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Hablar de Cajeme es hablar de un municipio que se encuentra inmerso en delitos como homicidio doloso, robo con violencia, robo a negocio además de atentados donde las historias de desapariciones y víctimas del fuego cruzado se han convertido en protagonistas de una historia de terror que no parece tener fin.
El segundo municipio más poblado en Sonora es éste, según datos del INEGI con fecha de 2015, contábamos con alrededor de 433,050 habitantes, y según estimaciones recientes, la cifra ya rondaba alrededor de los 500,000 habitantes.
El miedo ocasionado por la impunidad con la que operan los criminales ha derivado en psicosis social donde los delitos no se denuncian por falta de confianza en las instituciones, pues según estimaciones, la cifra negra asciende al 94.2 % (1).
La inseguridad y violencia han sido tópicos recurrentes en este espacio editorial dada la situación de emergencia que como sociedad solo han ocasionado un malestar, así como un sentimiento de desconfianza de forma generalizada.
Las carpetas de investigación de 2017 por el delito de homicidio doloso representaron el 33.72% del total estatal; los homicidios dolosos con arma de fuego aumentaron 104.55% respecto a 2016 (2) y en más de una ocasión colectivos feministas han solicitado la activación de la alerta de género por los altos índices de feminicidios cometidos de forma desmedida.
Tener a Cajeme como el tercer municipio a nivel nacional con mayores carpetas de investigación en materia de feminicidios, en el periodo de 2015 a 2017 y a la única gobernadora del país que se encuentra actualmente en funciones parece una situación muy lamentable por el nivel de ironía y en especial a las mujeres que todos los días viven situaciones de vulnerabilidad.
Cajeme sigue dentro de los 50 municipios con más homicidios dolosos en nuestro país y eso nos obliga cuestionar ¿Cuál es el factor que está ocasionando tanto caos? ¿Cuál es el principal detonante de violencia en una ciudad que tiene tantas cosas positivas para ofrecer?
Algunos funcionarios han referido que este fenómeno de violencia es producto de pugnas entre células del crimen organizado que se intentan imponer, aludiendo también a que los conatos de violencia tienden a recrudecer en tiempos de transición gubernamental, explicaciones que resultan muy cómodas para una autoridad que desde el principio de su gestión realizó el compromiso de promover escenarios de paz y legalidad.
Parte del discurso oficial también ha versado en buscar como responsable de la crisis al gobierno federal, lo cual es indicio de ausencia total en cualquier intento de coordinación interinstitucional en el ánimo de reducir la incidencia delictiva.
Las autoridades estatales y municipales se encuentran lejos de resolver un problema al que prefieren sacarle la vuelta, evitar que se hable o inclusive se genere un debate público sobre un problema en el que todos estamos siendo perjudicados directa o indirectamente.
En este mismo sentido, se pone sobre la mesa una situación que marca de cuerpo entero lo que ha sido la estrategia de seguridad en los últimos años pues apenas hace unos días un joven de nombre Rafael Alexis, estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora y quien además trabajaba como chofer de uber, perdió la vida al recibir múltiples impactos de bala mientras se encontraba laborando.
Lo anterior pareciera ser la historia de otra víctima a manos del crimen organizado de no ser porque fueron miembros de la Policía Estatal de Seguridad Pública quienes abrieron fuego contra el joven de 26 años quien estaba por concluir sus estudios y estaba próximo a ser padre.
La versión oficial fue que los elementos reaccionaron ante una agresión realizada desde el vehículo del joven, e incluso de manera maliciosa comenzó a circular una gráfica donde aparecía un arma de fuego para darle validez a la historia dada a conocer por las propias autoridades.
Existen reportes de prensa que señalan que la agresión contra el joven se debió a una confusión de elementos de la policía estatal, sin embargo, las autoridades estatales niegan el hecho, pues hoy insisten en difundir la versión de que el joven inició un tiroteo contra agentes de la corporación, a costa de una familia que se encuentra en duelo, pero no desiste en la búsqueda de reivindicación del nombre de su hijo.
No parece correcto juzgar toda una corporación por haber repelido una agresión de un vehículo en movimiento, pero tampoco parece justo, que hoy se intente deslindar responsabilidades a costa de manchar el nombre de un ciudadano que perdió la vida a manos de funcionarios del Estado.
La historia completa tal vez nunca la conozcamos, pero en la sociedad permea una sensación de coraje por la manera en que el gobierno ha reaccionado de manera tan poco humana, sin tacto ni preocupaciones.
Existen muchas maneras para determinar en una investigación si el joven estuvo o no involucrado en dicha agresión, desde la detección química de residuos de pólvora hasta pruebas balísticas para determinar la trayectoria y calibre de los impactos que repelieron los agentes, sin embargo, existe incertidumbre sobre si los peritajes se llevarán conforme al debido proceso y técnica policial por el trasfondo de quienes serían los culpables en caso de que la historia contradijera a la corporación estatal.
A esto le podemos sumar que según el Índice Estatal De Desempeño De Las Procuradurías Y Fiscalías 2018 presentado por Impunidad Cero, en el ranking estatal la fiscalía de Sonora ocupa la posición número 22 de las 32, cayendo 6 posiciones con respecto a 2017.
De igual forma el estudio señala que la fiscalía de Sonora es de las que menos ministerios públicos tiene, lo cual se traduce en que cada Ministerio Público tenga una carga de trabajo promedio de 544, en contraste con ser de las 10 fiscalías con mayor presupuesto en el país.
En pocas palabras, aquí existen varias víctimas hasta que se demuestre con contundencia lo contrario, por una parte, el joven que perdió la vida y por otro, los miembros de la corporación, que hasta el día de hoy nos cuestionamos ¿en qué situación de estrés están trabajando?
Los últimos datos de la encuesta ¿Qué piensan los policías? realizada por causa en común demuestran que los policías consideran que existe 51% de corrupción y otros tienen que comprar sus equipos para poder realizar su trabajo.
Según datos del citado estudio, se expone que el 78.26% de los encuestados consideran que no se toman en cuenta sus opiniones, seguido del 65.64% que manifiesta haber pagado su uniforme y demás materiales de trabajo; los datos anteriores son de la Policía Estatal de Seguridad Pública nuestro Estado en un levantamiento de datos realizado de manera imparcial.
Aunque en el discurso hablar de prevención parece una bandera rentable, la verdad es que la ausencia de resultados tangibles, se han traducido en falta de sensibilidad, en intentar desprestigiar a quienes piensen distinto o en su caso intentar desarticular a la oposición a base de amenazas que dañan la tranquilidad democrática como ya vimos en las pasadas elecciones y más recientemente en el Congreso del Estado de Sonora.
Pero ¿Qué sigue? Si los enfrentamientos cada vez surgen en medio del casco urbano a cualquier hora del día, la violencia y balaceras contra de mujeres y niños tampoco se hace esperar, las privaciones ilegales y que decir de las historias de los mismos ciudadanos sobre personas desaparecidas y familiares que prefieren no denunciar por temor.
Debe existir un equilibrio entre uso de la fuerza pública, estrategia de prevención, inteligencia policial y coordinación interinstitucional, pues hoy, quienes están al frente prefieren hacer de todo menos dar resultados en su trabajo o en su defecto respaldar a los primeros respondientes.
La Secretaría de Seguridad Pública en Sonora ha fallado en generar condiciones de paz y tranquilidad, sin duda el camino que debemos de recorrer para conseguir mejores resultados será largo, pero para avanzar es necesario realizar cambios.
No existe una política pública “universal” para reducir homicidios y delitos; tampoco se puede apostar al humor de cada funcionario sobre lo que es mejor en materia de prevención del delito.
En el caso del joven Rafael Alexis, no me queda más que decir que la pérdida de cualquier vida es lamentable, más cuando se trataba de un joven que tenía todo un futuro por escribir.
Quienes insistan en querer hacer control de daños a través del desprestigio y el dolor de una familia, se equivocan, como se han equivocado en hacer de las instituciones de seguridad un instrumento de chantaje y negociación política.
Mi más sentido pésame para los familiares y amigos del joven, y para quienes tal vez por error abrieron fuego, debemos esperar a que se haga justicia en una investigación a la altura de la exigencia ciudadana.
Mtro. Manuel Emilio Hoyos Díaz.
Director del Observatorio Sonora por la Seguridad.
@EmilioHoyos777 @ObservSonoraSeg @SegUnaFormaVida @PbsNalCiudadano
Bibliografía
(2)http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-deli...
