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No hay fórmulas únicas para solucionar el problema de la inseguridad y violencia que azota nuestro país, pero un mayor involucramiento de los distintos integrantes de la sociedad mexicana en las distintas etapas de la política seguridad podría ser un importante avance si es que pretendemos superar esta crisis que ya es crónica.
El 2017 es ahora el año más violento en la historia reciente de nuestro país. De acuerdo a las cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a nivel nacional, en ese año se abrieron 25 339 carpetas de investigación por homicidio doloso, lo que representa un aumento de 10.9% en relación al periodo que presumíamos como el más violento, el 2011. Además, otros delitos de alto impacto social muestran un comportamiento al alza entre 2016 y 2017: homicidio culposo en 4.1%, extorsión en 7.25%, robo con violencia en 35.5%, robo de vehículo en 15. 5%, entre otros.
En el mediano y largo plazo, son muchas las implicaciones de esta situación en términos sociales y económicos. Como los hemos señalado en otros momentos, la falta de condiciones de seguridad y aumento de la violencia homicida termina generando un sin fin de efectos negativos en las distintas esferas de la vida social, a saber, la reducción de la esperanza de vida, orfandad, reducción del capital social, disminución de la confianza, ingobernabilidad, aumento de los costos de transacción, contracción de la inversión, reducción del capital humano, entre otros.
Pero esta situación parece no tener una solución inmediata, al contrario, en los siguientes años, por lo menos, la manifestación intensa de la inseguridad y la violencia parece que seguirá siendo parte de nuestra cotidianeidad. El actor principal que ha controlado y coordinado los recursos y los esfuerzos de la política de seguridad, el gobierno federal, no ha dado respuestas efectivas al problema; y en pleno año electoral, las energías para contener el problema se están diluyendo, más bien los intereses de los representantes de este nivel gubernamental se están dirigiendo a reproducir el poder político, con lo cual el bienestar de la población se sitúa en un segundo plano. Además, los actores que pretenden alcanzar el poder central del país no expresan propuestas novedosas, en términos generales siguen apostando al aumento de la musculatura del Estado.
Durante los sexenios calderonista y peñista, si bien se observaron algunos avances marginales, la realidad es que en ambas administraciones se decantaron por el aumento de la capacidad punitiva del Estado, las acciones para prevenir el delito y atender sus posibles causas fueron bastante pobres. En el sexenio que viene, tampoco se vislumbra un viraje importante en la política de seguridad, toda vez que los aspirantes a la presidencia no han expresado propuestas claras de atención al crimen. Las pistas que nos arrojan sus discursos es que hay continuidad con las fórmulas fracasadas o que se pretende atender el fenómeno con el abordaje de ciertos aspectos, como si éste fuera monocausal. Así pues, no parece distinguirse, en el horizonte inmediato, propuestas para salir de una vez por todas de esta ya condición crónica de inseguridad y violencia.
¿Cuál podría ser una respuesta oportuna? No hay recetas mágicas frente a un problema en extremo complejo. Sin embargo, un paso importante, y necesario, es que los distintos actores constituyentes de la sociedad mexicana adquieran y exijan mayor protagonismo para la construcción creativa de políticas de seguridad, es decir, generar contrapesos efectivos a la excesiva centralidad del gobierno federal en la definición de esta política.
Por un lado, se requiere mayor participación de los gobiernos estatales y municipales en el diseño de una política de seguridad, la cual podría permitir abandonar la idea de que el gobierno central, bajo su ordinaria lógica, va a contener o solucionar la crisis. Los conocimientos que los gobiernos subnacionales tienen sobre los territorios administrados pueden ser insumos valiosos para delinear otros tipos de modelos de seguridad. Además, esto permitirá reducir la dependencia a los tiempos en los cuales se maneja la administración federal. Del otro lado, también la sociedad civil y los actores privados también deben exigir mayor involucramiento en la atención del fenómeno, aportando ideas, pero sobre todo exigiendo una rendición de cuentas en las decisiones y resultados que ofrece la autoridad.
Ángel Fernández
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@DonJAngel
@ObsNalciudadano
