“Casi 90% de agresiones al gremio no se castigan”

Veracruz, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, los estados en los que la situación es más preocupante, asegura
ARCHIVO EL UNIVERSAL
15/10/2017
02:14
Julián Sánchez - enviado
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Las agresiones contra comunicadores derivan en una autocensura, que a su vez crea una zona de silencio que afecta a todos los ciudadanos, porque los priva de conocer información relevante, subraya Rodrigo Santiago, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, quien afirma que mientras no haya castigo para los responsables de los homicidios cometidos contra integrantes de ese sector, la impunidad será caldo de cultivo y continuarán los homicidios.

El funcionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destaca, en entrevista con EL UNIVERSAL, que muestra de la impunidad que existe es que de un análisis de 170 averiguaciones previas de homicidios, desapariciones y atentados contra ese gremio, “encontramos que 90% de estos casos no se castigan. Sólo en 10% existe una sentencia condenatoria contra el agresor”.

Precisa que este resultado es parte de lo que se señala en una recomendación de la CNDH emitida el año pasado. En esta se hace un llamado enérgico a las autoridades de los gobiernos federal y de las entidades para que implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios.

Resalta que en México, considerado un país peligroso para ejercer el periodismo en América, “han surgido inercias en los aparatos gubernamentales como respuesta a las susceptibilidades producidas por la crítica u opinión emitida desde la actividad periodística, acciones u omisiones que amenazan el ejercicio pleno de la libertad de expresión, que se traducen cada vez más en frecuentes violaciones a los derechos humanos que se realizan de forma directa e indirecta”.

“Entre las primeras destacan transgresiones a los derechos de seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, libertad, legalidad, propiedad y posesión, las cuales, en su mayoría, quedan impunes por omisiones del Estado en la integración de las indagatorias correspondientes”, especifica.

¿A qué se debe esta situación en torno a la violencia contra periodistas?

—Lo hemos mencionado. El gran problema que enfrenta el país es el tema de la impunidad, en específico sobre agresiones. En la recomendación 24 del año pasado, hicimos un análisis de más de 170 averiguaciones previas con homicidios, desapariciones y atentados a medios y encontramos que 90% de estos casos no se castigan. Sólo en 10% existe una sentencia condenatoria contra el agresor. Es decir, hay 90% de impunidad.

Mientras no se acabe y revierta la impunidad, si no se sanciona, estas cosas seguirán ocurriendo. La impunidad es caldo de cultivo, es una invitación a los agresores a seguir cometiendo delitos.

¿En cuáles estados registran ustedes mayor impunidad?

—Nosotros tenemos un recuento de los casos y hay algunas entidades donde, efectivamente, la situación es aún mas grave: Veracruz, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca. Es donde hay una situación de mucho más preocupación, porque ahí se concentran casi mas de la mitad de los homicidios, es en esas entidades donde deben trabajar los tres órdenes de gobierno (federación, estados y municipios) para prevenir, eso nos debe llamar la atención para hacer más trabajo.

¿En cuáles entidades se ha trabajado más sobre el problema referido?

—Creo que el trabajo se tiene que hacer en todo el país. Hace poco hubo, como consecuencia de los homicidios que se registraron en Chihuahua y Sinaloa, trabajo con el objetivo de crear unidades especiales de atención a periodistas en estados, eso es algo que se debe seguir fortaleciendo para que no existan casos.

¿Cómo se han abordado en la CNDH las agresiones a periodistas por parte del narcotráfico?

—En muchos casos los periódicos agredidos se dedican a cubrir temas de narcotráfico y nota roja, pero el trabajo de la comisión no sólo se limita a estos casos. Hay también la cobertura de situaciones de riesgo en las que las agresiones no sólo impactan a una persona, sino también a los demás periodistas y a la sociedad en su conjunto.

Un periodista agredido o asesinado tiene efecto de autocensura en los demás periodistas, cuando advierten que por cubrir determinada información, como narcotráfico, corrupción o nota roja, lo agreden o asesinan. Eso implica, o tiene como consecuencia, que en una región ya no van a cubrir esos temas ante el temor de sufrir una consecuencia similar.

Entonces las agresiones generan autocensura en comunicadores y se crea una zona de silencio que afecta a todos, porque la sociedad en su conjunto se ve privada de conocer información relevante.

¿Qué medidas se deben implementar?

—Primero, una mejor investigación de las agresiones, que las procuradurías y fiscalías tengan personal con los conocimientos técnicos, académicos, con las capacidades periciales adecuadas para poder atender cualquier agresión, amenaza e intimidación, y se aborden eficazmente casos más graves, como desapariciones y homicidios. Que los servidores públicos tengan conocimientos específicos y, como principal línea de investigación, conocer la labor del periodista, porque si no hacen investigación relacionada con esto, su trabajo no arrojará resultados.

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