El Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitieron hoy un pronunciamiento para pedir al Congreso de la Unión comience a construir los acuerdos tendientes a legislar en materia de publicidad oficial.

Dado que el 30 de abril vence el plazo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se legisle en la materia, los organismos autónomos enviaron un oficio a los presidentes del Senado, Ernesto Cordero y de la Cámara de Diputados, Edgar Romo, para solicitar que abran el diálogo y construyan acuerdos de forma plural, incluyente e informada .

“Que las voces de todas las partes interesadas sean escuchadas” y que lo que se legisle propicie mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo y destino de los recursos públicos dedicados a la propaganda gubernamental, establecieron en el escrito, firmado por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, y el de la CNDH, Luis Raúl González.

Sobre el tema, las consejeras integrantes de la Comisión de Quejas del INE, Adriana Favela Herrera, presidenta, y Claudia Zavala Pérez, garantizaron que aun sin legislación regulatoria del artículo 134 de la Constitución el Instituto cumplirá sus facultades y resolverá todas las quejas sobre propaganda gubernamental que se presenten.

Esto porque aunque está prohibida constitucionalmente la propaganda personalizada de servidores públicos, salvo algunas excepciones, existen desde hace una década lagunas legales debido a que no hay ley secundaria en la materia.

Además, en periodo de campañas -que inician el 30 de marzo- empiezan las restricciones a la propaganda gubernamental para garantizar equidad en la contienda sin que haya ley secundaria.

“Con independencia de que la Ley no se emita, hemos resuelto todos los casos como autoridades electorales en los cuales se alega la posible violación a los principios previstos en el artículo 134 de la Constitución, y este Proceso Electoral debe haber plena certeza de que se seguirán aplicando las resoluciones” donde se aleguen irregularidades, dijo Zavala.

Favela Herrera expuso que lo ideal es que el Legislativo acate la orden de la SCJN pero en caso de que no lo hagan, en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE “tenemos que seguir actuando y obviamente vamos a conocer de los actos que nos denuncien de promoción personalizada de servidores públicos con recursos públicos y todo lo que tenga que ver con el artículo 134 constitucional, lo podemos conocer, por lo menos vía cautelar y tenemos que resolver al respecto, con independencia o no de que exista esa regulación”.

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