Migrantes legales en EU también mueren en condiciones precarias

Esta no es la historia del indocumentado que llegó a trabajar a Estados Unidos con la mediación de un pollero y que murió en aquel país en circunstancias poco claras. La historia de Honesto Silva Ibarra es otra.

Él fue un migrante mexicano, de 28 años, quien vivía en Zacatecas y llegó a trabajar temporalmente como jornalero agrícola a una granja de California por mediación de la empresa CSI VISA Processing, cuyo papel es mediar la contratación de jornaleros agrícolas en México para determinadas granjas en Estados Unidos y representarlos en el trámite de su visa H2A ante las sedes de la embajada estadounidense en nuestro país.

¿Cómo es entonces que Silva murió el 6 de agosto pasado, en un hospital de Seattle, después de permanecer varios días en estado de coma y con una visa que había expirado?

Honesto no realizó ese viaje solo, sino con un promedio de 500 mexicanos más originarios de Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Durango, Jalisco, Guadalajara, Tamaulipas, Oaxaca y Guerrero. Son algunos de ellos quienes afirman que su muerte fue resultado de la larga deshidratación que presentó a causa de las elevadas temperaturas registradas en los campos agrícolas de la empresa que los contrató en California: Sarbanand Farms.

Él padecía diabetes y aunque viajó con los medicamentos propios de su enfermedad, aceptó la oferta que la empresa les hizo para que, al terminar su labor de dos meses en California, trabajaran dos meses más en otros campos agrícolas situados en Washington, casi en el límite con Canadá.

Aunque sus visas de trabajo habían expirado, Sarbanand Farms prometió realizar la renovación durante su traslado de California a Washington. Al parecer, Silva Ibarra realizó el viaje bajo los primeros síntomas de deshidratación (dolor de cabeza y agotamiento), pero él no lo sabía. Su situación empeoró días después durante su trabajo en Washington, donde el calor era similar al de California.

Los jornaleros acusan que la granja no tomó las precauciones pertinentes, como proporcionarles agua y techos para cubrirse del sol durante la pizca de arándanos. Por el contrario, aseguran haber trabajado bajo ese clima y la misma jornada laboral que en California: un promedio de ocho a 12 horas diarias.

Le negaron asistencia médica

Enfermo, Honesto tomó un descanso para reponerse, pero sus compañeros cuentan que los jefes lo obligaron a trabajar de nuevo y le negaron la ayuda médica. Por eso cuando su condición se agravó, un grupo de ellos se quejó ante sus contratistas estadounidenses por las malas condiciones de trabajo. Por respuesta recibieron un despido sin pago de los últimos cuatro días de labor y la notificación de que su visa H2A no había sido renovada, por lo que les dieron una hora para abandonar las casas colectivas que ocupaban bajo advertencia de que, si no se retiraban, llamarían a la policía que a su vez solicitaría la intervención del Servicio de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) para que los deportara a México.

En respuesta, un grupo de 72 jornaleros mexicanos inició el 5 de agosto una huelga a las afueras del campo de Sarbanand Farms, para exigir el pago del trabajo realizado, así como un regreso legal y seguro a México; no en calidad de indocumentados.

EL UNIVERSAL siguió esta historia que retrata los riesgos y desventajas que conlleva la migración legal de mexicanos a EU, contratados desde aquí por empresas intermediarias que trabajan con firmas agrícolas estadounidenses. Las entrevistas realizadas describen que en estos empleos además de ofrecer cierta certeza económica y un entorno migratorio legal, también conllevan abusos y desventajas. En el marco de la renegociación del TLCAN entre ambos países, este reportaje muestra el otro lado de la moneda.

Migrantes legales en EU también mueren en condiciones precarias

Fácilmente “reemplazables”

Miguel Ángel Ramírez Salazar tiene 36 años y en enero pasado salió de La Presa, en Santiago Ixcuintla, Nayarit, para ir a la oficina del contratista Edilberto Serrano Chávez, de CSI VISA Processing. Había trabajado para él en 2015 y 2016, en campos agrícolas de EU. La primera vez su visa H2A fue expedida por mes y medio; la segunda por cuatro meses. Este año quería regresar otra vez por necesidad.

“Donde vivo no hay mucho empleo, somos casi 3 mil habitantes. Y por laborar en el campo pagan muy poquito, 150 pesos el día, no alcanza para sostener los hijos”, cuenta vía telefónica desde el campamento de los huelguistas en Washington. “Si me venía a trabajar acá la paga sería de 12.57 dólares por hora de trabajo, con un total de 10 u ocho horas al día en la pizca del arándano. La compañía nos pagó la visa, me tocó una de cinco meses; y nos pusieron un camión desde nuestro pueblo hasta California y luego de ahí a Washington. Los pagos que hicimos por alimento y hospedaje ellos nos lo reembolsaron.

“De los dos viajes anteriores regresé a México sin problema, nunca pasó nada porque nos quedábamos callados por el temor de que nos regresaran antes de que terminara nuestro contrato. La verdad es que sí había mucha explotación e injusticias de parte de los compañeros que nos andaban cuidando. Desde California el trato fue malo, con calores de 110 grados Fahrenheit [43 grados centígrados]. La comida era muy mala porque los cocineros eran hindúes; y si nos quejábamos nos decían que si no estábamos a gusto podíamos regresar a México. Pero que si nos íbamos 500, al otro día llegaban otros 500 a reemplazarnos”.

