Funcionarios

del gobierno federal respondieron a preguntas de indocumentados mexicanos en Estados Unidos afectados por la cancelación de DACA -dreamers-. La mayoría, a través de videollamadas, preguntó sobre las alternativas educativas y laborales a las que pueden acceder en caso de una deportación. El foro, que se llevó a cabo en el auditorio del Museo Tamayo de la Ciudad de México, reunió a representantes de Segob, se la SRE y de la SEP .

Salvador Jara Guerrero, subsecretario de educación superior, dijo que en la SEP "estamos bien preparados". Estima que 200 mil dreamers están en la etapa de recibir educación superior. Aclaró que este grupo llegaría dividido durante los próximos tres años, por la vigencia de DACA, en colectivos de 67 mil personas. Jara enfatizó que en México hay 4 millones de estudiantes universitarios y que las instituciones sí tienen la capacidad para recibir a 67 mil alumnos más en periodos de doce meses.

Respecto a la asesoría jurídica que requieren los dreamers mexicanos, Juan Carlos Mendoza, director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) adscrito a la SRE, explicó cómo funciona la aplicación para teléfonos móviles MiConsulmex. El también ex cónsul en los Estados Unidos mostró que, al abrir la app, esta despliega un botón de emergencia para que mexicanos entren en contacto con los consulados más cercanos. La idea, señaló, es que los usuarios reciban asesoría personalizada e inmediata.

Mendoza se dirigió a los dreamers que estaban conectados via internet aclarando que una deportación conlleva problemas independientemente de los programas implementados. No van a llegar "al país de las maravillas", afirmó. En una de sus intervenciones, Mendoza apuntó lo siguiente:

"Yo diría algo que es muy importante, nosotros vivimos en un país que se llama México, un país subdesarrollado donde hay un problema serio de pobreza extrema, de desempleo y esa es la razón por la que la mayoría de nuestra gente se fue -a EU-. No esperemos que vayan a regresar a un país diferente, nosotros no somos un país desarrollado".

Guillermo Lerdo de Tejada, coordinador de asesores del secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, manifestó que si bien los dreamers enfrentan un panorama difícil, en el gobierno federal "sí hay una política integral". Esto después de que el periodista Joaquín López Dóriga, uno de los moderadores del foro, criticara que los esfuerzos para apoyar a los dreamers son aislados y del dominio de cada una de las dependencias.

El representante de Segob puso como ejemplo de política integral la creación del sitio web www.inm.empleolisto.com.mx, una plataforma que integra la bolsa laboral de la Secretaria del Trabajo (ST) con ofertas de la iniciativa privada. Sugirió a los dreamers consultar los empleos disponibles ante una eventual situación de emergencia.

Hacia el final del evento, la diputada y excandidata presidencial Cecilia Soto (PRD) hizo un llamado al gobierno federal para que se incluya en el Presupuesto de Egresos correspondiente a 2018 una cuota específica para intensificar los trabajos de apoyo de la SRE. Argumentó que a los viajeros extranjeros se les puede cobrar 10 dólares al momento de ingresar al país y así fortalecer los programas dirigidos a dreamers.

Voces de la sociedad civil, especialmente del Colectivo Deportados Unidos en la Lucha (DUL) y de la organización New Comienzos criticaron el desempeño gubernamental relacionado con la protección de repatriados indocumentados. Ana Laura López, coordinadora de DUL y deportada a México en septiembre del año pasado, dijo que los mexicanos que regresan al país solo reciben una bolsa con artículos para el aseo personal. Añadió que solo la Ciudad de México ofrece un seguro por seis meses a los deportados, pero que una vez fuera del aeropuerto, los mexicanos enfrentan sin apoyo su situación.

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