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En la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) el blindaje electoral que operará previo al proceso que se realizará el próximo 1 de julio de 2018 está listo, señaló David Garay Maldonado, abogado general y comisionado para la Transparencia de esa dependencia.
Al instalar la Sesión Ordinaria 2017 del Comité Jurídico de la Sedesol, planteó: “Estamos preparados para los 3 mil 406 cargos de elección popular que se llevarán a cabo el próximo 1 de julio del año 2018. Por ello, será muy importante escuchar y poder tener un diálogo constructivo para ver cómo llevar de mejor manera lo que se ha denominado blindaje electoral”.
En la sesión, recordó que en los cuatro procesos ordinarios y dos extraordinarios que se llevaron a cabo este año no hubo carpeta de investigación que se abriera o procedimiento administrativo disciplinario contra algún funcionario de la secretaría, “lo que significa que el blindaje electoral en estos procesos que se llevaron a cabo en 2017 fueron a cabalidad, sin involucrar a los programas sociales”.
La dependencia tiene entre sus programas 14 alternativas de apoyo que están dirigidas a combatir la pobreza, la atención de adultos mayores, de migrantes, de estudiantes y la alimentación de niños, entre otros.
Ante funcionarios federales y especialistas jurídicos, el abogado general de la Sedesol indicó que durante la presente administración, los esfuerzos de la secretaría se han enfocado a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas más vulnerables, mediante el combate a las carencias sociales, para contribuir a consolidar una sociedad más equitativa.
“Es indiscutible la importancia de las áreas que brindan apoyo jurídico a las distintas unidades y órganos administrativos desconcentrados de las dependencias, así como a las entidades paraestatales del sector, que en su conjunto integran este comité jurídico”, dijo.
Al tomar la palabra, Filiberto Ibáñez Juárez, coordinador general de asesores de la Secretaría de Desarrollo Social, señaló que la operación de la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) y su fundamento jurídico, tiene como objetivo garantizar el buen funcionamiento en beneficio de las familias más vulnerables, mediante la coordinación eficiente de autoridades de los tres órdenes de gobierno.
