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El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, pidió no responsabilizar a las universidades, sino en todo caso a funcionarios, del probable mal uso de los recursos públicos de las mismas.
Cuestionó que la información sobre una institución investigada por presunto lavado de dinero se haya dado “sin ninguna responsabilidad de fondo”.
“Siento que no es en los medios donde lanzas eso sin ninguna responsabilidad de fondo, de decir que en tal fecha habrá estos resultados. Las universidades están muy preocupadas porque otra vez nos ponen en el juego a todas las universidades. Además, son los funcionarios que decidieron o no sacar los dineros. Tres mil millones de pesos, la inmensa mayoría de las universidades no lo reciben”, señaló en entrevista al término de su participación en los foros en el Senado de la República para analizar la reforma educativa.
El martes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que investiga a una universidad estatal por lavado de dinero. Sin revelar el nombre de esa institución, informó que habría recibido depósitos inusuales por 150 millones de dólares, provenientes de 22 países.
Esa misma noche, distintas versiones que circularon en redes sociales especularon que la indiciada sería la Universidad Veracruzana; la institución tuvo que salir a desmentir tal información.
Insistió en que “universidad por universidad” se está haciendo un ejercicio de transparencia y responsabilidad financiera sobre el manejo de los recursos públicos que les son entregados, y lamentó que estos esfuerzos puedan verse afectados en la opinión pública por una noticia de esta naturaleza.
“Estamos haciendo un gran esfuerzo de responsabilidad y transparencia financiera. Acaba construyéndose una cierta opinión pública que golpea a las universidades, las cuales siguen siendo la institución más confiable para la población. Necesitamos dinero para la gratuidad y el crecimiento de la matrícula, pero la impresión daña en este momento”, dijo.
“Seguramente serán castigadas, no las instituciones, sino los funcionarios que hicieron una cuestión. No son las universidades como tales, pueden ser ciertos funcionarios, pero realmente hay un esfuerzo muy importante por superar esto”, agregó.
Deben regresar dinero. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó recuperaciones probables por mil 315 millones de pesos que deberán reintegrar 20 universidades públicas estatales correspondientes a recursos que les fueron entregados durante 2017; en 14 casos, promovió responsabilidades sancionatorias por el uso de estos recursos.
Son las universidades de Guadalajara, Nayarit y Zacatecas las que tendrán que regresar la mayor cantidad de dinero, un total de 935 millones 100 mil pesos.
En su tercera entrega sobre la revisión a la Cuenta Pública 2017, la auditoría promovió la aplicación de sanciones contra funcionarios de universidades por mal uso de los recursos públicos.
