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En México, el impacto que ha tenido en la población la violencia ocasionada por el crimen organizado es similar al que sufren las personas cuyas naciones de origen se encuentran en un estado de guerra, afirmó Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja.

En entrevista con EL UNIVERSAL, en el marco de su visita a México, Maurer subrayó que “el impacto de la violencia, o alguna de sus demostraciones, tanto en situaciones de guerra o de crimen, tienen las mismas consecuencias para las personas”.

“Nuestra preocupación en México, nuestra propuesta básica al gobierno mexicano, es que derivado de que nosotros tenemos una fuerte experiencia en situaciones de guerra y que algunos de los impactos son los mismos, algunas de las respuestas que hemos planteado les podrían parecer interesantes al gobierno mexicano para ser consideradas”, señaló.

Mencionó que una de las preocupaciones de este organismo internacional es que la violencia generada por los grupos de la delincuencia organizada está ocasionando que en algunas entidades como Tamaulipas —la cual Maurer visitó durante su estancia en el país— los ciudadanos no puedan acceder a servicios básicos como la educación o servicios médicos.


¿Qué tan preocupado está el Comité Internacional de la Cruz Roja por la situación de la violencia generada por el narcotráfico en México?

—Hay una gran preocupación por México y por toda la región. Este es un fenómeno que hemos visto emerger desde hace mucho tiempo. Creemos que este es un problema muy grande y muy importante.

¿En México cuáles son las principales consecuencias de este problema?

—En este momento, la principal preocupación es lo relacionado con la inmigración y las situaciones a las cuales los inmigrantes están expuestos. En lo que respecta a las comunidades, nuestra preocupación es que las comunidades se han roto por la violencia. No pueden obtener los servicios básicos y sociales como educación y salud.

¿Cuál ha sido el impacto de la violencia generada por los cárteles de la droga?

—Ha habido un impacto muy real en las comunidades, en la interrupción de servicios. Acabo de estar en Tamaulipas, un día después de una jornada muy violenta, las escuelas dejaron de funcionar, por ejemplo. Estamos particularmente preocupados de que la violencia está irrumpiendo en los servicios sociales básicos de las comunidades y está dificultando acceder a ellos.

México no es un país en guerra, pero su crisis humanitaria, ¿se puede comparar con otros países que sí están en guerra?

—Yo no lo compararía, pero lo que sabemos es que la violencia o alguna de sus demostraciones, ocurra en situaciones de guerra o de criminalidad, tienen las mismas consecuencias para las personas. Nuestra preocupación en México, nuestra propuesta básica al gobierno mexicano, es que derivado de que nosotros tenemos una fuerte experiencia en situaciones de guerra y que algunos de los impactos son los mismos, podría considerar algunas de las respuestas que hemos planteado.

¿Puede mencionar ejemplos?

—El impacto que tiene la guerra en la desaparición, el desplazamiento de personas, la ruptura de las comunidades son los mismos problemas tanto si la violencia está derivada de la guerra, es instigada o si es generada por un conflicto entre el Estado y los cárteles del crimen. Nuestra preocupación es por el impacto humanitario que, en muchos aspectos, es el mismo. Por ello, algunas de las “recetas” y prácticas que tenemos son las mismas y pueden traducirse a una situación como la de México, es un contexto que ocurre en otros lugares del mundo.

¿Cuáles son las principales preocupaciones del Comité Internacional en México?

—Hace tres años iniciamos un muy cauto diálogo con las Fuerzas Armadas mexicanas, la Marina y el Ejército, [sobre] el uso de la fuerza en contextos en los que las Fuerzas Armadas mexicanas, cada vez en mayor medida, están siendo llamadas a participar para labores de seguridad pública.

Pero no es la situación ideal...

—Ciertamente no lo es, pero alcanzar una situación ideal no es mi principal preocupación, sino que necesitamos asegurar que sea dentro del marco de la ley. La idea es siempre encontrar el equilibrio entre seguridad y protección. Esta es una conversación que hemos sostenido de manera confidencial con el Ejército y lo que puedo decir es que hemos encontrado mucho interés y una respuesta positiva de las Fuerzas Armadas mexicanas.

¿Cuál es su recomendación? ¿El Ejército debería regresar a los cuarteles?

—No nos podemos pronunciar en ese tema porque es un asunto político, lo que podemos decir es que si el poder político en un país le da un papel de este tipo al ejército, debe ser dentro de un marco legal que contemple el uso de la fuerza, que las personas sean detenidas y transferidas a las autoridades civiles y que esto ocurra según las mejores prácticas y procesos establecidos. Nuestra preocupación es que, si esto ocurre, que este papel, los protocolos y regulaciones aseguren que las personas sean protegidas de la mejor manera posible en cuanto al uso de la fuerza. Que los principios más importantes sobre el uso de la fuerza, como proporcionalidad, precaución y diferenciación sean utilizados desde combatir a un grupo del crimen organizado hasta otras situaciones; cómo se inscriben en los manuales (de actuación). Porque al final, la protección de los civiles depende mucho de cómo las Fuerzas Armadas interpretan su papel y la forma en la que son entrenados para cumplir estas medidas.

¿Esta situación es irreversible? ¿Llegaremos a verla como una situación natural?

—No sé si lo sea, lo que he visto es que un creciente número de países que se enfrentan a grupos criminales altamente armados, terroristas y redes criminales están dando estos mandatos a sus ejércitos. No estoy diciendo que sea bueno, malo ni irreversible, pero vemos que está pasando y que si ocurre sin la necesaria instrucción, veremos más problemas que si los tuviera.

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