Así se denomina a la presión que un individuo ejerce sobre otro para forzarlo a actuar de un cierto modo y, de esta forma, obtener un beneficio económico o de otro tipo. La principal forma de enganchar a las víctimas es con amenazas directas y a través de la violencia psicológica, según la Procuraduría General de la República (PGR). Una extorsión telefónica es una modalidad de delito común en el país, en el que delincuentes eligen números al azar para llamar y pedir dinero; sin embargo, existen otras formas de extorsión que van más allá de la violencia explícita.

La extorsión es uno de los delitos de alto impacto que más ha aumentado en los últimos años, es el segundo delito que se reporta con mayor frecuencia en el país, solo por debajo del robo o asalto en la calle o en el transporte público. El aumento de la incidencia de este delito es ostensible por las cifras y por la percepción de la ciudadanía; esto lo demuestran los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017, pues en esta se estima que se cometieron un total de 31.10 millones de delitos durante 2016, de los cuales 7.50 millones, es decir, el 24.16% fueron de extorsión.

Asimismo, refiere que la cifra negra de extorsión fue de 98.3% (7.37 millones), es decir, que solo 1.7% (129 588) de estos delitos fueron denunciados y se abrió una carpeta de investigación. Aunado a ello, otro de los hallazgos de dicha encuesta versa en torno a que solo en el 4.4% de los delitos de este tipo en los cuales se abrió una carpeta de investigación se hizo justicia, ya sea que se puso al delincuente a disposición de un juez o se otorgó el perdón (2.0%), se recuperaron los bienes (1.4%) o hubo reparación del daño (1.0%).

Entre las razones para no denunciar destacan la pérdida de tiempo con 33.1% y desconfianza en la autoridad con 16.5%. En cuanto a la percepción sobre la seguridad pública, se estima que el 61.1% de la población considera la inseguridad y delincuencia como el problema más importante. A las autoridades que se les tiene más confianza son la marina, el ejército y la policía federal; mientras que, las autoridades que se perciben como más corruptas son la policía de tránsito, la policía preventiva municipal y los jueces.

En este sentido, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 el delito de extorsión ocupa el quinto lugar con más carpetas de investigación iniciadas desde que se tienen cifras oficiales, (1997), con 5 649 carpetas de investigación, de las cuales se derivan 5 786 víctimas, equivalente a una tasa de 4.68 por cada 100 mil habitantes. Las entidades con el mayor número de víctimas por extorsión en 2017 son el Estado de México (1 054), Nuevo León (739), Jalisco (572), Ciudad de México (493) y Veracruz (450), concentrando el 57.17% de las víctimas totales.

Pero al realizar la conversión a tasas por cada 100 mil habitantes (lo que nos permite hacer comparaciones sin importar el tamaño de las poblaciones) los resultados arrojan que las entidades con la mayor tasa de víctimas por extorsión en 2017 son: Baja California Sur con 28.28 víctimas por cada 100 mil habitantes, Nuevo León (14.13), Zacatecas (12.31), Tabasco (10.61) y Aguascalientes (9.53); si tomamos en cuenta que la tasa nacional es de 4.68, está es superada en 503.66, 201.67, 162.67, 126.53 y 103.55%, respectivamente.

Los municipios con el mayor número de carpetas de investigación por extorsión en 2017 son: Monterrey (225), Tabasco (169), Ecatepec (147), Guadalajara (115) y Los Cabos (104), con tasas por cada 100 mil habitantes de 18.68, 23.94, 8.17, 7.56 y 31.68, respectivamente. Si se analizan los municipios con más de 100 mil habitantes los resultados muestran que los de mayor tasa por cada 100 mil habitantes son: Los Cabos (31.68), La Paz (30.45), Zacatecas (29.26), Fresnillo (27.55) y Tabasco (23.94), superando a la tasa nacional (4.68) en 576.30, 550.04, 524.64, 488.13 y 411.07%, respectivamente.

Es inaceptable que muchas de las llamadas telefónicas de extorsión provengan de centros penitenciarios; tan sólo en 2016 ocurrieron 5.5 millones de llamadas -posiblemente de extorsión- desde centros de reclusión estatales y federales a través de 1 199 equipos celulares, de acuerdo con una investigación de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). Por ley todos los centros penitenciarios del país, tanto federales como locales, deben adquirir un equipo inhibidor de frecuencia, teniendo como plazo máximo para su instalación el 1 de octubre de 2018.

La extorsión es un delito grave que se debe denunciar a las autoridades y compartir tu caso ayudará a otras personas a no caer en el engaño. Según el Código Penal Federal, la extorsión es castigada con varios años de prisión y el pago de una multa. La denuncia se puede hacer a través del número telefónico 088 las 24 horas del día, en la cuenta de Twitter @CEAC_CNS, al correo electrónico y a través de la aplicación #PFMóvil, disponible para todas las plataformas de telefonía celular.

Referencias:

- INEGI. (26 de septiembre de 2017). “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2017”. Obtenido de

- Monroy, J. & Langner, A. (25 de agosto de 2017). “Cuentan con bloqueo de señal, pero siguen las llamadas”. El Economista. Obtenido de

- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (20 de diciembre de 2017). Descarga de los datos de incidencia delictiva del fuero común (Estatal 1997-2017). Recuperado el 20 de enero de 2018. Obtenido de

- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (20 de diciembre de 2017). Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión (enero 2014 – diciembre 2017). Recuperado el 20 de enero de 2018, de

- Secretaria de Gobernación. (07 de marzo de 2016). “Evita ser víctima de la extorsión telefónica”. SEGOB. Obtenido de

Juan José Rodríguez Chávez

Coordinador de incidencia delictiva del Observatorio Nacional Ciudadano

@JuanJoGiSa @ObsNalCiudadano

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