UNAM: personal de PGR no está listo para fiscalía

Su base laboral es "sólida", pero requiere incentivos, señala estudio; pide establecer mecanismos de ese tipo en ley que discutirá Senado
El estudio de la UNAM detalla que el problema no es si el procurador Raúl Cervantes u otro perfil ocupará la fiscalía, sino qué estructura tendrá ésta. FOTO: ARCHIVO EL UNIVERSAL
13/09/2017
02:01
Manuel Espino Bucio
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El personal de la Procuraduría General de la República (PGR) está poco preparado para las tareas que implicará la nueva Fiscalía General de la República (FGR), en operación a partir del próximo año, señala un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin embargo, destaca el documento Criterios Orientadores para el Diseño del Proyecto de Ley de la FGR, elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la dependencia cuenta con una base humana “sólida”, conformada por más de 20 mil personas, que podría ser incentivada cuando su desempeño en la materia sea sobresaliente y, al mismo tiempo, sancionada en aquellos casos con resultados deficientes.

Para ello, propone la institución en su análisis realizado en 2016, se deben establecer mecanismos en la Ley de la Fiscalía General de la República, la cual será próximamente discutida por el Senado de la República.

“Suponer que la Fiscalía General de la República deba erigirse sin resquicio alguno de lo que fue [y seguiría siendo] la PGR implicaría echar a andar las tareas inherentes a la nueva institución con personal que tendría muy poca o nula experiencia real en la materia”, subrayó.

Esta semana EL UNIVERSAL publicó que los ex procuradores, Sergio García Ramírez, Diego Valadés y Rodolfo Félix Cárdenas coincidieron en que la prioridad en este momento no es quién deba estar al frente de la Fiscalía General, sino la creación de una institución que dé resultados en el combate a los delitos y la impunidad.

Señalaron que antes de designar a la persona, los legisladores deben establecer el andamiaje jurídico con el que operará el órgano que será independiente del Ejecutivo federal, pero estará obligado a rendir cuentas a los tres poderes de la República.

Advirtieron que de ello dependerá el combate a la impunidad y a los delitos que más aquejan a la sociedad.

El estudio de 61 páginas expone que aunque la PGR ha perdido la confianza de la ciudadanía, la construcción de la Fiscalía General deberá emprenderse con base en los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales con los que cuenta actualmente la dependencia.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM) destacó que resultaría económicamente inviable sostener a dos instituciones encargadas de la procuración de justicia durante un periodo de transición indefinido, que respondiesen a sistemas procesales distintos.

Recomendó revisar durante el proceso de transición de procuraduría a fiscalía las experiencias exitosas de otros organismos autónomos que para su creación, “aprovecharon adecuadamente los recursos existentes de las instituciones que les precedieron”.

En entrevista, el titular del IIJ-UNAM, Pedro Salazar Ugarte precisó que uno de los principales hallazgos del estudio es que la PGR tiene serias deficiencias en la Policía Ministerial y en el Ministerio Público, para operar el nuevo modelo de justicia.

“Ahí tenemos un problema de capacitación y un déficit de capacidades, lo cual es muy relevante porque contar con policías capacitadas es una condición necesaria para que un modelo de procuración como el de la Constitución pueda funcionar”, refirió el académico.

Además de la capacitación, consideró el investigador, la Procuraduría General de la República requiere de un servicio profesional ministerial, con el que no cuenta actualmente y que es fundamental para consolidar la operación del nuevo sistema de justicia acusatorio.

“Así como existe un servicio profesional electoral y un servicio exterior mexicano, necesitamos tener un buen servicio profesional en el ámbito de la procuración de justicia y eso supondría exámenes de ingreso, capacitación, exámenes para ascender en la carrera, una serie de incentivos que motiven que los policías ministeriales y Ministerios Públicos quieran prepararse”, dijo.

Ante este panorama, Salazar Ugarte pidió a los legisladores aplazar la aprobación de la Ley de la Fiscalía General de la República.

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