México

necesita transparentar y fortalecer sus instituciones ambientales otorgándoles los recursos suficientes para emprender sus tareas de vigilancia de los recursos naturales , indicó Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente .

A través de un comunicado el titular de la Profepa indicó que la protección al ambiente debe ser compatible con el desarrollo económico y el fomento a la inversión extranjera , puesto que el cumplimiento de la legislación ambiental no debe ser un propósito altruista que sólo se quede en el discurso.

“Se requiere ser claros y convincentes al presentar la evidencia de que nuestras leyes e instituciones funciona, de forma que propios y extranjeros reconozcan una mejora real del entorno y una competencia económica más equilibrada” dijo.

Destacó que en México la tala clandestina, la contaminación de las zonas urbanas, la venta de animales en peligro de extinción y la pérdida del patrimonio natural es algo frecuente, por lo que es necesaria la actualización de la norma que regula la actuación de las instituciones protectoras del entorno ambiental, que data de 1988.

Haro Bélchez refirió que la reforma que analiza el Congreso de la Unión y que modifica la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, permitiría la actualización de la norma que regula a las instituciones ambientales a fin de adecuarlas a las realidades que se están viviendo en los ecosistemas.

“Estamos frente a una realidad muy distinta. No se puede actuar como hace 25 años, ya que se requiere equilibrar las acciones de protección ambiental, con el reconocimiento y tratamiento correcto de la inversión que es ambientalmente responsable”, aseveró.

Indicó que dicha reforma impulsa por vez primera un sistema preventivo dirigido a incentivar una actuación ambientalmente responsable en los agentes económicos.

“Los inversionistas y quienes desarrollen actividades económicas en nuestro país, tendrán procedimientos ambientales más rápidos y respetuosos de los derechos de las empresas sujetas a fiscalización. Se trata de nuevas reglas para proteger el ambiente y resolver los conflictos ambientales de manera más racional y compatible con el desarrollo económico y comercial”, expuso.

La exigencia hacia las autoridades del sector medio ambiente, explicó, debe ir acompañada de la correspondiente dotación de recursos y herramientas adecuadas para proteger el entorno, de manera que puedan responder con bases reales a los reclamos de la sociedad.

Agregó que en el contexto del proceso de negociación de acuerdos comerciales entre países, se requieren de elementos precisos para la protección de los recursos naturales y el ambiente. “México necesita dar muestras de su compromiso por proteger el entorno, al tiempo que muestre en la ley un tratamiento justo del sector económico”, enfatizó.

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