justiciaysociedad@eluniversal.com.mx

No hay fecha para que comparezca el ex fiscal de delitos electorales Santiago Nieto Castillo ante la Junta de Coordinación Política del Senado, quien pedirá a la Procuraduría General de la República (PGR) una explicación sobre su destitución del cargo el pasado viernes. 
Incluso, la Junta de Coordinación Política no tiene en su agenda alguna reunión con el ex funcionario.

Aunque la dependencia, al mando ahora del subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, argumentó que el cese se debió a que violó la secrecía de una investigación, Nieto expondrá las indagatorias realizadas en el caso del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en su defensa.

Fuentes en su equipo cercano aseguraron que al polémico ex titular de la FEPADE no se le permitió la entrada a las instalaciones de la dependencia, ubicadas en Periférico Sur, media hora después de que el encargado de la PGR dio a conocer su destitución el viernes pasado.

Incluso, afirmaron, no se le autorizó sacar sus objetos personales de su oficina y elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR accedieron al edificio para “llevarse computadoras que contienen información diversa”.

Comentaron que el ex fiscal está “molesto” por la forma en que fue cesado y preocupado por el destino que tendrá la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales inmersa en las elecciones de 2018.

Durante la estancia de Nieto Castillo al frente de la FEPADE se identificaron mapas de riesgo y puntos en los que es recurrente la compra de votos durante las elecciones.

Según el ex funcionario, uno de los programas que mejores resultados dio en las elecciones del año pasado fue el despliegue de Ministerios Públicos móviles, donde los ciudadanos denuncian directamente anomalías de los partidos políticos.

Las fuentes consultada confiaron que este día se expondrá las razones del fiscal ante las fracciones parlamentarias que integran la Junta de Coordinación Política en el Senado.

Con facultades para reintegrarlo. El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales Alberto Nava señaló que los senadores tienen la facultad de restituir en el cargo a Nieto Castillo y para ello necesitan una mayoría simple.

“Las instituciones y su normatividad se ponen a prueba, será interesante que el debate jurídico pueda escapar de la arena política, donde todo se maximiza y no se ve con objetividad”, indicó el experto en derecho penal.

Antes de ser removido del cargo, Nieto Castillo destacó que en lo que va del año la FEPADE cumplimentó 200 órdenes de aprehensión por delitos electorales, de las cuales 74 fueron en Quintana Roo, 38 en Veracruz, 20 en Puebla, 13 en el Estado de México y Nuevo León, respectivamente, nueve en Sonora, ocho en Jalisco, siete en Chiapas, cuatro en Zacatecas, dos en los estados de Baja California, Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán, y una en Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Sinaloa y Tabasco, respectivamente.

En las pasadas elecciones del Edomex, cuatro de cada 10 personas indiciadas por la comisión del algún delito electoral pertenecen al PRI; 39% de los denunciados en dicho proceso son militantes priístas, 18% panistas, 11% integrantes de Morena y 7% perredistas.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses