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La crisis de seguridad como problema de salud pública en México

07/11/2017
17:35
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Hablar o escribir sobre la violencia se ha convertido en una tarea cotidiana y sencilla en México. Para darnos cuenta de ello, únicamente nos basta leer artículos en medios de comunicación tradicionales y digitales, así como discursos o comunicados oficiales de las autoridades e instituciones específicas. ¿Qué se suele mencionar o narrar sobre la violencia en nuestro país? Si se analizan de manera general dichas referencias, lo que se puede identificar es que mediante estas solo se relatan los acontecimientos en los cuales principalmente esta se ejerce físicamente o bien se da cuenta de estadísticas de incidencia de ilícitos que suelen conllevar diversas gradientes y tipologías de violencia. Ante el estadio de esta narrativa vale la pena preguntarse si realmente estamos hablando y escribiendo adecuadamente sobre este fenómeno.

Si se considera el planteamiento de la Organización Mundial de la Salud a partir de la cual la violencia se define como “el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte”; es evidente que narrativamente estamos haciendo a un lado muchos de sus matices constitutivos. Esto se debe a que únicamente nos estamos enfocando en los actos per se y, por ende, relegando al olvido sus implicaciones y contra quien se ejerce. Ello no representa algo superficial sino todo lo contrario pues constituye un importante vacío en cuanto a la política pública de seguridad. En este sentido, uno de los ejemplos más claros es la carencia del tratamiento de la violencia en México como un problema de salud pública. ¿Qué tanto urge atender esta debilidad en materia de seguridad?

Al realizar una aproximación superficial al problema a partir de la cual solo se consideren las lesiones físicas y el miedo como único daño emocional y psicológico del ejercicio de la violencia, quizás haya quien responda que no se trata de un asunto que urge ser subsanado. Esta posibilidad es altamente probable si se toma en cuenta que, por ejemplo, acorde con las estimaciones de 2016 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), únicamente se gastaron 8 231 838 658 pesos a consecuencia de daños en la salud por la situación de inseguridad. Esta estadística si se analiza en comparación con el total de costos del delito representa exclusivamente el 3.59% de los mismos, es decir, representa un mínimo porcentaje de las erogaciones efectuadas por quienes fueron víctimas de algún delito.

No obstante, dicha postura sería bastante equívoca pues se estarían haciendo invisibles los múltiples efectos psicológicos y, en algunos casos, neurológicos de la violencia en las víctimas, en los testigos y en los victimarios. Desde esta perspectiva es importante tener presente que un sector poblacional clave que debe ser atendido es el conformado por niños y jóvenes, puesto que de acuerdo con investigaciones neuro científicas se encuentran en una etapa crucial en la cual “el cerebro está en proceso de maduración y es cuando este es más vulnerable ante estímulos negativos. Si los niños o jóvenes se exponen prolongadamente a estos, ellos pueden desarrollar limitaciones de tipo emocional, cognitivo o social que originen serios problemas de comportamiento”[1].

Aunado a ello, debe tomarse en cuenta que cuando se encuentran en dichas etapas desarrollándose en un entorno violento, el cerebro deja de registrarla como una serie de estímulos negativos y la normaliza. Este cambio no es menor pues puede representar uno de los factores determinantes del comportamiento futuro de dichos niños y jóvenes que los predisponga a actuar de manera agresiva y violenta. Otro posible efecto sobre todo cuando los niños están expuestos de manera tan cercana a este uso intencional de la fuerza es que su cerebro se vuelve hipervigilante, ello significa que este se mantiene en alerta continua para interpretar e identificar posibles riesgos o amenazas, lo cual conlleva un desgaste emocional y cognitivo que deriva en altos niveles de ansiedad. Esto es sumamente preocupante pues de acuerdo con diversos especialistas en la materia, una exposición tan cercana a la violencia en los niños podría generar efectos psicológicos y neurológicos similares a los que experimenten soldados o elementos de instituciones de seguridad que se han visto involucrados en contextos bélicos.

