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El tráfico de armas en México

10/11/2017
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Para denominar la existencia de el tráfico de armas, debe existir la introducción a México de forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos que sean de uso exclusivo del Ejercito, Armada, y /o Fuerza Aérea, o sujetos a control. (art. 84. Fracción I LFAFE).

Por que si bien es cierto nuestra Constitución Federal en su artículo 10, nos dice que los habitantes de México tenemos derecho a poseer armas en nuestros domicilios, para seguridad y legitima defensa; también lo es que estas armas serán reguladas por las leyes en materia específica, como lo es la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos.

Por lo que México cuenta con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y en sus artículos 83 Bis, 84, 84 Bis y 85; expresa las sanciones que se aplican por el delito de acopio y tráfico de armas.

Ante este fenómeno de acciones ilícitas del tráfico de armas, el Senado de la República expresa que las autoridades mexicanas no han podido detectar a ninguna organización del país o del extranjero que controle el tráfico de armas, realizándose un tráfico de armas “hormiga”, identificando diecinueve lugares formales de cruce y un número indeterminado de cruces informales. Siendo las mismas rutas de droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica son utilizadas para traficar armas hacia México.

La Procuraduría General de la República tiene identificada cuatro rutas para el tráfico de armas el Pacífico con los estados de Tijuana, Mexicali, Nogales, Hermosillo, Culiacán, Tepic, Guadalajara, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca; el Centro con Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca; el Golfo con  Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Ciudad Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Veracruz y Oaxaca y el Sur con Balacán, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula y Ciudad Hidalgo.

A pesar de estos datos aportados por el Senado[1], incongruentemente los índices de homicidios con armas de fuego se observa en aumento tal y como se expresa en las tasas de homicidios con armas de fuego que tiene en sus registros el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dejando ver que se esta atentando contra la seguridad de la sociedad mexicana, donde las acciones y estrategias efectuadas por el Estado mexicano no tienen éxito para poder prevenir y combatir este delito.

Por mencionar alguna estrategia, el Estado mexicano en busca de combatir el crimen organizado visto como uno de los principales problemas asociados con el acopio y tráfico de armas, así como con el narcotráfico, México ratificó la Convención de Palermo, así como tres protocolos suplementarios; los cuales consisten en prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas , especialmente mujeres y niños, en vigor desde el 25 de diciembre de 2003; Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire , en vigor desde el 28 de enero de 2004, y, el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, en vigor desde el 3 de julio de 2005.[2]

Este delito de acopio y trafico de armas también se ha tratado de desarticular a través de operativos por autoridades mexicanas y han logrado asegurar grandes cantidades de armamentos, municiones y explosivos; sin embargo este problema eminente esta mermando con la sociedad mexicana por los cambios en los modos y costumbres de vida, sin que se haya logrado la prevención, ni mucho menos logrado la disminución de el tráfico de armas.

El encargado de brindar protección y reeducar a la sociedad,  es el Estado mismo, ya que si en la sociedad se vive con temor y sin una cultura de transparencia y legalidad para conformar un Estado de Derecho, un porcentaje social tendrá acceso a los recursos materiales, en este caso armamentos, cartuchos y explosivos de procedencia ilícita, en búsqueda de su seguridad, o en búsqueda de participación en acciones delictivas.

Es por lo que México requiere contar con Instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia que sean eficientes, respetuosas de los derechos y las leyes que regulan y fortalecen el Estado de Derecho, para poder avanzar y lograr la prevención, disminución y erradicación de este problema del tráfico de armas. Por lo que requiere personal profesionalizado en investigación no solo teórica, sino de campo y generar estrategias reales que impacten a la sociedad mexicana, ya que se si se implementan protocolos de otras naciones son ineficientes por tratarse de otro contexto social, económico y político.

