Muñoz Ledo va por reforma al Congreso

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El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), presentó una iniciativa para que el Congreso de la Unión tenga un nuevo marco normativo y plantea que el Presidente de la República acuda al Poder Legislativo a rendir su Informe de Gobierno.

Propone que para 2024, el próximo titular del Ejecutivo federal asuma el poder el 1 de octubre.

En la iniciativa que consta de 198 artículos, también plantea disminuir a de 56 a 43 las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados; y en el Senado a 30, además, sólo se podrán crear 10 temporales (antes especiales) con vigencia de un año.

Obliga a los 628 legisladores a presentar y actualizar sus declaraciones de interés, patrimonial y fiscal. Detalla que el cargo de legislador es incompatible con cualquier otro empleo, cargo o comisión de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios por los cuales se disfrute sueldo, y también lo es con actividades privadas que tengan relación con las funciones desempeñadas en su cargo.

La iniciativa de Muñoz Ledo, turnada a comisiones, busca acabar con el Informe Legislativo que hacen los diputados y senadores anualmente, que únicamente sirve para la “promoción de los representantes” y significa un dispendio.

De igual forma impulsa un servicio civil de carrera en las dos cámaras del Congreso de la Unión, con el objeto de acabar con los aviadores, promover la profesionalización del trabajo legis- lativo y “evitar que sigan proliferando los criterios discrecionales para la contratación del personal técnico y administrativo, y la generación de plazas que son utilizadas como prebendas para los partidos políticos”.

Pretende eliminar y unificar los centros de estudios en uno solo que en San Lázaro se llamará “Instituto de Investigaciones Parlamentarias” y en el Senado se plantea mantener al Instituto Belisario Domínguez.

Muñoz Ledo incorpora la facultad del Congreso de la Unión para publicar en el Diario Oficial de la Federación los decretos o leyes que no hayan sido observados por el Poder Ejecutivo federal, una vez cumplidos los plazos que marca la Constitución, y así evitar el llamado “veto de bolsillo”.

Además, norma la iniciativa preferente del Presidente y los mecanismos de control constitucional, como lo son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.