Impunidad en crímenes de odio en el país

El nivel de violencia es el elemento que marca los asesinatos a la comunidad LGBTTTI. En 10 años se documentaron 81 homicidios de este tipo en el país
Kenya lleva más de un año peleando porque el asesinato de Paola no quede impune. A pesar de las pruebas, el asesino logró salir el mismo día. (JUAN BOITES. EL UNIVERSAL)
02/02/2018
03:20
Diana Higareda.
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Paola Ledezma, una mujer transgénero de 25 años, fue asesinada el 30 de septiembre de 2016 en la Ciudad de México. En plena vía pública y a la vista de todos, un hombre le disparó dos veces. La comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) es uno de los grupos más propensos a sufrir agresiones en el país.

En México, este tipo de discriminación sí mata. De 2006 a 2017 fueron asesinados 81 mexicanos por su orientación sexual o identidad de género, de acuerdo con la recopilación de notas periodísticas hecha por la Unidad de Datos de EL UNIVERSAL.

La saña y el nivel de violencia son los elementos que marcan estos crímenes. Las estadísticas oficiales son difíciles de dilucidar.

México ocupa el segundo lugar en este tipo de agresiones, sólo por abajo de Brasil, según la información de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal).

“Un crimen de odio puede diferenciarse por factores como la saña con la que se ejerce la violencia. Por lo regular la manera de asesinar a la persona es brutal e irracional. Hay homicidios que fueron por 40 o 70 cuchilladas. La tortura y la mutilación también son frecuentes. Incluso se han llegado a encontrar inscripciones en la piel”, explica Alejandro Brito, director de la organización Letra S.

Puebla, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas reúnen 60% de los 81 asesinatos que la Unidad de Datos logró recopilar mediante informes periodísticos. Las víctimas tenían, en promedio, entre 30 y 35 años.

La impunidad es la otra característica alrededor de estos casos. En México, sólo nueve de los 32 códigos penales incluye la tipificación de homicidio calificado con “odio” cuando se comete por alguna razón de origen étnico, raza, género, edad o preferencias sexuales. Aunque la Ciudad de México es una de las entidades donde está vigente esta ley, esto no hizo que el asesinato de Paola dejara de ser una carpeta de investigación más.

Originaria de Pichucalco, Chiapas, Paola llegó a la capital a los 17 años. Sin familia y sin dinero, el trabajo sexual fue la única oportunidad laboral que encontró: “Las mujeres trans son la población más vulnerable. Hay mucho estigma alrededor de ellas, y al no encontrar trabajo, recurren al trabajo sexual, lo cual las expone aún más”, asegura Brito.

Un homicidio más impune

Un vestido color obscuro, tacones y pestañas postizas. Ese era el atuendo de Paola el día que fue asesinada. De pie, junto a Kenya, su mejor amiga, en el cruce de avenida de Los Insurgentes y Puente de Alvarado, las dos mujeres trans esperaban que llegara algún cliente: “Me dijo que la noche estaba triste. Yo le comenté que era porque aún no habíamos tomado nada. Compramos un anís y brindamos”, recuerda Kenya, quien lucha porque el crimen de su amiga no quede en un simple archivo.

¡Salud!, eso fue lo último que se dijeron Paola y Kenya. Minutos después de brindar, un hombre a bordo de un automóvil Nissan color gris se acercó a solicitar un servicio. Felipe Delgado Olvera, un ex militar que laboraba en una empresa de seguridad iba conduciendo con los pantalones hasta las rodillas y en estado alcohólico. Paola aceptó y subió al coche. La pareja sólo avanzó unos cuantos metros cuando Kenya escuchó los gritos de su amiga que la llamaba con desesperación. Cuando llegaron, escucharon las detonaciones. Dos disparos de arma de fuego silenciaron a Paola.

La escena era estremecedora. Delgado sostenía una pistola calibre 9 milímetros y el cuerpo sin vida de Paola estaba recostado en el asiento delantero. Este no era un patrón nuevo: “Las mujeres trans comúnmente son asesinadas en la calle o abandonan sus cuerpos en las avenidas. Es muy común que se use el arma de fuego e incluso en casos frecuentes se trata de autos que se detienen, les disparan y se dan a la fuga”, explica Brito de Letra S.

