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Con la exigencia de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya tiene que dar resultados en materia de seguridad, el pleno de la Cámara de Diputados avaló, sin ninguna modificación, las cuatro leyes secundarias que requería la Guardia Nacional para comenzar a operar.

En su segundo periodo extraordinario, los diputados aprobaron la creación de tres leyes: de la Guardia Nacional, sobre el Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones; también se reformó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los cuatro dictámenes fueron enviados al Presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entren en vigor. En las votaciones en lo general no se alcanzó la unanimidad, pues la diputada sin partido, Lucía Riojas votó en contra y ya en lo particular la secundaron otros legisladores.

El coordinador del PRI, René Juárez, exigió que se garanticen los recursos presupuestales suficientes y oportunos para que la ley no quede en letra muerta; pidió no olvidar el fortalecimiento de las policías estatales y municipales: “El gobierno de la República quería una Guardia Nacional y ya la tiene. Los mexicanos queremos ahora resultados.

“Al país le urge que la Guardia pueda ya desplegarse por todos los lugares del país donde sea necesaria (…) además de que es necesaria por la gravedad del problema que va a enfrentar, pues es la legitimidad política, el consenso político, la unanimidad de todas las fuerzas”, dijo Mario Delgado, líder de Morena.

En la estructura de mando de la Guardia Nacional estará primero el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; luego, el comandante Luis Rodríguez Bucio (mando operativo); coordinador territorial, estatal y coordinador de unidad. Además, la Guardia Nacional tendrá un control parlamentario, pues el Ejecutivo enviará un informe anual al Senado.

En 18 meses quedará disuelta la Policía Federal y todos sus activos se trasladarán a la Guardia.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece la creación del Sistema Nacional de Información, donde todas las instituciones de seguridad de la Federación, estados y municipios almacenarán y proveerán datos sobre detenciones, equipo, armamento y seguridad.

En la Ley de Uso de la Fuerza se señala como regla general que este recurso sólo debe ser usado ante una agresión real, actual e inminente y en las manifestaciones sociales.

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