Si esta no es razón suficiente para considerar que es urgente tratar la actual crisis de seguridad de México como un problema de salud pública, vale la pena plantear lo que ha sucedido alrededor de uno de los principales actores en esta coyuntura a raíz de la implementación de operativos conjuntos, el ejército. Al respecto, es pertinente retomar el libro de la periodista Ana Lilia Pérez titulado Verdugos, asesinatos brutales y otras historias secretas de militares, ya que en este se refiere que:

El periódico mexicano 24 Horas publicó –con base en una solicitud de acceso a la información- que cada año un promedio de 470 soldado en activo de todos los grados militares, exceptuando a generales, ingresan a hospitales castrenses por diagnóstico de enfermedades mentales, desglosadas en: 40% por estrés, 30% por problemas afectivos y 20% por el uso de sustancias psicotrópicas, y que tan sólo entre 2006 y 2011 los nosocomios habrían atendido a 2 354 en tales circunstancias.

En noviembre de 2013 La Jornada cuantificó –con base en datos obtenidos de la Sedena- en 20 469 el número de miembros de las fuerzas armadas que entre 2006 y 2013 recibieron atención especializada en trastornos psicológicos.[2]

Las estadísticas presentadas por Ana Lilia Pérez no son triviales, sino que dan cuenta de la incuestionable evolución de la crisis de seguridad como un problema de salud pública, el cual de no atenderse se nos saldrá inevitablemente de las manos con sus respectivas consecuencias. Estas son solo las cifras de los elementos con diagnósticos de enfermedades mentales de una institución de seguridad, falta tomar en cuenta lo que ha sucedido con los funcionarios de las instituciones de seguridad federales y estatales restantes. Sin embargo, también es necesario tener presentes los trastornos psicológicos que han desarrollado quienes forman parte de grupos de la delincuencia organizada pues estos a su vez son factores que determinan la comisión de más actos violentos.

Además, habría que retomar las repercusiones en las víctimas en cuanto a salud física y psicológica, las cuales no solo se derivan de los meros acontecimientos sino del silencio de la sociedad como una segunda herida. Respecto a ello, el académico Yael Danieli menciona que quienes han sido víctimas de delitos, hechos violentos y/o violaciones a derechos humanos enfrentan una profunda ruptura de identidad debido al daño de sus dimensiones constitutivas que son la “complexión física, psíquica, interpersonal/ familiar/ social/ comunal, religiosa/ étnica/ cultural/ espiritual, material/ económica-política, nacional y de sistemas y esferas internacionales”.[3] Esto conlleva un rompimiento de la “concepción continua de su vida, de su pasado hacia su presente y hacia el futuro […] [y, por ende, de] tener acceso psicológico y ser capaz de moverse […] libremente entre estas dimensiones de identidad.”[4] A partir del estudio de dicha ruptura en otros contextos históricos de América Latina se ha identificado, por ejemplo, que en el caso de los familiares de personas desaparecidas forzadamente en Argentina, ellos no solo enfrentaron consecuencias en el ámbito psicológico de su salud sino también en el físico.

Este breve acercamiento a algunas de las implicaciones de la inseguridad en la salud demuestra que no hay elementos para que se continúe sin tratar la crisis de seguridad como un problema de salud pública. Al contrario, si se continúa optando por ignorarlo, ello implica que nuestras autoridades no solo desconocen profundamente el problema que enfrentamos, sino que continúan prefiriendo que se trate superficialmente únicamente desde la perspectiva penal ignorando las consecuencias que tiene en la sociedad.

 

Doria Vélez

Directora de Investigación

@Dorsvel @ObsNalCiudadano

 

[1] Vélez, Doria. “¿Son los jóvenes el problema?” (2017) en El Universal disponible en http://www.eluniversal.com.mx/nacion/son-los-jovenes-el-problema-0

[2] Pérez, Ana Lilia. “¿Protectores o verdugos?” (2016), en Verdugos, asesinatos brutales y otras historias secretas de militares. México, Grijalbo, p. 19.

[3] Danieli, Yael. “El derecho a la restitución, indemnización y rehabilitación para víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y libertades fundamentales: reflexiones preliminares desde una perspectiva psicológica” (2006), en Pedro David y Eduardo Vetere (coords.), Víctimas del Delito y del Abuso de Poder. México, INACIPE, p. 251.

[4] Ídem. 

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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