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La senadora Martha Tagle Martínez, sin bancada , llamó a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promueva una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de detener la aplicación de la objeción de conciencia, por parte del personal médico y de enfermería de los servicios públicos de salud , ya que causaría más muertes por abortos clandestinos.
La disposición fue aprobada por el Senado y enviada al Ejecutivo para su promulgación, y de acuerdo con Tagle Martínez, será perniciosa para las mujeres sin recursos y que al acudir a instituciones de salud, los médicos no quieran prestar servicios de interrupción de embarazos, pese a que se deba a causales legales, como es la violación.
A la postura del presidente de la Comisión de Salud, Salvador López Brito (PAN), quien señala que no habrá aumento de abortos clandestinos y, en consecuencia, un incremento en el número de fallecimientos de mujeres por esta causa, Tagle dijo que la forma en que quedó redactada la reforma abre ese escenario.
"En la Constitución de Ciudad de México está reconocida la objeción de conciencia, pero se pone por delante el derecho a la salud y que la institución pública preste el servicio a la salud a las personas".
En cambio, la reforma "privilegia la objeción de conciencia y además no establece ningún tipo de mecanismo para que médicos y enfermeras se declaren objetores".
Tagle recordó que "hemos insistido en que se tenga un Padrón de Objetores para que no a la mera hora, una persona se convierta en objetor cuando estas solicitando un servicio médico".
La senadora acusó que la aprobación de la reforma a la Ley General de Salud fue un albazo legislativo. Dijo que el tema avanzó en cuestión de días, a partir de una reunión del aspirante presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, con representantes del Frente Nacional por la Familia.
Un día después de esa reunión, agregó Tagle, se reúne la Comisión de Salud en la tarde, y este jueves, entra al pleno y de inmediato sube para ser votado, con una prontitud que contrasta con una agenda legislativa prevista que no avanza.
La legisladora afirmó que este es un asunto en el que el Senado sirve a fines político electorales, pues Meade busca beneficiarse y no es posible que los legisladores "nos prestemos a eso".
LLAMADO A LA CNDH
En entrevista, Tagle dijo que "es muy importante promover que quien tiene la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad en este tema, la CNDH, pueda recurrir a la Corte".
Hubo varias violaciones, desde la parte procedimental, en la aprobación de la reforma, que contraviene varios de los artículos constitucionales, dijo, por lo que "me parece que ahí hay suficiente materia para que la CNDH pueda presentar una Acción de Inconstitucionalidad.
Señaló que desde el poder Legislativo "no tendremos la posibilidad de hacerlo, porque se requiere un tercio y los votos no nos darían para poder hacerlo".
La forma en que avanzó el tema, "llama a la sospecha, porque es una iniciativa que viene presentada desde 2016, por el Partido Encuentro Social que ya había sido discutida y aprobada desde hace más de un año, en la Cámara de Diputados, y de repente le dieron mucha celeridad aquí en el Senado de un día para otro".
Dijo que esto "casualmente coincide con una reunión del candidato del PRI (José Antonio Meade Kuribreña) con una organización conservadora con tintes religiosos, que es el Frente Nacional por la Familia".
Agregó: "Justamente un día después, en el Senado se acelera todo, la Comisión de Salud sesiona a las 15 horas, aprueba de inmediato y al otro día dispensan todos los trámites y se aprueba en el pleno".
La legisladora acusó que "sin duda, (esta rapidez y pasar sobre el procedimiento) tiene que ver con un asunto político electoral, porque están buscando el apoyo de ese tipo de organizaciones para su candidato".
Es lamentable que en el Senado --dijo-- nos prestemos a eso porque violentamos lo que dice el Reglamento y queda en entredicho el papel del Legislativo, si estamos para aprobar los acuerdos que se tomen entre los políticos en tiempos electorales.
Afirmó que la reforma "puede ser muy perniciosa para las mujeres en particular. Muchos médicos que no quieren prestar servicios de interrupción legal del embarazo en las causales que están establecidas en las leyes, por ejemplo en casos de violación".
No quieren incluso prestar sus servicios en procedimientos más básicos, con pretexto de que podrían ser perseguidos por el Ministerio Público. Muchas veces nos hemos topado con eso en los sistemas de salud.
Pero además, este tipo de médicos, son objetores en los servicios públicos, pero en sus consultorios privados no.
