Sin aclarar, muerte de Liliana en UVM Tlalpan

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Liliana Carolina tenía 18 años y era la más pequeña de la familia Ricalde Romero. Para sus papás, Lilia y Julio Francisco, y sus dos hermanas mayores, este año ha pasado muy rápido, aunque todavía no se hacen a la idea de que Liliana cayó del tercer piso de un edificio en la sede Tlalpan de la Universidad del Valle de México (UVM).

Lilia Romero recuerda que se despidió de ella al dejarla en la escuela: Liliana Carolina se bajó del coche y su mamá observó su cabello ondear cuando se alejaba para entrar al edificio por última vez.

“Esto no se sobrelleva, simplemente respiras porque estamos vivos. Éramos una familia muy unida y de repente ella no está… estamos poniendo la mesa para desayunar el domingo todos juntos y ya no se ponen cinco lugares, ahora se ponen cuatro. Entro a la recámara de mi hija, a la casa... me la encontraba ahí, ya no está y nunca más va a estar”.

La joven cayó de un tercer piso en la UVM Campus Sur, el 26 de octubre del año pasado. Pero su familia sospecha que se trató de un homicidio doloso relacionado con un presunto caso de acoso escolar, lo cual ha sido rechazado por la institución.

En una respuesta sobre el caso, solicitada por EL UNIVERSAL, la UVM reconoce que días antes del accidente Liliana reportó haber “recibido una llamada de un número desconocido y que la habían amenazado con hacerle algo si no hablaba con otro compañero para que se calmara. La coordinadora citó a Liliana y le pidió que no se involucrara en los conflictos de terceros”.

Lilia Romero y Julio Francisco Ricalde denunciaron que el campus sur sede Tlalpan de la UVM siguió operando con irregularidades gracias a una carta compromiso cuando menos 10 meses tras la muerte de Liliana.

“Yo les pediría a las autoridades ejercer la ley, y de verdad, a las familias de los alumnos, que chequen todas y cada una de las irregularidades y las inconsistencias que tiene la institución, que no lo hagan a un lado porque no saben en el plantel tan inseguro en el que se encuentran sus hijos”, dijo Julio Ricalde.

“Estamos pidiendo justicia para que no se vuelva a repetir esto. Quisiera saber qué pasa. La SEP nos dice que no puede cerrar la institución porque académicamente no está fallando. ¿Entonces tiene que haber 19 muertes más, como en el Colegio Rébsamen, para que cierren y cancelen la operación?”, señaló Lilia Romero.

Problemas de uso de suelo. La vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Responsabilidad del sistema Laureate, Sophie Anaya Levesque, dijo a este diario que los dueños de los inmuebles donde está la UVM se comprometieron con la delegación Tlalpan a que en ocho meses obtendrían los permisos de uso de suelo que, argumentó, “no tienen que ver con la seguridad de las instalaciones, sino con los permisos para operar determinado giro”.

El 1 de agosto de 2017, el apoderado legal de la universidad, Gerardo Fonseca, firmó y entregó una carta compromiso dirigida a Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.

En el documento, la institución reconoce que dos de los 13 predios donde opera no están inscritos ante el Registro Público de la Propiedad, sin usos de suelo ni estudios de impacto urbano y ambiental.

Otras irregularidades detectadas son: no contar con el permiso administrativo temporal revocable, no haber presentado el estudio de impacto urbano, ni haber realizado el de impacto ambiental.

A raíz de la tragedia del Colegio Enrique Rébsamen, el titular de la SEP, Aurelio Nuño, ha referido que el otorgamiento de permisos para operar escuelas particulares se da cuando entregan la documentación requerida, como el uso de suelo.

En el caso de la UVM, en un documento de la Dirección de Protección Civil de la delegación Tlalpan se prueba que cuando menos hasta el 1 de agosto de 2017, la universidad tenía irregularidades en materia de protección civil. En el oficio con número DT/JD/DPC/2041PE/830/2017, se rechaza el programa interno de esa institución educativa.

Fallas. El dictamen en mecánica forense de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México concluye que la médica que atendió a Liliana Carolina al caer del tercer piso es cirujana dentista; que no se activó ningún plan de emergencias para hacer frente a los acontecimientos, y que la altura del barandal por el cual cayó “es menor a los 90 centímetros que indica la norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico del reglamento de construcciones”.

La universidad responde que “de acuerdo con el reglamento de la SEP al que está sujeta la UVM, el personal de primeros auxilios debe contar con cédula de enfermería o medicina”, y sobre la altura del barandal de la escalera donde ocurrió la muerte de Liliana, “mide 83 centímetros, es decir, se encuentra dentro de lo que establece la norma”.

Señala que “respeta la decisión [de la familia de la joven] de mantenerse alejada de la institución”.