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Invisibilidad del desplazamiento forzado en México

08/09/2017
08:30
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Dentro de las consecuencias de la denominada Guerra contra el Narcotráfico iniciada por el expresidente Felipe Calderón hace más de 10 años, podemos numerar la disminución en la esperanza de vida como resultado del incremento de los homicidios dolosos (ONC, 2015), además del aumento de los costos sociales y económicos de los delitos de los cuales se da cuenta en diversos medios y encuestas como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (ENVIPE). No obstante, poco se sabe del impacto del incremento de la violencia como resultado de la actual estrategia de seguridad sobre el desplazamiento forzado tanto al interior del país como fuera de este.

Al respecto, diversas instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y el Instituto de Investigaciones Dr. José Maria Luis Mora han llevado a cabo en días recientes diversos foros y eventos para tratar de visibilizar la problemática del desplazamiento forzado en México, particularmente de lo ocurrido en los últimos 10 años, cuando la violencia en México tuvo un incremento como resultado del aumento de los conflictos entre fuerzas armadas y grupos criminales, además de las disputas entre carteles de droga por la producción y distribución de drogas hacia los Estados Unidos.

Si bien el desplazamiento forzado por motivos de violencia no es un problema reciente en México puesto que este se remonta a décadas atrás cuando los conflictos comunales, los conflictos religiosos y otro tipos de disturbios se desarrollaron particularmente en entidades del sur del país, este tuvo un incremento a partir del levantamiento del Ejercito Zapatista en 1994 en el estado de Chiapas, lo que propicio la salida de miles de familias que trataron de salvaguardar sus vidas ante el incremento de la violencia por los conflictos entre grupos paramilitares, el ejército y grupos del EZLN.

Sumado a estos detonantes del desplazamiento forzado podemos mencionar los cientos o miles de familias que cada año abandonan sus hogares ante las inclemencias y desastres “naturales” que obligan a las familias a salir de sus hogares por fenómenos tales como inundaciones, sequias, terremotos, huracanes y otros fenómenos  que a pesar de ser considerados como naturales suelen afectar en mayor grado a poblaciones con escasos recursos económicos, lo que imposibilita su capacidad de hacer frente a dichos fenómenos e incrementa su vulnerabilidad como resultado de las carencias sociales a las que se enfrentan.

Un tercer factor preponderante en los desplazamientos forzados en México es el desplazamiento de las comunidades por megaproyectos de “desarrollo” tales como presas, minas, carreteras y aeropuertos entre otros, los cuales en la mayoría de los casos obligan a comunidades enteras a abandonar sus hogares y restablecerse en otros lugares donde sus condiciones sociales y económicas suelen ser peores a las que tenían en sus comunidades de origen, pese a los apoyos que los gobiernos estatales y federales les hayan dado, puesto que no se les da un seguimiento adecuada que permita el pleno desarrollo social y económico de las familias desplazadas.

No obstante, tal y como lo mencionan diversas instituciones y foros, uno de los primeros caminos para hacer frente al desplazamiento forzado es el reconocimiento del problema por parte del gobierno, a partir de la creación de mecanismos legales que reconozcan el problema del desplazamiento forzado y de las víctimas de este fenómeno, además de instrumentos estadísticos que permitan dimensionar el tamaño de la problemática y visualicen las características sociodemográficas y económicas de las víctimas, así como las repercusiones en su bienestar económico, social y cultural ante la salida de las familias como estrategia  para salvaguardar sus vidas y la de sus seres queridos.

Si bien en México no se cuenta con cifras oficiales que den cuenta del tamaño del problema existen algunas aproximaciones tales como las de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) que en su edición 2014 estimó que el 6% de los migrantes internos se desplazaron por motivos de inseguridad y violencia, además de que el 1% de los migrantes internacionales salieron del país por estas mismas razones. Por su parte el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno de la CNDH (2016), refiere que a partir de entrevistas a funcionarios y de casos atendidos por este organismo hasta inicios de 2016 se habían contabilizado cerca de 35 mil víctimas de desplazamiento interno forzado en México.

Mientras que fuentes internacionales como el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés) basados en reportes periodísticos que dan cuenta únicamente de desplazamientos masivos es decir de 10 o más familias desplazadas en un mismo evento, estiman que la cantidad de víctimas de este fenómeno entre 2009 y 2016 fue de 311 mil desplazados internos por conflictos y violencia, de los cuales 23 mil ocurrieron solo en 2016.

Por tanto, pese a que no se tiene una cifra oficial de la magnitud del problema en México de acuerdo con las estimaciones internacionales, México ocupa el tercer lugar en desplazamientos forzados en América Latina solo por debajo de Colombia y Honduras (CNDH, 2017), por lo que resulta sumamente importante que el gobierno federal reconozca el problema para crear mecanismos y protocolos de atención de las víctimas que reduzcan su vulnerabilidad ante la salida y perdida de bienes materiales y les permitan en el mejor de los casos regresar a sus comunidades de origen, o por lo menos les ayuden a incorporarse de mejor manera a las comunidades de destino, cubriendo algunos de los costos sociales y económicos del desplazamiento, incentivando su absorción laboral, ofreciéndoles servicios básicos de salud, educación y vivienda entre otros.

Pues si bien este fenómeno se ha concentrado en entidades del norte del país como Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Sinaloa, además de los estados de Guerrero y Michoacán, la estrategia de seguridad actual sumado a la indiferencia del gobierno por la atención de las victimas ha provocado que este fenómeno se propague en mayor o menor grado hacia prácticamente todo el país.

 

Referencias:

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2016). Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2017). Foro Internacional: Desplazamiento Forzado Interno. Realizado los días 23 y 24 de agosto en la Ciudad de México.

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (2014). Principales Resultados. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiales/enadid/2014/doc/resultados_enadid14.pdf

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (2016). Características de las víctimas de delito, los delitos y los daños. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/

Internal Displacement Monitoring Centre. Desplazamiento Forzado en México. Disponible en: http://www.internal-displacement.org/countries/mexico

Observatorio Nacional Ciudadano. Homicidio: Una mirada a la violencia en México. Disponible en: http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2015/08/ONC-HOMICIDIO-COMPLETO-baja.pdf

 

Oscar Rodríguez Chávez

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@RdCh85 @ObsNalCiudadano

 

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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