A partir del video que mostró la tortura a uno de los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa , es urgente investigar a funcionarios públicos que incurrieron en violaciones a los derechos humanos dijo la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ( ONU-DH ).

“A la luz de la nueva evidencia sobre la tortura hacia uno de los detenidos, será fundamental que el Gobierno mexicano tome acciones concretas y contundentes para sancionar a los funcionarios públicos que cometieron esos y otros actos semejantes, así como a sus superiores jerárquico”, pidió.

El organismo internacional condenó “categóricamente” los actos de tortura en contra de Carlos Canto Salgado y dijo que este tipo de prácticas “no tienen cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos” y dijo que los actos de tortura no fueron aislados en la investigación del caso Ayotzinapa.

“Los actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa no fueron casos aislados y tampoco son ajenos a la forma en que operan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en México estas violaciones ocurren, además, bajo el cobijo de la impunidad y la corrupción ”, demandó el organismo.

El pasado día viernes, se dio a conocer un video que circula en Youtube en el cual se expone la tortura en contra de uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, Carlos Canto Salgado, por tres individuos. El video muestra a Canto Salgado con los ojos vendados, maniatado, sometido a asfixia, toques eléctricos, golpes y vejaciones mientras es interrogado por funcionarios públicos.

Canto fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Marina (Semar); él es una de las 34 personas en que la ONU-DH encontró “fuertes elementos de convicción que indican la comisión de actos de tortura”, además de otras violaciones a derechos humanos .

El gobierno mexicano tenía conocimiento del caso luego de que la ONU-DH lo documentó en su informe “Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”; además se hizo de su conocimiento desde julio de 2015 a través de cuatro procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; y luego en febrero de 2017 en el Informe de seguimiento a su misión a México del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez.

Sin embargo, a pesar de tener conocimiento del caso, señala la ONU-DH, las instancias públicas encargadas de investigar delitos y violaciones a los derechos humanos no actuaron como debían, dijo Jan Jarab, representante del organismo en México.

“El video evidencia ante la sociedad la tortura en contra de uno de los supuestos implicados en el caso Ayotzinapa y comprueba, además, la inacción del Estado mexicano en este caso (...) Es momento de romper la cadena de complicidades y encubrimientos alrededor del caso Ayotzinapa, y enfocar los esfuerzos del Estado mexicano en la verdad y la justicia para todos los implicados con estricto apego a los derechos humanos”, agregó.

El organismo internacional hizo un llamado al Estado a implementar medidas de protección para Carlos Canto Salgado, sus familiares y su abogado defensor. En cuanto a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa , la ONU-DH hizo un llamado a la Fiscalía General de la República a relanzar la investigación del caso, a descartar “en definitiva” la llamada “verdad histórica” por haber sido “sostenida indebidamente por la anterior administración y ha sido desacreditada por investigaciones serias e independientes”.

“Y a excluir las pruebas obtenidas mediante tortura u otras formas ilícitas, así como aquella información generada por otras instituciones públicas que no abonan a la verdad y la justicia. Para lo anterior, es fundamental que se designe a un Fiscal Especial idóneo para el cargo que cuente con el apoyo de la institución y de las víctimas para avanzar en el esclarecimiento del caso y la rendición de cuentas de los responsables”.

rmlgv

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