Se debe encontrar la estrategia para que cada arma existente en territorio nacional la sociedad debería de informar a la Secretaría de Defensa Nacional, para su inscripción en el Registro Federal de Armas; asimismo como la ley lo marca la Secretaría de Gobernación debe intervenir para solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional la expedición de licencia colectiva a las instituciones policiales, mismas que sólo se solicitarán para las personas que integren su organización operativa y que figuren en las nóminas de pago respectivas, debiéndose notificar a estas secretarías cualquier cambio en su plantilla laboral. (artículo 29 inciso b) de la LFAFE).

Y resaltando que el trabajo de los Ministerios Públicos, Policías y peritos adscritos a las fiscalías y/o procuradurías, son los encargados de mantener los registros en las carpetas de investigación los homicidios que se dan por arma de fuego, son los elementos esenciales que van ha determinar la estrategia optima y real para prevenir y combatir el tráfico de armas, mismas que van ha ser asociadas con organizaciones criminales y el narcotráfico.

La Trilogía investigadora, es la encargada de desarrollar las estrategias pertinentes para el combate al tráfico de armas, sino las encargada de hacer las diligencias necesarias para tener detenciones efectivas cuidando los protocolos de detención, y de llevar a cabo la investigación correspondiente en la apertura de la carpeta de investigación para no dejar impune estas acciones delictivas que dan pie a que se efectúen otras actividades ilicitas que transgreden a nuestra sociedad.

Y es que es notable que la participación de esta Trilogía investigadora en el actual sistema procesal penal organiza óptimamente el trabajo al llegar a la judicialización, generando confianza en la sociedad mexicana en virtud de que estas Instituciones encargadas de la procuración e impartición de justica conforme a derecho, es a través de un debido proceso, siendo los encargados de resolver y velar por el esclarecimiento de los hechos constitutivos como delito, mismos conflictos que se han venido conformando como parte de la vida cotidiana en la sociedad, a lo cual debemos de erradicar, ya que el tráfico de armas es un facilitador a cometer más de un tipo de delito por parte de las organizaciones criminales. 

Este compromiso hacia con la sociedad  por parte del Estado debe ser de crear los mecanismos y estrategias para recobrar la confianza por parte de las Instituciones que se encargan de Procurar e impartir la justicia a través del Sistema Penal Acusatorio y Oral; ya que es indispensable para su debido funcionamiento durante el proceso, el desarrollo de cada etapa que se desarrolla para llegar a un fin satisfactorio que es hacer justicia conforme lo dictan leyes bajo un estricto respeto a los derechos humanos, dejando visible que el sistema funciona y resuelve los conflictos, mejorando la calidad de vida de la sociedad mexicana ;esto en apoyo a las víctimas conforme la ley lo establece.

Visto lo anterior, es que en México contamos con excelente personal que labora en fiscalías y/o procuradurías; contamos con las leyes que castigan y sancionan los delitos en materia de Tráfico de Armas, es por que se invita a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia a que continúen trabajando en recobrar la confianza de la sociedad mexicana y se reduzcan los elementos y/o servidores públicos corruptos que participan en acciones ilícitas y criminales, poniendo el ejemplo a la sociedad, con la denuncia de los servidores públicos involucrados en estas acciones ilícitas, que merman a la sociedad mexicana; siendo así; y viendo que la justicia funciona en México, todos participaríamos hacia una mejora de calidad de vida como nación apoyando a la trilogía investigadora para la esclarecimiento de los hechos constitutivos como delitos.  

México tiene la oportunidad de hacer cambios significativos trabajemos juntos como sociedad, exigiendo a nuestras instituciones su correcto funcionamiento conforme a derecho.

 

Yair Canizalez

Investigador Jurídico del Observatorio Nacional Ciudadano

@ObsNalCiudadano

 

[1]http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3290/AD36.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[2]http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/ConcertacionFASP2015/INFORMACION%20COMPLEMENTARIA/6%20PROTOCOLO_INVESTIGACION_DELITO_HOMICIDIO_EN_RELACION_DELINCUENCIA_ORGANIZADA.pdf

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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