Niegan proceso en libertad al exgobernador de Puebla, Mario Marín, acusado de tortura contra Lydia Cacho

El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, acusado de tortura contra la periodista Lydia Cacho, continuará preso en el penal del Altiplano, porque una jueza de Distrito de Quintana Roo le negó llevar su proceso en libertad por el riesgo de que se evada de la justicia.

Marín Torres, detenido hace dos años en el puerto de Acapulco , Guerrero, solicitó a la jueza el cambio de la prisión preventiva por nuevas medidas cautelares consistentes en residir en un lugar determinado y acudir al juzgado correspondiente de manera periódica para garantizar su presentación al proceso penal que se le sigue por su presunta responsabilidad en el delito de tortura.

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Sin embargo, en audiencia de revisión de medidas cautelares, la juzgadora rechazó la petición del exmandatario y dio la razón a los fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR) de que llevar su proceso en libertad representaría un riesgo para la víctima y testigos que lo acusan.

En la diligencia, los ministerios públicos, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su delegación de Quintana Roo y de la FEADLE, perteneciente a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) , presentaron pruebas y argumentos de por qué el exmandatario debe seguir en prisión preventiva.

Indicaron ante la jueza que el expriísta representa un riesgo para la periodista Lydia Cacho y testigos, además de que existe un riesgo fundado de fuga, y no cuenta con arraigo en el lugar del proceso, es decir en Quintana Roo.

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Ante los señalamientos de la defensa sobre la lentitud del proceso, los fiscales respondieron que los retrasos en el proceso penal que se le sigue al imputado corresponden a actos procesales de la defensa y la complejidad del proceso penal que se instaura en su contra.

Por lo que, la jueza determinó que Mario Marín Torres debe continuar sujeto a prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

La FGR lo acusa de valerse de las instituciones públicas del estado de Puebla que se encontraban bajo su mando, los cuales utilizó como gobernador, para ordenar la tortura de la periodista Lidya Cacho.

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