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¿Falló la estrategia?

05/11/2018
16:10
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El 11 de diciembre de 2016 se cumplieron diez años de iniciada, lo que en medios, se maneja como “guerra contra el narcotráfico”.

Lo anterior derivado de que el entonces Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Felipe Calderón Hinojosa empleó el término “guerra”, mismo que, desde su pronunciamiento, fue cuestionado y esto ha sido motivo de críticas, ya que tanto la definición de guerra empleada por medios de comunicación y comunicadores –que es cuando un Estado hace frente de manera violenta a otro, empleando sin límite sus recursos militares y económicos para llevar al contendiente a su rendición incondicional- como la usada en el léxico militar -empleo de la fuerza armada, por parte de un país o grupo de países, contra otro[1]- no refleja lo que realmente ocurre, por ende, las operaciones militares que se han llevado a cabo en apoyo a las autoridades civiles en el ámbito de la seguridad pública y al reestablecimiento del Estado de derecho no debió de ser nombrada como una “guerra contra el narcotráfico” sino como “un plan estratégico de apoyo a las instituciones de seguridad pública estatales y municipales en contra del crimen organizado por parte del Estado”.

El ex presidente Calderón Hinojosa, al hacer uso de sus facultades y obligaciones constitucionales para preservar la seguridad nacional y la seguridad interior, ordenó el empleo de las fuerzas armadas en su totalidad, para intervenir directamente contra las organizaciones criminales que integran la delincuencia organizada en el país a través de la ejecución de una estrategia de confrontación directa y mano dura, la cual buscaba, entre otras cosas, disminuir la violencia, desmantelar a las organizaciones del crimen organizado y sobre todo, restablecer el estado de derecho. Al final de su mandato, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registró un total de 102,859 carpetas de investigación abiertas tan solo en lo que respecta al delito de homicidio doloso (1).

Durante su campaña política, el Lic. Enrique Peña Nieto, prometió, entre otras cosas, acabar con la violencia generada en México, y una vez que tomó posesión de su encargo constitucional como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en su toma de protesta, en relación al tema que nos ocupa (la violencia) manifestó que uno de los ejes de su gobierno sería el de México en paz, el cual, como característica principal pondría al ciudadano y su familia en el centro de las políticas de seguridad, logrando con esto reducir la violencia que proliferaba al término del mandato del ex presidente Felipe Calderón, desafortunadamente no ha sido así, hasta julio del presente año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha registrado en la presente administración un total de 114, 460 carpetas de investigación (1), cifra superior a la alcanzada en el sexenio pasado.

Con estos números sólo nos resta decir, como probables conclusiones que:

La delincuencia y la violencia no han disminuido, incluso la cifra de víctimas mortales a consecuencia de la violencia generada es comparable con el de una guerra formal.

La estrategia de confrontación directa ha fallado en su propósito de desmantelar al crimen organizado y el tráfico ilegal de drogas, ya que a pesar de haber eliminado, encarcelado y/o extraditado a los líderes de estas, no existe una solución de fondo.

No se aprecia que en México sea aplicada la ley sin distingos y con mano dura, tanto para delincuentes como para servidores públicos corruptos, ya que las redes de corrupción son una verdad de Perogrullo, el crimen organizado no existe, si no es con las redes de complicidad con el Estado.

No se observa por parte del Estado, implementación de políticas públicas que tengan un verdadero enfoque de prevención, no logra apreciarse que las autoridades encargadas de la seguridad pública en todos los niveles, elaboren un análisis de los mercados criminales (no sólo del mercado de la droga) que lleve a prevenir y evitar la explotación de esos mercados por parte de las bandas criminales.

Tal parece, de acuerdo a lo que como ciudadanos podemos conocer gracias a medios de comunicación serios, a través de todas sus plataformas, que el Poder Judicial no ha sumado esfuerzos, ya que a pesar de los problemas y diversidad de delitos y la mezcla de conceptos como los derechos humanos, el debido proceso y otra serie de situaciones de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio, se han extrapolado y beneficiado, de alguna forma, a muchos delincuentes, liberándolos o imponiendo penas irrisorias.

Esto nos muestra que, los planes nacionales de desarrollo, son diferentes cada seis años, no tienen visión trans-sexenal, es decir, da la impresión que estos, están alejados del espíritu de un verdadero proyecto de nación, o sea, dirigido a alcanzar el bien común a largo plazo, un esfuerzo de largo aliento que al parecer nadie quiere iniciar. Estos planes, a pesar de tener como común denominador el beneficio social, la educación y el desarrollo económico, muestra como una cruda realidad a un país prácticamente sin convivencia social (interclasista) ya que ha ido en aumento la desigualdad y la injusticia social.

¿Falló la estrategia? Aparentemente si.

 

Luis Enrique Barrios Ríos

Observatorio Ciudadano Coatzacoalcos A. C.

@CoatzaObserva @ObsNalCiudadano

 

(1) Información actualizada al 21 de julio de 2018, tomadas de las cifras oficiales publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

[1] Glosario de Términos Militares. SEDENA. México, 1995.

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
 

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