Las luces de una patrulla que circulaba por el lugar iluminaron el auto. Delgadillo Olvera fue trasladado al Ministerio Público. Kenya y dos de sus compañeras fueron a rendir su declaración. Ahí comenzó un proceso lleno de discriminación. Ninguna de las mujeres que presenciaron el asesinato fueron autorizadas para declarar como testigos.

Delgado declaró dos veces. Primero aceptó que disparó a Paola porque no le dijo que era trans. Después afirmó que la mujer intentó asaltarlo, forcejaron y ella misma se disparó.

La resolución de la autoridad capitalina fue determinante 48 horas después: no había pruebas suficientes para establecer que Fernando Delgado Olvera había disparado el arma y fue puesto en libertad. “Tenían al detenido, había testigos, la policía lo vio sosteniendo la pistola. Incluso había un video”, narra Kenya.

“En México nadie sabe cuántas sentencias hay por crímenes de odio. Nosotros hemos contabilizado 202 homicidios en tres años y sólo en 20 se sigue una línea de investigación de crimen de odio”, explica Brito.

En América Latina se calcula que el promedio de vida de los transexuales es de 35 años, de acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Paola no tenía ni 30 años cuando fue asesinada a sangre fría en las calles de la capital. Sin familia, autoridades especializadas y en un marco de intolerancia, pareciera que su homicidio a nadie le importó.

Asesinatos mal catalogados

A mediados de julio de 2010, Óscar Ramírez fue acusado del asesinato de su pareja. Por cinco años cumplió una condena por un crimen que no cometió.

La mañana del 6 de julio de ese año, Óscar encontró a Jacobo Atri, con quien llevaba cinco años de relación, estrangulado en la habitación del departamento que compartían en el sur de la capital. Llamó a las autoridades y descubrió una cruda realidad: la justicia no existe para la comunidad homosexual.

Ese día no sólo encontró el cadáver de su pareja, también fue discriminado y después inculpado por la policía. El supuesto delito era ser cómplice en el asesinato de Jacobo. En un marco de impunidad, fue sentenciado a 27 años y seis meses de prisión. Los investigadores se aferraron a una hipótesis: crimen pasional entre una pareja homosexual.

“La homofobia institucionalizada provocó por mucho tiempo que un homicidio de un homosexual en automático se considerara crimen pasional. Se piensa, de manera errada, que la homosexualidad es un trastorno, entonces, por eso se matan entre sí de manera sádica”, explica Brito de Letra S.

Discriminación oficial

Óscar llegó a su departamento y notó un silencio absoluto que inundaba cada espacio. Al entrar al dormitorio encontró el cuerpo de Jacobo. Tendido a la mitad de la recámara y sin vida. Su cuerpo tenía marcas de estrangulamiento. El uso de armas blancas, golpes y asfixia son los tres principales métodos de asesinato que se usan contra esta comunidad, según los datos recopilados.

Con la poca calma que le quedaba, Óscar llamó a las autoridades: “Desde el inicio sentí que me estaban incriminando, pero no sabía qué hacer”, narra este joven. Una patrulla lo llevó hasta las oficinas del Ministerio Público. De testigo pasó a presunto responsable. Fue detenido e ingresado a una celda. Su delito: homicidio con “traición y venganza”.

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Foto: Óscar pasó de testigo a presunto responsable del asesinato de su pareja. (ALEJANDRA LEYVA. EL UNIVERSAL)
 

Días después, las autoridades detuvieron al verdadero asesino. Noé Rendón, de 19 años, aceptó el asesinato. Incluso describió cómo fue que terminó con la vida de Jacobo.

Noé recalcó que era un asesino solitario. “ En el caso de los hombres gay, el asesino los seduce, finge tener un interés erótico y la víctima los termina llevando a su domicilio. Ahí los amarran, por lo general, los roban y los matan. La saña con la que los asesinan refleja ese odio que sienten”, explica Brito.

La confesión del asesino no representó la libertad para Óscar. La acusación se convirtió en un delito de complicidad: “Tuve que enfrentar un juicio con alguien que mató a mi pareja”, relata el joven.

En 2015, Óscar regresó a casa. Las autoridades declararon irregularidades en el dictamen e inconsistencia en los hechos y le concedieron su absolución: “Hace falta que se capacite a los agentes del Ministerio Público, porque hemos visto que tanto fiscales como jueces comparten los mismos prejuicios que llevaron al asesino a cometer el crimen de odio. Y eso no puede ser, porque entonces nunca habrá acceso a la justicia”, afirma Brito.

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