Advierten a TEPJF de posible fraude electoral

Intelectuales ven riesgo de intromisión oficial; entregan peticiones de proceso limpio al tribunal
Advierten a TEPJF de posible fraude electoral
Porfirio Muñoz Ledo entregó la carta firmada por intelectuales y políticos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (ARIEL OJEDA. EL UNIVERSAL)
10/03/2018
03:20
Horacio Jiménez
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Un grupo de intelectuales y políticos entregaron un documento a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassis, en el que advierten que ante los desvíos millonarios de gobiernos estatales a elecciones, la participación de miembros del gabinete presidencial y la apertura de procesos penales “a modo” contra ex gobernadores, así como las represalias contra funcionarios con autonomía, demuestran la existencia de acciones concertadas hacia un “inminente fraude electoral” para las próximas elecciones.

En el documento, que entregó Porfirio Muñoz Ledo junto a su abogado, Javier Quijano, en la Sala Superior del Tribunal Electoral, se hacen una serie de exigencias mínimas para las elecciones de 2018 y describen que es su menester impedir la complicidad de las autoridades en la defraudación del sufragio público.

“Requerimos instancias electorales autónomas que, de conformidad con el mandato constitucional, nos brinden certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Cada decisión fuera de estos principios merma la democracia”, sentencia el documento.

Por ello, exigieron a todos los partidos políticos y candidatos que cumplan estrictamente la ley y llamaron, de manera responsable, a las entidades involucradas para apoyarse en la sociedad civil de manera permanente, a efecto de desempeñar su papel de garantes de la legalidad.

Entre los intelectuales y políticos que suscriben el documento se encuentran Sergio Aguayo, Eugenio Anguiano, Alberto Aziz Nassif, Bruno Bichir, Cuauhtémoc Cárdenas, Alberto Chimal, Miguel Concha Malo, José Antonio Crespo, Alejandro Encinas, Miguel Eraña, Roberto Eibenschutz, Amalia García, Daniel Giménez Cacho, María Teresa Gómez Mont, José Antonio Guevara y Agustín Gutiérrez Canet.

También Saúl Hernández, Diego Herrera, Eduardo Huchim, Clara Jusidman, Guadalupe Loaeza, Ifigenia Martínez, Mario Melgar, Lorenzo Meyer, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Eduardo Navarrete, Santiago Nieto, Loretta Ortiz, José Agustín Ortiz Pinchetti, Elena Poniatowska, Javier Quijano, Ariel Rodríguez Kuri, Cecilia Soto, Martha Tagle, Margarita Valdés, Ricardo Valero, Salvador Vega y León, José Raúl Vera y Juan Villoro.

Además, las organizaciones no gubernamentales como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Asociadas por lo Justo, Spartium Libertas, Las Reynas Chulas,l ¿Y las Mujeres Qué?, Colectiva Ciudad y Género AC, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C., entre otras, también respaldan el documento.

Los firmantes solicitaron también que se publiquen informes pormenorizados de los gastos de partidos y candidatos por parte de la Unidad de Fiscalización del INE, así como promover acuerdos de civilidad política y sancionar severamente las campañas negras, sin menoscabo alguno de la libertad de expresión.

También solicitan instalar una plataforma digital que permita monitorear en tiempo real los gastos de campaña. Asimismo, coordinar a las autoridades electorales con el Sistema Nacional Anticorrupción y de transparencia para la fiscalización y el uso electoral de programas sociales; así como flexibilizar y transparentar el voto en el extranjero.

Piden investigar el eventual conflicto de intereses por los vínculos entre el candidato de la coalición PRI-PVEM-NA y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y que, de comprobarse, se proceda a destituir al titular. Aunado a ello pide considerar la cancelación del registro de cualquier partido si se comprueba alguna irregularidad.

Los intelectuales explicaron que si sus peticiones fueran desoídas, “nos reservamos el derecho de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

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