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Luz María Zarza Delgado, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que serán los suplentes de regidores y síndicos del municipio de Coacalco quienes asuman las funciones de los destituidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente municipal será elegido por el Congreso mexiquense, de una terna enviada por el gobierno estatal.
“Debe ser una propuesta que entregue el Ejecutivo estatal en breve, para no dejar encargados ni acéfalo. Especialmente el tiempo en que resolvió la SCJN, pues está por concluir la administración, porque de ser al principio entonces está contemplado en la ley llamar a una nueva elección, pero sólo queda un año de funciones”, precisó.
El suplente del presidente municipal puede asumir las funciones, aunque muchas veces éste renuncia a su derecho y es así que el gobernador debe mandar tres opciones, para que los diputados seleccionen al mejor cuadro.
Esta condición, dijo, se convertirá en una cadena, toda vez que son muchos los municipios mexiquenses que no cuentan con recursos para cubrir adeudos que muchas veces no tienen fundamento, sino provienen de juicios corruptos promovidos por administraciones pasadas.
“Son localidades que están quebradas y por más que las autoridades jurisdiccionales los quieran presionar, van a estar destituyendo funcionarios, uno tras otro, es como sacarle sangre a una piedra, no da el presupuesto para pagos brutales”, consideró la especialista.
Platicó que como ex consejera jurídica del gobierno mexiquense del sexenio pasado, en la administración de Eruviel Ávila Villegas, conoció algunos de esos temas, deudas millonarias impagables y para cubrirlas el ayuntamiento tendría que dejar de dotar de servicios básicos para pagar a una sola persona que demanda prestaciones que crecieron la deuda a lo largo de los años.
Consideró la importancia de buscar alternativas de solución a estos casos, ya que la resolución actual genera jurisprudencia, “al rato los jueces van a destituir cabildos completos”, por lo que amerita quizá una reforma a la ley.
“Muchas administraciones municipales antes de concluir acreditan a uno de sus ‘cuates’ un sueldo estratosférico, documentan el despido, generalmente muy difícil de comprobar, y después de irse demandan, incluso puede que el mismo gobierno evite responder por el despido injustificado; el que llega a tomar posesión en lo que se acomoda, conoce los casos, éste se va haciendo grande hasta ser millonario”, apuntó.
Zarza Delgado afirmó que al heredar estos juicios que se alargan hasta seis años, muchos alcaldes regresan a repetir en el gobierno y se encuentran los mismos asuntos pendientes que ellos mismos promovieron dos trienios anteriores.
“Significan daños graves a las arcas, porque los juzgados van incrementando las penas creyendo que en algún momento van a pagar algo, pero muchas veces implica dejar de prestar servicios como la recolección de basura, electrificación, incluso son casos que se pierden por la poca pericia de los abogados de los ayuntamientos o por corrupción, pero es dinero de los ciudadanos que será destinado a estos pagos”.
