Sancionan a servidores; juez ejecutado los acusó

Judicatura destituyó e inhabilitó por 20 años a juez, a su esposa y a una actuaria, informan
El juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías fue asesinado el 17 de octubre de 2016, por un hombre que se le acercó por la espalda y le disparó (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
26/10/2017
02:01
Diana Lastiri
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Antes de morir, el juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías logró que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigara a su antecesor Jorge Arturo Porras, a su esposa y a una actuaria, quienes trabajaban en el mismo juzgado en Toluca.

Ayer, la Judicatura destituyó e inhabilitó por 20 años para ocupar cargos a los tres señalados. Hasta el momento no existe una denuncia penal en contra de los presuntos inculpados.

Bermúdez Zacarías fue asesinado hace un año en Metepec, Estado de México, pero cinco meses antes denunció que estos funcionarios cometían irregularidades.

El juez Bermúdez había iniciado un procedimiento en contra de Porras, su antecesor en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, Estado de México.

También incluyó a Ana Lilia Coyote Colín y Mayumi Guadalupe Sánchez Torres, ambas actuarias del Juzgado Quinto y la segunda de ellas, esposa de Porras, en la investigación que realizó la Comisión de Disciplina desde mayo de 2016, derivado de la denuncia del juez Bermúdez Zacarías.

Desde el 28 de marzo de 2017, los tres funcionarios fueron suspendidos y se determinó que existían elementos suficientes para acreditar que cometieron usurpación de funciones y falta grave contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Los tres se ostentaban como actuarios para acudir al Centro Federal de Readaptación Social de El Altiplano a “notificar” a reos que no tenían causas penales en los juzgados de su adscripción.

Por ello, se les impuso la destitución e inhabilitación por 20 años para ejercer cualquier cargo público, decisión que según el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aún no es firme, pues la pueden impugnar.

No existe denuncia penal en contra de ninguno, puesto que el CJF debe esperar a que la resolución del pleno sea inatacable para, en su caso, acudir ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que la dependencia investigue.

En noviembre de 2016, el CJF suspendió al antecesor del juez Bermúdez porque mintió sobre las visitas ilegales que realizaba su chofer a los internos del penal de El Altiplano.

En mayo pasado, el CJF inició también el procedimiento disciplinario número 12/2017 en contra de Alejandro Coyote Colín, chofer del juez Decimoprimero de Distrito en el estado de Veracruz.

“[Arturo Porras] faltó a la verdad al manifestar que el chofer adscrito al juzgado de Poza Rica no había gozado de permiso para ausentarse de sus labores, y con ello intenta encubrirlo, con la pretensión de entorpecer, contaminar o dificultar la investigación”, señaló entonces el CJF.

“El chofer debía desempeñar sus funciones en el órgano de su adscripción, pero en diversas fechas de junio de 2016 ingresó al Cefereso del Altiplano a realizar diligencias de notificación en sustitución de dos actuarias adscritas al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Toluca”.

Porras fue titular del Juzgado Quinto hasta marzo de 2016, mes en el que fue reemplazado temporalmente por Bermúdez Zacarías, quien al detectar las irregularidades cometidas, presentó una queja ante el CJF. Bermúdez Zacarías fue asesinado el 17 de octubre de 2016.

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