50 años de economía del crimen

Con gran pesar interrumpo los artículos de opinión, columnas y reflexiones varias en torno a las plataformas electorales presidenciales. Esa polifonía sexenal de argumentos, discusiones y noticias que tras su espontánea visibilidad caerá en el olvido digital. Ningún tema escapa este vórtice de contenidos y menos, la seguridad. El motivo de esta interrupción, quizás caprichosa, es brindar un recuento arbitrario de los hallazgos más importantes de la producción científica de economía del crimen en 2017.

El motivo de esto resulta muy claro pues hemos de recordar que esta rama de la economía cumple 50 años, ya que la publicación del artículo seminal de Gary Becker en el volumen 76 de la segunda edición del Journal of Political Economy dio pie al desarrollo fructífero de esta área. Asimismo, Thomas Schelling, otro economista renombrado, aportó ideas clave sobre el crimen organizado desde la perspectiva económica y de teoría de juegos a partir de 1971.

La cantidad de investigaciones que inspiró el trabajo de los autores mencionados y de otros más como Isaac Ehrlich es vasta. De igual forma, la diversidad de temáticas de los artículos sobre economía del crimen se ha expandido a otras áreas dentro de la disciplina como economía urbana, laboral e incluso ha fomentado la implementación de metodologías econométricas novedosas para cuantificar efectos de intervenciones y políticas.

No es objetivo del artículo partir de cero para explicar en qué consiste la economía del crimen. Para eso existen numerosas publicaciones que exponen las premisas con claridad. Por ejemplo, Galiani y Jaitman (2014) [1] ofrecen una breve, pero concisa introducción. Otras obras como el libro de Roemer (2002) [2] y Yezer (2014 [3] ) examinan las aplicaciones del modelo canónico así como otras temáticas de interés que escapan ligeramente de las ideas originales.

Normalización de la violencia: evidencia experimental

Comienza el noticiero. Balaceras, ejecutados, operativos inundan la nota roja. Lo mismo sucede en medios digitales. Circula más de 10 veces al día una nota sobre un robo a una joyería en un centro comercial, otra nota sobre robos en transporte público. Detrás de cada nota hay víctimas que regresan a sus casas para contar lo ocurrido si tuvieron suerte. Las encuestas de victimización dan cuenta de casi 30 millones de delitos que ocurren al año en México. Al día siguiente: la misma normalidad contingente.

Di Tella et. al. (2017) [4] realizaron un experimento en el cual demostraron que se produce un efecto de normalización o desensibilización de las víctimas ante la exposición al crimen. Este efecto se evidenció al medir marcadores emocionales (niveles de cortisol en saliva y frecuencia cardiaca) y cognitivos (matrices progresivas de Raven y el test de Stroop) entre víctimas de delitos poco graves y no víctimas [5] .

Los autores sugieren que los resultados obtenidos sirven para entender la débil relación entre niveles de incidencia y prevalencia delictiva y la satisfacción o felicidad reportada en regiones como América Latina. También, comentan que la normalización de los hechos delictivos puede explicar, en parte, la proporción elevada de crímenes cometidos con violencia pues esta se requiere para asustar a las víctimas.

Siguiendo los resultados de este experimento y extrapolándolos al ámbito no experimental conforme a los hallazgos de Cazzuffi y López (2018) [6] , es probable que los efectos de normalización y desensibilización sean más agudos entre hombres y jóvenes. Por último, un factor de preocupación es que conforme más y más personas son víctimas de algún delito, la normalización se homogeneiza a nivel poblacional. No sorprendería entonces la gran indiferencia que permea en ciertos sectores de la población ante los hechos de los últimos 10 años.

Intervenciones policiacas y desplazamiento criminal: el caso de Bogotá

Poco a poco la discusión en torno a los patrones espaciales de la incidencia delictiva en ciudades latinoamericanas gana relevancia. Ya lo señala el Banco Interamericano de Desarrollo, la mayor parte de los delitos urbanos tiende a concentrarse en pocos kilómetros cuadrados. Por ende, para los cuerpos policiacos esta regularidad empírica plantea oportunidades estratégicas de prevención y reacción.

En otras palabras, si ya se sabe dónde ocurre la mayor parte de las conductas antijurídicas, entonces por qué no incrementar o reasignar los patrullajes en dichas calles o mejorar la calidad de los servicios públicos como el alumbrado. El estudio de Blattman et. al. (2017) [7] analiza la intensificación de medidas de vigilancia en Bogotá a raíz del cambio de gobierno en 2016. A partir de la asignación aleatoria de puntos calientes o hot spots a nivel calle, el gobierno de la ciudad duplicó la presencia policiaca en 756 segmentos y mejoró la iluminación y la limpieza en otras 201 calles.

Existe un consenso generalizado de que las intervenciones basadas en el análisis de los patrones espaciales delictivos tienen mejores resultados que otras intervenciones sin este componente, es decir, es un uso más eficiente de los recursos policiacos asignarlos de forma estratégica que dispersarlos en toda la ciudad. Como suele ocurrir tras estas intervenciones, se apreció una reducción significativa de los homicidios y las violaciones, pero dicha disminución cambia cuando se altera la especificación del modelo empírico.

Asimismo, un efecto que se observó fue el desplazamiento de delitos patrimoniales hacia aquellos segmentos en los que no había presencia estatal. Lo anterior sugiere que existe un costo de oportunidad incierto asociado a este tipo de intervenciones. Los autores afirman que hay rendimientos crecientes a escala de la presencia estatal pues sin ser demasiado oneroso (no incrementaron los cuerpos policiacos) obtuvieron efectos considerables.