Miguel Ángel y algunos de sus compañeros optaron por comprar alimentos en el pueblo cercano, a pesar de que la comida hindú sí les fue descontada de su cheque, por 84.49 dólares. “La visa venció el 30 de junio y el 1 de julio nos trasladaron a Washington; llegamos allá el 2 y sólo nos decían que la visa estaba en trámite de la renovación. Pero de allí al día 15 estuvimos parados, sin ganar ni un solo peso que porque todavía no llegaba la visa; nosotros sabíamos que no era por eso, sino porque no había fruta pues, apenas había terminado la temporada de frío y el fruto estaba atrasado”.

Miguel Ángel relata que por esa razón el trabajo y su pago respectivo fueron intermitentes: tres días sí, uno no, hasta que pudieron trabajar una semana completa. Paralelo a este escenario, el 31 de julio el consulado de México en Washington emitió un tuit alertando la llegada de una ola de calor al estado en la primera semana de agosto. Coincidencia o no, fue en esas fechas que la salud de Honesto empeoró. El 2 de agosto no pudo más con el dolor de cabeza por deshidratación; y no se sabe cómo, pero consiguió que alguien le diera un  ride  (aventón) al hospital local PeaceHealth, donde recibió atención inicial para luego ser trasladado a otro más grande, el Harborview Medical Center, donde murió el día 6.

“Sacando cuentas, él venía malito desde California, y no es el único. Los días 9 y 10 de agosto otros nueve compañeros fueron internados por deshidratación (...) Les pedimos a los jefes atención médica, pero decían que no era responsabilidad suya. Que ellos nos llevarían al doctor, pero no pagarían el servicio, que costaría entre 6 mil y 8 mil dólares. Por eso no fuimos, por el miedo a pagar tanto”.

El sábado pasado los 72 huelguistas iniciaron un novenario en memoria de su compañero fallecido. Y el domingo una misa.

Migrantes legales en EU también mueren en condiciones precarias

La protesta

Un día antes de la muerte de Honesto, cuando Sarbanand Farms despidió a 72 jornaleros por reclamar mejores condiciones de trabajo y éstos iniciaron la huelga, Familias Unidas por la Justicia les dio apoyo. Este grupo es el único sindicato mexicano agrícola con reconocimiento legal en Washington desde hace cuatro años.

Juntos instalaron el campamento Zapata, afuera de los campos de cultivo, en el jardín de una casa cercana. Fue la manera en que sus propietarios, Joaquín y Lucía, mexicanos de origen, apoyaron a sus connacionales. La difusión del caso en redes sociales les permitió allegarse, en cuestión de horas, de casas de campaña, comida, cobijas y la instalación de una cocina a cargo de voluntarias.

También consiguieron ayuda de enfermeras para diagnosticar y atender casos de deshidratación. El 8 de agosto marcharon a Sarbanand Farms para demandar el pago adeudado y la intervención del Departamento del Trabajo de EU, hecho que llamó la atención de periódicos y televisoras locales que difundieron el caso.

Después de tres días de la muerte de Honesto, el 9 de agosto, la página de Facebook de CSI VISA Processing en México habló de la muerte de Silva. Dijo lamentar lo ocurrido y afirmó que su deceso se debió a una enfermedad preexistente [diabetes], destacando que ésta no fue agravada por razones laborales; también señaló que la compañía asumiría los gastos y que el Departamento de Trabajo de EU indaga el caso.

Maru Mora, defensora de los derechos de mexicanos en Washington y originaria de la Ciudad de México, se involucró en este caso. “Sabemos que la segunda visa, la que nunca se renovó a este grupo de trabajadores, tendría una duración de julio a octubre. Ellos conservan este documento, pero si está vencido no pueden salir de EU. Lo que Sarbanand Farms hizo con ellos, trasladarlos de un estado a otro sin papeles legales, se llama tráfico humano y es un delito. Despedirlos por insubordinación, por sólo exigir sus derechos, es una manera de deshacerse del problema”, afirmó vía telefónica. Por eso contactaron a abogados del estado para revisar escenarios legales.

En el campamento Zapata, Miguel Ángel Ramírez se siente triste, porque su familia en Nayarit le llamó por teléfono y le pidió volver. Pero él no quiere porque busca justicia. “En México la empresa sólo te muestra un precontrato en español y allí no vienen nuestros derechos; nada más nos dicen que tenemos que venir con muchas ganas para poder volver al siguiente año. En EU te dan el contrato en inglés y español, pero son papeles que ni leíamos porque no teníamos una escapatoria, por miedo a quedarnos sin trabajo y a que nos vetaran para la cosecha del siguiente año.

“Siento que desde México debemos tener un representante que nos enseñe nuestros derechos (...). Ahora nos damos cuenta que abusaron de nosotros, porque en promedio trabajamos 12 horas, con recesos de 15 minutos cada tres horas, y media hora de lunch. Un compañero se acaba de regresar a Guanajuato, solo, arriesgándose. Los abogados le dieron una tarjeta para que, si lo detiene la policía, les diga que se comunique con ellos”.