CNDH ve situaciones de riesgo en cárceles del Edomex

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobernador del Estado de México porque en nueve prisiones persiste el autogobierno, hacinamiento y la sobrepoblación
07/11/2017
11:03
Dennis A. García
Ciudad de México
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El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación al gobernador del Estado de México por la persistencia de situaciones de riesgo en nueve prisiones.

En la Recomendación M-6/2017, el Mecanismo señala que en los Centros Preventivos y de Readaptación Social (CERESOS) ubicados en Almoloya de Juárez, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, Otumba, Texcoco, Tlalnepantla de Baz y Valle de Bravo, persiste el autogobierno, hacinamiento y la sobrepoblación.

Explicó que esa situación genera que los internos tengan el control de los penales, lo que genera un ambiente de violencia al interior de los centros, extorsión, tráfico de sustancias prohibidas y cobro por privilegios.

Se constató que falta personal en los penales, hay deficiencia en servicios médicos, faltan alimentos y los que dan son de mala calidad, ausencia de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o de eventos violentos, malas condiciones de mantenimiento e higiene en dormitorios, instalaciones sanitarias, cocina y área médica, así como falta de espacios exclusivos y adecuados para mujeres.

“Solicita atender aspectos relacionados con instalaciones inapropiadas, sobrepoblación y hacinamiento, autogobierno, deficiencias en instalaciones para mujeres, alimentación inadecuada, falta de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y deficiente clasificación y normatividad en dichos centros dependientes de la Secretaría de Seguridad de esa entidad”, sostuvo.

Mencionó que del análisis de la información que obtuvieron de las visitas a los lugares, se constató que continúan aplicando disposiciones anteriores a la Ley Nacional de Ejecución Penal.

“Se deben actualizar y adecuar a los principios y derechos consagrados en la Constitución General y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como a los más altos estándares contenidos en los instrumentos en materia de protección a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok”, dijo.

ahc

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