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El costo de la seguridad en Morelos

08/01/2018
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Cuando el establecimiento de un concepto (que hoy parece tan lejano) como es el de bienestar social está en juego, la forma en cómo se distribuyen los recursos es fundamental. No se puede estar a los caprichos de una sola persona, poniendo en riesgo la vida, la seguridad y el patrimonio del resto. Cuando lo único que importa es la foto, la consolidación personal y el desquite político poco podemos esperanzar hacia el futuro, el concepto de paz ha quedado disminuido.

Ante la oleada de violencia que se ha vivido en el estado de Morelos, se ha dejado tiempo para reflexionar ampliamente en los costos de la seguridad. La “inseguridad”, es un tema recurrente pero no por ello resuelto, México atraviesa por uno de sus peores momentos, se han alcanzado niveles históricos en la conducta delictiva de homicidio doloso, con todo y los miles de desaparecidos y ejecutados que engrosan las listas de impunidad en nuestro país. Sin embargo, los recursos económicos que se invierten a nivel nacional en materia de seguridad son estratosféricos, el tema de seguridad es un apartado con una gran cantidad de recursos que incluye desde la infraestructura de seguridad, capacitación, instituciones, campañas de prevención, policías, entre muchos más, destacando el recurso que se destina a los estado para coadyuvar al establecimiento de modelos y políticas de seguridad.

Un ejemplo claro es el estado de Morelos, que recibe parte del presupuesto federal más lo aportado por su propio presupuesto para la implementación de infraestructura en materia de seguridad, pero cabe la aclaración que ese recurso no es ni por asomo,  el mismo que se destina a los municipios. Tan solo en los municipios de Cuernavaca y Cuautla, tocando estrictamente el tema de cuerpos de seguridad, se carece de elementos policiacos suficientes para enfrentar a los grupos delictivos. En el primer caso, mucho se sabe de las diferencias que más que políticas parecen personales entre el edil de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo y el gobernador del estado Graco Ramírez Abreu, mismas que han divido y disminuido la competencia de los cuerpos policiacos en el municipio, quien por declaraciones del propio municipio de Cuernavaca se ha denunciado  carece de elementos y recursos económicos y humanos para enfrentar la creciente inseguridad del municipio.

Y con ello se ha abierto una gran oportunidad para que aquellos que se ocupan en la ilegalidad, amedrenten a la ciudadanía teniendo amplias posibilidades de quedar impunes ante los actos ilícitos que realizan, y lo que es aún más grave es que estos y otros grupos delincuenciales,  hayan extendido la mancha delictiva a los municipios que conforman el área metropolitana, alcanzando a aquellos municipios donde en apariencia no existía una alta incidencia delincuencial, caso especifico: el municipio de Temixco; donde además ha quedado de manifiesto (en los recientes homicidios de 6 personas entre ellos dos menos de edad, que perecieron en lo que la misma autoridad denominado “fuego cruzado), que los policías que integran la ahora llamada “Policía Morelos”, no cuentan con protocolos de actuación, de uso de la fuerza y protocolos de situaciones de crisis para evitar que en este dudoso fuego cruzado perezcan civiles, y se evite justificar el uso de la fuerza desmedida e injustificada en la baja de civiles.

Pero en esta concentración de recursos estatales e incluso federales, se le ha olvidado al gobernador del estado de Morelos, que ha dejado sin elementos a los municipios para atender con lo mínimo indispensable, la creciente inseguridad de la entidad que se debe decir, cualquiera que sea la estrategia en política de seguridad pública ha sido infructuosa, puesto que la entidad cuenta en al menos 8 de los 10 delitos de alto impacto[1], este dentro de los 10 primeros lugares de incidencia delictiva a nivel nacional. Es por ello que antes de cuestionar si la “Policía Morelos” ha servido o no; se tendría que cuestionar sobre la legitimidad del acto jurídico y legislativo mediante el cual el gobierno estatal convirtió a la policía municipal y de vialidad en primero policía acreditable para después mudar al llamado Mando Único, un modelo policial nacido a través de una propuesta federal y del cual el estado de Morelos desde la anterior administración decidió sumarse.  

