Organizaciones de derechos humanos de EU aconsejan no aprobar Ley de Seguridad Interior

Once organizaciones estadounidenses de derechos humanos se pronunciaron en contra de Ley de Seguridad Interior y aconsejaron al Congreso de la Unión a no aprobarla debido a que afirmaron resultaría en la militarización de México y normalizaría la participación de las fuerzas armadas en labores policiales , además de poner en peligro las reformas en derechos humanos aprobadas en el país en los últimos años.

En un comunicado en conjunto, las organizaciones encabezadas por Amnistía Internacional (AI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) indicaron que han documentado las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia del despliegue de militares en las calles y el uso sostenido de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada en México.

“Hemos documentado los retos que enfrenta el sistema de justicia civil para investigar y sancionar los abusos cometidos por la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad , incluyendo fuerzas armadas, así como la impunidad que prevalece en la mayoría de estos casos”, señalaron.

En este sentido, las organizaciones indicaron que el Estado mexicano debe atender las exigencias de las organizaciones sociales que demandan reformas para profesionalizar la policía en todo el territorio y garantizar una Fiscalía y un fiscal general autónomos, “capaces de investigar delitos y violaciones a derechos humanos. El fiscal y la Fiscalía son herramientas necesarias para acabar con la impunidad generalizada en el país”.

Recomendaron que el debate sobre eventuales cambios en las normas que regulan la seguridad pública debe estar precedido por la presentación de un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública en estrecha correlación con la profesionalización de la policía a todos los niveles.

“Aprobar la Ley de Seguridad Interior o formalizar estrategias de seguridad militarizadas en el país sentarían un precedente sumamente negativo en América Latina y, al mismo tiempo, pondrían en peligro las importantes reformas en materia de derechos humanos que han sido aprobadas en México, incluidas la reforma del sistema penal acusatorio del 2008, la reforma de derechos humanos del 2011 y la reforma del 2014, que restringió el alcance del fuero militar estableciendo la investigación y el juzgamiento por parte de la jurisdicción civil de violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas armadas en contra de civiles”, agregaron.