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El pleno de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados inició el análisis de una iniciativa para prohibir terapias de cualquier índole que ofrezcan servicios o tratamientos que pretendan cambiar la orientación sexual de las personas.

La propuesta del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (MC), que busca modificar el artículo 149 del Código Penal Federal, prevé sancionar con uno a tres años de prisión a profesionales de la salud que incurran en estas prácticas y se les suspenderá el ejercicio de su profesión hasta por tres años.

De acuerdo con Ralis Cumplido, de aprobarse esta iniciativa se garantizaría el pleno respeto de los derechos humanos de los grupos de diversidad sexual, ya que se encuentran en un nivel de desigualdad notorio.

La propuesta del legislador agrega que la misma pena se otorgará a toda persona que imparta, aplique, obligue, induzca o someta a tratamiento, terapia o cualquier tipo de servicio que pretenda cambiar la orientación sexual de un tercero.

De acuerdo con la propuesta que se analiza, se impondrá un castigo doble (de dos a seis años de prisión), al padre, madre o personas que tengan la guarda, custodia o tutela de un menor de dieciocho años y que lo sometan a tratamientos, servicios o terapias que pretendan cambiar su orientación sexual.

El legislador propone que se prive de los derechos de patria potestad, tutela o custodia a quienes teniendo el ejercicio de éstos, cometan este actoal que calificó como “delito”.

Esgrimió: “Desde que se consideró a la homosexualidad como una enfermedad, los tratamientos para tratar de cambiar la orientación sexual de las personas han sido inhumanos y violatorios de sus derechos”. Estos van desde el suministro de hormonas, violación, relaciones sexuales forzadas, aversión sexual, castración, hasta electrochoques y terapias sicológicas.

Enfatizó que especialistas en salud mental investigaron y concluyeron que la homosexualidad no es una enfermedad, un trastorno mental y tampoco un problema emocional, sino una variación natural de la sexualidad humana, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Añadió, de acuerdo con un comunicado emitido por la Cámara de Diputados, que a pesar de que no se considera a la homosexualidad como una enfermedad mental, existen centros en el país que ofrecen terapias en las que se asegura que se logra cambiar la orientación sexual.

“Estas terapias llevan por nombre reorientación o de conversión sexual, las cuales son completamente ilegales, pues van en contra de la libertad del ser humano”, afirmó.

El diputado detalló que muchos pacientes de estas clínicas han relatado que fueron víctimas de violaciones correctivas, consistentes en tener relaciones sexuales sin su consentimiento con trabajadores de estos sitios, uso de esposas, tranquilizantes, palizas, retención de alimentos. También, narraron que la mayoría de las personas ingresan en contra de su voluntad, drogadas o secuestradas por sus propios familiares.

Afirmó que es evidente que estas terapias son un engaño y altamente dañinas para las personas que son víctimas de ellas, razón por la cual la Asociación Americana de Psiquiatría se ha pronunciado en contra, al igual que Alemania, Argentina y otros países de América Latina.

Agregó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que “las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales han estado históricamente sometidas a discriminación por su orientación sexual y sujetas a violencia y persecución, lo que vulnera sus garantías individuales”.

En su oportunidad, el diputado Juan Romero Tenorio (Morena) admitió que existen pendientes en el tema de igualdad y no discriminación y se pronunció por trabajar en informar y sensibilizar a la sociedad para cambiar la situación de esta comunidad.

Resaltó que “si partimos de los principios vigentes en la Constitución, todos tendríamos nuestros derechos humanos garantizados. Son los operadores los que están fallando y a ellos hay que dirigirnos”.

Romero Tenorio ha promovido eventos a favor de los derechos de este sector y para evitar casos de homofobia y transfobia.

Ha señalado que se debe persistir en hacer visibles los derechos de este gran sector de la población, ya que son invisibles. “A veces esa indiferencia tolera la impunidad”, expresó.

Estimó que se debe abonar a una cultura de la información democrática y de la legalidad. En eso, dijo, “estamos implicados todos, tengamos cargo púbico o seamos ciudadanos comunes”.

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