La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) inició 7 investigaciones por el presunto desvío, con fines político electorales, de apoyos entregados por la ciudadanía para ayudar a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Las investigaciones se han iniciado en 7 entidades contra quien resulte responsable, pero se encuentran denunciados PRI, PAN y PRD, afirmó el fiscal Santiago Nieto Castillo.

Los casos en investigación se encuentran en Juchitán, Oaxaca, por el sismo del 7 de septiembre .

Por el sismo del 19 de septiembre se indaga en Pátzcuaro, Michoacán, donde se ha señalado al PRD, al igual que en Morelos, en donde está vinculado el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado; al PAN, en el caso de Puebla, y al PRI en el estado de México.

Recordó que si bien en este momento no hay candidatos ni precandidatos en disputa, “estamos desarrollando la investigación respecto a la vinculación con partidos”.

De comprobarse, “es lamentable que se utilice electoralmente una desgracia, una tragedia como la que vivimos”, dijo Nieto Castillo.

“También resulta lamentable que exista un discurso que tomando la tragedia como marco se diga que se tiene que eliminar el financiamiento público a los partidos”, agregó.

En realidad “eso lesionaría la equidad y lesionaría nuestra historia constitucional y electoral que parte de la premisa que el financiamiento público tiene que estar por encima del financiamiento privado simple y sencillamente para que se pueda fiscalizar de mejor forma el origen de los recursos”, comentó en entrevista, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Reportó que la Fiscalía recibió videos de parte de la ciudadanía en los que se mostraría supuesto re etiquetado de apoyos o condicionamiento, por lo que las grabaciones se han envidado a peritaje para deslindar responsabilidades.

Nieto participó en el Foro Generación de conocimiento para la construcción de una democracia paritaria, en el Auditorio Héctor Fix-Zamudio, del IIJ de la UNAM, en donde advirtió como riesgos que enfrentan las mujeres de cara al 2018 su utilización para cometer delitos electorales, y ser blanco de violencia política.

Hay, indicó, una feminización de la delincuencia electoral a partir de condicionamiento de programas sociales y uso de listas nominales a cargo de mujeres en las inmediaciones de las casillas.

Por eso llamó a blindar programas sociales pero también a las mujeres, para evitar que sean usadas para cometer delitos electorales; “se trata de una conducta cobarde que hay que denunciar”.

De 254 carpetas relacionadas con condicionamiento de programas sociales para los 4 procesos electorales de este año en estado de México, Coahuila, Veracruz y Nayarit, el 57.1 % de las denuncias están relacionadas con mujeres beneficiarias de Prospera que eran quienes condicionaban el programa a sus compañeras.

Esos casos ya no son de servidores públicos que generan condicionamiento “sino las propias mujeres pobres, beneficiarias o vocales de los programas sociales sobre todo Prospera. Esto tiene que ver con feminización de los delitos electorales”.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses