ONU critica implementación de “Ley Garrote” en Tabasco

Con una carta firmada por tres relatores especiales y dirigida al Estado mexicano, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó la implementación de la “Ley Garrote” en Tabasco porque vulnera el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.

La misiva critica que el Código Penal de Tabasco fue reformado para castigar con hasta 20 años de prisión a quien impida o trate de impedir, por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas, obstruya el acceso de personal o de maquinaria e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas, en las vías y medios de comunicación.

Aunque los relatores de la ONU reconocieron que con estas reformas se buscó inhibir los actos de extorsión contra empresas privadas y públicas, señalaron que la legislación es muy general y se presta a la criminalización de la protesta ciudadana.

La carta fue firmada por David Kaye , relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; por Clement Nyaletsossi Voule , relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y por Michel Forst , relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

"Recomendamos al Gobierno de su Excelencia reconsiderar si el uso del derecho penal es un medio adecuado para lograr dicho objetivo, tomando en cuenta que tiene como consecuencia la prohibición y criminalización de las protestas sociales", se lee en el documento.

Los relatores consideraron que en este caso, "la intervención penal utilizada es excesiva en sus consecuencias y en su limitación al disfrute de derechos humanos", por lo que invitaron a las autoridades buscar un nuevo camino que sirva para erradicar la extorsión.

Se mostraron preocupados porque, según el Código Penal de Tabasco, la participación de dos o más personas en el impedimento de la construcción de obras públicas "por cualquier medio", agravaría el castigo legal contra los manifestantes:

"El uso de la sanción penal, que es el instrumento punitivo más fuerte, para regular la protesta social de una manera tan general, y con sanciones que pueden alcanzar hasta los 20 años de encarcelamiento es excesivo", señala.

Además, hicieron énfasis en las repercusiones que habrá hacia los defensores de derechos humanos, especialmente a las comunidades indígenas afectadas por la construcción de obras para las que no fueron consultadas previamente.

ed