Corrupción, crimen organizado y el lado positivo de la subversión de la ley

Una de las interpretaciones más simplistas y torpes que circulan acerca de los modelos económicos del crimen es que estos reducen la decisión de las personas a una comparación entre el beneficio y el costo esperado. Entre mayor sea la probabilidad de sanción y la severidad del castigo (monetario o no monetario), más se disuade a quien tiene pensado cometerlo.

Si seguimos esta línea de pensamiento, ¿qué pasaría si las autoridades optan por reducir las sanciones para aquellos delincuentes que cooperen con la justicia y sean de baja peligrosidad? La respuesta sería que esta política perjudicaría la disuasión. ¿Por qué entonces esta es una medida común para combatir el crimen organizado en buena cantidad de los sistemas de justicia? ¿Qué tan frágiles pueden ser estas medidas en un contexto de corrupción?

Gamba et. al. (2018) [8] examinaron estas preguntas y encontraron que las estrategias de reducción de sanciones condicionadas inducen a que las organizaciones criminales sobornen a las autoridades. Por lo tanto, también se requiere otorgar cierta indulgencia o amnistía a los oficiales que reciben estos pagos y no solo a los criminales de poca monta. De esta forma, el legislador puede tomar ventaja del aumento inducido en el salario de reserva del funcionario implicado (vía el soborno) por un mayor riesgo de condena.

Lo sorprendente de sus resultados es que se podría tolerar cierto grado de corrupción pues esto permite minimizar el crimen si las organizaciones que lo coordinan presentan una estructura altamente jerárquica. Estos hallazgos teóricos plantean dos aspectos fundamentales: 1) llevar a cabo un programa de amnistías descuidado puede ser peligroso si no se lleva a cabo considerando los incentivos de todos los agentes y 2) requiere corrupción.

Gobernanza corporativa y crimen organizado: el caso de Italia

Uno de los riesgos más apremiantes de la presencia sostenida del crimen organizado en el territorio es que el sector público y el privado se pueden contaminar con su influencia. Para ilustrar este punto, basta reconocer que en algunos municipios y estados del país las organizaciones criminales proveen ciertos servicios públicos, participan en licitaciones e incluso algunos miembros han ocupado cargos en procuradurías y fiscalías.

Sin embargo, pocas veces reparamos en la influencia que pueden tener estos grupos en el sector privado independientemente de que participen en actividades ilegales como el tráfico de drogas, la extorsión, el robo de vehículo o la trata de personas. Esta faceta del crimen organizado se ilustra a la perfección en la novela de Leonardo Sciascia, El día de la lechuza , pues narra cómo las organizaciones sicilianas se infiltraban en las empresas de construcción de la región y saboteaban a las que se oponían a sus directrices.

De acuerdo con Bianchi et. al. (2017) [9] el que una persona ligada a las organizaciones criminales ocupe una posición en la junta de gobierno de una empresa tiene ventajas y desventajas por lo que determinar los efectos agregados constituye un tema de datos. Para esto, utilizaron una base de datos privada recolectada la Agencia de Seguridad e Inteligencia Interna Italiana (AISI). Lo que han encontrado estos autores hasta el momento es lo siguiente: 1) empresas con al menos un director con historial ligado a las organizaciones criminales exhiben menores niveles de efectivo circulante y menor rentabilidad y 2) la rentabilidad de las empresas está relacionada negativamente con la presencia de directores corruptos.

Explicar estos hallazgos requiere conocer cuál es el papel de la liquidez en una empresa y cómo afectan estas políticas al desempeño financiero. Los autores ofrecen dos explicaciones. Por un lado, la junta trata de minimizar la liquidez para que el director no tenga acceso inmediato a recursos. Por otro lado, el director ha capturado la empresa y la utiliza consuetudinariamente para lavar dinero por lo que es necesario ajustar el circulante para no levantar sospechas de actividades ilícitas.

Una perspectiva de largo plazo

Estoy seguro de que pocos artículos como el de Gary Becker han derivado en toda una agenda de investigación que sigue vigente después de 50 años. Hoy las investigaciones sobre economía del crimen son más multidisciplinarios que antes. Utilizan métodos experimentales con mediciones psicológicas y médicas, realizan evaluaciones de política basadas en las técnicas de criminología cuantitativa, incorporan análisis de estados financieros y plantean modelos teóricos que pretenden arrojar luz sobre temáticas controversiales como las amnistías a criminales. En el largo plazo, pocas ideas valiosas sobreviven el paso del tiempo. El resumen y actualización que brindo en este artículo trata de que la literatura, vieja y nueva, no caiga en el olvido y que fomente acciones coherentes en la materia sin importar las fronteras.

Manuel Vélez

Coordinador de Estudios Especiales

@VelezManuel                     @ObsNalCiudadano

[4] Di Tella, R., Freira, L., Gálvez, R., Schargrodsky, E., Shalom, D. y Sigman, M. (2017). Crime and violence: Desensitization in victims to watching criminal events. NBER Working Papers 23967, National Bureau of Economic Research, Inc.

[7] Blattman, C., Green, D., Ortega, D. y Tobón, S. (2017). Pushing crime around the corner? Estimating experimental impacts of large scale security interventions. NBER Working Papers 23941, National Bureau of Economic Research, Inc.