Entonces resulta oportuno revisar –como lo decíamos- que el acto jurídico no se encuentra legitimado al no modificarse la ley Orgánica Municipal que aún contempla en su artículo *60.- “Los Ayuntamientos expedirán, dentro de sus respectivas jurisdicciones, su Bando de Policía y Gobierno, reglamento interior, reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 115 Fracción II, Párrafo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporando la perspectiva de genero”. Aún con que la ley es clara y establece la competencia que tienen los municipios para autodeterminarse en el ámbito de policías, el gobierno estatal con apoyo del Congreso del estado, expide  la Ley Estatal para la Asunción del Gobierno de la Función de Seguridad Pública, que sirve para que las Policías Preventivas Municipales y de Tránsito (decreto publicada en el periódico oficial de fecha 29 de agosto de 2012), se modifiquen y se sumen al antes llamado “Mando Único” hoy llamada “Policía Morelos”, con lo que se pretende como ya sabemos establecer una sola policía en la entidad, pero no todos los municipios estuvieron de acuerdo (en ese entonces y ahora) con dicha modificación, al quedar imposibilitados de mantener la guarda de la seguridad pública y centralizar dicha competencia a el gobierno estatal a través de la Comisión Estatal de Seguridad que gobierna y controla el todo poderoso Alberto Capella Ibarra. Hoy se sabe que a los presidentes municipales en su mayoría se les incentivo de buena e incluso de mala manera para entrar en la modificación del modelo policíaco y con ello la aceptación retomada por el actual jefe estatal para adherirse al plan de seguridad impuesto desde dicha cabecera.

Finalmente de los 33 municipios que inicialmente firmaron el convenio para la integración de un solo mando policial, ratificaron 24 y luego sólo quedaron 19 municipios dentro del plan policial Mando Único, luego el único que confronto al Gobernador Graco Ramírez, fue precisamente el presidente municipal de Cuernavaca, con lo cual se rompió todo acuerdo encaminado al resguardo de la seguridad por parte del Mando Único. Que ha tenido eso como consecuencia, que hoy Cuernavaca no cuente con elementos policiales suficientes para contrarrestar el aumento delincuencial y que hoy el municipio tenga en robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio y extorsión los primeros lugares niveles dentro del ranking municipal del estado; aunque ello no signifique ni se exente de responsabilidad al edil de Cuernavaca de su ineficiente desempeño,  al no poder enfrentar el problema de inseguridad que tiene. Y como lo decíamos al principio de este artículo otro de los municipios que enfrentan retos para el combate efectivo de la criminalidad, es el municipio de Cuautla que con un total de 193,026 habitantes cuenta con menos de 200 elementos policiales para la salvaguarda de la integridad, patrimonio y seguridad de sus ciudadanos. Pero que en muy poco ha recibido contribuciones económicas ni materiales –a menos que se sepan- para el fortalecimiento de sus policías.

 Es por ello que el cuestionamiento sigue en pie ¿cuáles son los costos del combate a la criminalidad?, o dicho de otro modo ¿cuánto cuesta la seguridad en nuestro país y en el estado? Mucho es lo que se invierte y pocos son los resultados, ante un incremento evidente de la inseguridad en todo el país, es poco rentable seguir apostando al combate a la criminalidad en todos sus rubros y en todos los ámbitos. Mucho se ha invertido en el nuevo modelo policial que hoy ve desmoronarse ante las constantes denuncias de violaciones y excesos. ¿Realmente ha sido oportuno concentrar la infraestructura económica destina a seguridad en la Policía Morelos?

Es discutible la forma en que el estado de Morelos reparte sus recursos y administra la seguridad publica. Cuando el establecimiento de un concepto (que hoy parece tan lejano) como es el de bienestar social esta en juego,  la forma en cómo se distribuyen los recursos es fundamental. Si el verdadero costo de la seguridad depende no de la incidencia delictiva, sino de la voluntad, es prudente decir, que no se puede estar a los caprichos de una sola persona, poniendo en riesgo la vida, la seguridad y el patrimonio del resto. Cuando lo único que importa es la foto, la consolidación personal y el desquite político poco podemos esperanzar hacia el futuro, el concepto de paz ha quedado disminuido.

Cristina Rumbo Bonfil

Observatorio Ciudadano de Justicia y legalidad A.C.

@OBCIJU @ObsNalCiudadano

 

[1] Información presentada por el Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad de Morelos, en su Reporte sobre incidencia delictiva en Morelos, Tercer trimestre del año 2017 (julio-septiembre). Consultar reporte https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFKpi3ixaAG7KMw&cid=B1F15F7F791F4E5B&id=B1F15F7F791F4E5B%21462&parId=root&o=OneUp

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
 

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