategias de prevención. En 2016 los resultados mostraron que el 68.1% de la población privada de la libertad tenía entre 18 y 39 años, a su vez, el 72% contaba con nivel educativo básico. De igual forma, el dato vital al que se le debería dar seguimiento es el de la reincidencia, donde, en 2016, una de cuatro personas privadas de la libertad ya había estado recluida previamente, lo cual, dice mucho sobre la fallida reinserción social.
Dada la calidad de información de la ENPOL, ésta es quizás la mayor de las pérdidas, en un país donde la reinserción social es prácticamente nula. Además, al abordar el problema de la delincuencia desde los victimarios, es una potente herramienta para la elaboración de políticas de prevención.
Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas (Ecosup), esta encuesta se encontraba en fase de planeación, pues apenas se había hecho una prueba piloto. Como su nombre lo indica, el objetivo era recopilar información sobre consumidores de sustancias psicotrópicas, esto bajo el marco de la discusión de la regulación del uso de la mariguana, donde, la Ecosup era uno de los instrumentos que proveería evidencia para la toma de decisiones, la generación de la política pública y la evaluación de ésta.
Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), esta encuesta se realizó en 2014, por iniciativa de la Secretaría de Gobernación, para respaldar de manera cuantitativa la Política Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Su objetivo fue generar estimaciones de factores de riesgo y exposición a situaciones de violencia y delincuencia a los que se enfrentan distintos grupos vulnerables. De igual forma se generaron estimaciones sobre actividades e intereses que favorecen la cohesión social.
Aunque la ECOPRED sólo tuvo un levantamiento, en caso de que la segunda edición estuviera programada para este año, su cancelación evita la recepción de información que permita saber si la política pública para la que fue diseñada, ha tenido los impactos esperados o necesita un reajuste, además, se pierde información útil para la implementación de otros programas de prevención.
Cabe mencionar que la información de cohesión social es vital en temas de prevención, ya que aspira llegar a tener comunidades con alta cohesión social, pues esta sirve como uno de los inhibidores del crimen. Por ejemplo, el robo a casa habitación se disuade en comunidades donde los vecinos tienen alto grado de cohesión, porque es más probable que estén organizados y se protejan entre ellos. De esta forma, si el objetivo es fomentar la cohesión social, el primer paso es tener una medición, no obstante, se debe mencionar que diversas encuestas recaban información sobre cohesión social, pero no con tanta especificidad.
Finalmente, en un eje transversal, hay que hablar de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Enaid), esto al considerar que se planea transitar a un gobierno que cuente con una transparencia y acceso a la información eficiente. Desde la trinchera de la seguridad, se busca poder dar seguimiento, de una mayor y mejor forma, a las funciones gubernamentales concernientes a temas de seguridad, justicia y legalidad. Al no levantarse la Enaid, se está perdiendo información proveniente de los usuarios de los datos, limitando oportunidades de mejora.
Como conclusión, dentro de una latente crisis de inseguridad, estamos perdiendo información valiosa que permitiría generar soluciones, por lo tanto, en el Observatorio Nacional Ciudadano, nos unimos a la exigencia que se hace al INEGI para que, en el marco de la transparencia y rendición de cuentas, haga públicos los criterios y la racionalidad en los que basó su decisión para cancelar las encuestas mencionadas, y de esta forma poder entablar una discusión en defensa de la seguridad del país.
Fuentes
ECOPRED (2014) “Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia”. INEGI. Disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/programas/ecopred/2014/default.html
Enaid (2016) “Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”. INEGI. Disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/programas/enaid/2016/
ENPOL (2016) “Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad”. INEGI. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2016/
Javier Alejandro Corzo Tellez
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano.
@corzo_t @ ObsNalCiudadano
