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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que analiza un estudio para promover una acción de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior aprobada este viernes por el Congreso de la Unión y exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a que formule observaciones a esta norma.

De acuerdo con el artículo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución deben ser ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En un comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos en México recordó que el Ejecutivo tiene esta atribución que se detalla en el articulo 72 de la Constitución y consideró que la seguridad es posible y compatible con el respeto a la dignidad humana, así como a las libertades y derechos que dan sustento a las instituciones democráticas del país.

“Con independencia del estudio que realiza para la promoción de una acción de inconstitucionalidad respecto de la Ley de Seguridad Interior, la CNDH reitera que la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país debe emprenderse bajo un enfoque integral, que partiendo de una lógica preventiva, más que reactiva, se ocupe del conjunto de factores que generan las actividades delictivas, así como del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humano”, señaló.

El organismo indicó que ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte del Poder Legislativo federal, la comisión expresa que si bien le respeta tal determinación, se debe reiterar la preocupación que ha hecho pública porque el contenido de la ley en cuestión contravenga o propicie que se vulneren los derechos humanos de los mexicanos.

La CNDH manifestó que en el proceso de deliberación legislativa para la emisión de esta ley habría sido necesario un espacio de reflexión, en el que no sólo se escucharan planteamientos, sino que también se permitiera el debate libre, plural e informado de posturas y conocimientos sobre el tema, tal y como lo solicitaron expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y organismos protectores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Señaló que la aprobación de Ley de Seguridad Interior en los términos en que fue formulada, no sería acorde al sentido y contenido de la reforma de 2011, debido a que, afirmó: “Genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, así como posibilitar que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”.

Recordó la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos que dijo fue un logro de dimensiones históricas.

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