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Policía mejor preparada, mejor pagada y más digna. Esa parece la triada infaltable en los discursos de los funcionarios recién electos sobre cómo mejorar las condiciones de seguridad de sus estados y municipios. Mientras problemáticas como el lavado de dinero o el tráfico de armas aparecen en sus dichos como una nebulosa de la que apenas se atreven a hablar, dignificar a las policías es una frase de batalla. Así, a simple vista, no sólo resultan intenciones pertinentes sino proyectos urgentes.
La necesidad de mejorar a los cuerpos policiacos es tan longeva como la problemática misma de la inseguridad. Sólo a modo de ilustración sirva decir que en los años 1980s, cuando se incrementaron los delitos patrimoniales en buena medida como resultado de la crisis económica, ya se hablaba de mejorar las condiciones de las policías. Así, por ejemplo, algunos organismos empresariales en coordinación con gobiernos locales, iniciaron campañas para apoyar la alfabetización de algunos cuerpos policiacos e instituyeron premios y reconocimientos para incentivar la labor de policías y contrarrestar los efectos de la corrupción (ver por ejemplo Gaceta Mercantil, Cámara de Comercio de Guadalajara; “Para que no empeñen sus armas, sindicato de gendarmes”, Proceso, No. 174, Marzo 1, 1980). ¿Por qué si desde entonces se tenía detectado el problema, y algunos gobiernos y grupos de la sociedad civil emprendieron acciones para corregirlo, hoy seguimos hablando de “mejorar a las policías”, como si se tratara de un novedoso hallazgo?
Estando de acuerdo en que un eslabón esencial en cualquier política de seguridad son los cuerpos policiacos y que a éstos hay que dignificarlos, la pregunta de menos obvia respuesta es el cómo.
Según los cuestionarios que respondieron los cuatro gobernadores electos que accedieron a participar en Por un México Seguro, las propuestas van de proyectos concretos a preocupantes vaguedades.
La futura Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, tiene muy claro que la dignificación de las policías comienza desde la mejor comprensión de sus condiciones actuales, tanto en lo que toca a su situación laboral como a sus oportunidades de crecimiento. Cuando Claudia Sheinbaum propone, como primera política, “realizar un diagnóstico exhaustivo” acierta al evitar la tentación de guiarse por el sentido común o los relatos dominantes, que no siempre son precisos. Mejorar las condiciones de los cuerpos policiacos pasa por tener claridad de qué suelo se parte y, entonces, dibujar las siguientes metas. De lo contrario, se corre el riesgo de, con tal de dar una promesa de campaña por cumplida, transformar las condiciones los policías sin más criterio que “el ojo de buen cubero”. Si un presidente municipal decide que a sus policías hay que incrementarles X pesos en su salario, si esta decisión no se toma considerando diversas variables, la cifra, tal cual, nada dice. ¿Es poco, es mucho, es suficiente, a todos hay que incrementarles lo mismo? ¿cómo saberlo? Una cantidad X puede ser un detonador de mejoras a la situación de un cuerpo policiaco determinado, mientras que para otros será un incremento marginal que no aporte nada a la mejora de sus condiciones y, en todo caso, se convierta en un desperdicio de recursos. Por más absurdo que suene, esto ocurre en municipios de alta densidad poblacional y con retos de seguridad importantes.
En la apuesta por una mejor capacitación se suma la propuesta de Enrique Alfaro, futuro gobernador de Jalisco. Para él, la clave está en que ésta sea permanente y de alta calidad. En este sentido propone “readecuar la metodología y duración de la capacitación policial”. Esta no es una dimensión menor, pues nos obliga a conducir la mirada a la forma en que los diseñadores de política pública entienden la labor de las policías y la problemática de seguridad con la que habrán de lidiar. ¿Es un problema de “manzanas podridas” y como tal hay que atacarlo o se requiere una visión más estructural? ¿En qué medida se intersectan (y alimentan entre sí) la corrupción policial y la corrupción de las élites políticas? Horas de capacitación y millones de pesos invertidos sólo serán transformadores si al aplicarlos se tiene en cuenta la policía que deseamos en relación con el reto que enfrentamos.
Los futuros gobernadores de Guanajuato y Tabasco, por su parte, evocan la necesidad de “una policía fuerte” –lo que sea que eso signifique- y una relación laboral-salarial digna, sin ofrecer más detalles. No es que las propuestas sean inadecuadas de suyo, la limitante es que son demasiado genéricas. No hay una sola forma de lograr policías fuertes y, en cambio, hay unas formas más óptimas y deseables que otras. La relación laboral-salarial digna tiene demasiadas aristas, ¿a cuál o cuáles se le deben invertir los próximos seis años? ¿Es un tema de salarios, prestaciones, uniformes y equipos, escalafones, oportunidades de crecimiento? Mientras que para algunos policías sería una enorme transformación no tener que trabajar un segundo turno como agentes de seguridad privada, para otros la aspiración podría estar en tener condiciones laborales óptimas para acceder a la Universidad.
El llamado a concretar y cuidar minuciosamente los cómos del proyecto para dignificar los cuerpos policiacos no resulta del impulso del eterno inconforme. Organismos como el Observatorio Nacional Ciudadano no están ahí con la vocación de encontrar obsesivamente el error que cometen los servidores públicos. La obligación es mostrar que más allá de las frases bien hechas –y bien dichas-, hay una enorme labor que hacer y que nuestra deuda data de mucho antes de que la violencia eclipsara las primeras planas en la prensa diaria.
Parece que en algunos estados y municipios empiezan a entender que voltear a ver a la Federación en espera de auxilio o esconder la cabeza en la arena, no sólo no mejora la situación de sus demarcaciones sino que activa bombas de tiempo, de esas que ya hemos visto explotar en distintas regiones del país. Aún no es suficiente, hace falta recuperar viejas propuestas que tuvieron éxito en su momento, es necesario dar continuidad a otras que empiezan a mostrar efectos positivos y hay que ser creativos e innovadores para transformar paradigmas, aunque la inercia nos lleve a no tomar demasiados riesgos. Las tres parecen fórmulas contradictorias, pero requerimos del balance entre ellas. De otro modo, las campañas seguirán llenas de frases tan vacías como clásicas, del tipo “me comprometo a mejorar la condición de las policías”.
En estos días que tan a la mano está traer a cuento la memoria y su importancia, hay inscripciones en el anecdotario que conviene evocar para darnos cuenta que, sin acciones pertinentes, concretas, evaluables y transparentes, que políticos y servidores públicos divulguen intenciones de mejorar a las policías, además de ocioso puede tocar lo perverso. En Abril de 1980 el semanario Proceso (No. 180) recogió una declaración de, ni más ni menos, Arturo Durazo, entonces jefe de la policía del Departamento del Distrito Federal. Su terrible fama es ampliamente conocida de modo que no abundaré en ella. El General dice “tengo el compromiso con el Presidente López Portillo de que cuando me vaya entregue una policía más digna, más honesta y más consciente de su deber como servidores públicos”. ¡Vaya aguijón! Un vez que superemos la indignación que provocan estas palabras perdidas en las hemerotecas, y valga la redundancia por venir, toca dignificar también la empresa de dignificar a las policías.
María Teresa Martínez
Estudiante de Doctorado en Sciences Po, París e Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano.
@TereMartinez @ObsNalCiudadano
