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La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados prevé debatir hoy y, en su caso, aprobar con el apoyo del PRI y sus aliados la Ley de Seguridad Interior que busca darles certeza jurídica a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que el país y las Fuerzas Armadas “no aguantan” que los legisladores sigan posponiendo la aprobación de esta ley por cuestiones electorales y se siga guardando en un archivo.

Dijo que no hay obligación de que se apruebe de manera paralela la Ley de Seguridad Interior y la de Mando Mixto.

“El llamado que hicieron los militares el 20 de noviembre es muy doloroso porque, entre otras cosas, tienen razón, o sea, no aguantan que sigamos posponiendo esta ley. Hay que tener una ley o hay que saber que no la vamos a tener aquí, pero el Congreso no se lo puede seguir guardando en un archivo, tiene que ponerlo sobre la mesa y votarlo”, dijo.

En contra. Por su parte, diputados del Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC) adelantaron su voto en contra de la Ley de Seguridad Interior y mantuvieron su posición de avalar el mando mixto de manera conjunta. En tanto, MC considera que con esta ley se estaría militarizando al país.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el panista Marko Cortés, dijo que si no se aprobaba la minuta del Senado sobre mando mixto de la policía en los estados no habrá condiciones para discutir este jueves la Ley de Seguridad Interior.

Advierten organismos de derechos humanos. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó que una ley no puede hacer explícita la violación a los derechos humanos, promover la ilegalidad o contravenir la Constitución.

En un posicionamiento, dijo que la ley debe tener contenidos que sean respetuosos con la dignidad humana, del marco jurídico vigente y encuadrarse en una política integral que incida positivamente en los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país desde hace más de 10 años.

Aseguró que de aprobarse sólo contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las fuerzas armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad y la propuesta no establece en forma expresa la forma como se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos con el amplio espectro.

Por separado, nueve organizaciones no estatales de derechos humanos de Estados Unidos, América Latina y Europa instaron ayer a la Cámara de Diputados a rechazar esta ley porque validaría la participación de las fuerzas armadas mexicanas en tareas de seguridad pública, establecería un “precedente sumamente negativo” en los países latinoamericanos y un “efecto de militarización”. Con información de Pedro Villa y Caña y José Meléndez, corresponsal

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