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El Inai reconoció que la Ley General de Archivos (LGA), aprobada por el Senado, consideró las aportaciones de expertos e integró cambios como la modificación a la naturaleza jurídica del Archivo General de la Nación como un organismo descentralizado no sectorizado de la Secretaría de Gobernación.
No obstante, el Inai identificó áreas de oportunidad: como sentar criterios conjuntamente con las autoridades competentes para resolver sobre los plazos de reserva de archivos históricos con datos personales sensibles.
También recomendó establecer los lineamientos para promover la digitalización de la información; garantizar la interoperabilidad entre los Sistemas Nacionales de Archivos, Anticorrupción y de Transparencia.
Así como asegurar el abastecimiento de información organizada, conservada y actualizada a estos dos últimos sistemas y controlar la vigencia de dictámenes de baja documental.
En un comunicado, el Inai destacó que el artículo 36 se encuentra en sintonía con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información, pues establece que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
Explicó que se agregó al artículo 38 establece que el Inai o, en su caso, los organismos garantes de las entidades federativas, determinarán el procedimiento para los casos de excepción en los que se deba permitir el acceso a la información de un documento con valores históricos que no haya sido transferido a un archivo histórico y que contenga datos personales sensibles.
La ley prevé la obligación de conservar y preservar archivos relativos a violaciones graves de derechos humanos y garantizar su acceso de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
En los casos en que el Archivo General o sus equivalentes en las entidades federativas consideren que los archivos privados de interés público se encuentran en peligro, éstos podrán ser objeto de expropiación mediante el proceso de indemnización.
La ley establece penas de tres a 10 años de prisión y multa de 3 mil a 5 mil veces la unidad de medida y actualización a la persona que dañe o haga mal uso de los documentos.
Será estructurado un Sistema Nacional de Archivos, que será regulado por el Archivo General de la Nación (AGN), que contará con autonomía técnica y de gestión. El AGN será la autoridad en materia de archivos encargada de promover la organización y administración homogénea de los documentos, así como de preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental y salvaguardar la memoria nacional de corto, mediano y largo plazos.
