“Hubo un vínculo entre autoridades y criminales”

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer ayer su informe sobre el caso Iguala, en el que destacó que en el basurero de Cocula, Guerrero, se incineraron al menos 19 cuerpos, y es necesario determinar si corresponden algunos a los 43 normalistas de Ayotzinapa, y alertó que la indagatoria muestra que el crimen organizado ha tomado algunas instituciones de seguridad.

En una sesión de más de casi nueve horas, el organismo presentó la Recomendación 15VG/2018 sobre la Investigación por Violaciones Graves de Derechos Humanos en el Caso Iguala, de mil 255 tomos y dirigida a 16 dependencias, por los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fallecieron seis personas, 42 resultaron lesionadas y 43 fueron víctimas de desaparición forzada.

Acompañado, entre otros, por José Trinidad Larrieta, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, de ese organismo, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, afirmó que desde el punto de vista de los derechos humanos, Ayotzinapa representa “el momento crítico” que el país vive en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad.

Mencionó las omisiones en las que ha incurrido la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia que, dijo, subestimó el hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos temporales hallados en el basurero, así como los restos encontrados en una bolsa recuperada en el río San Juan.

“El hallazgo de las porciones petrosas de huesos temporales constituiría un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, siendo indispensable realizar los análisis genéticos, a efecto de determinar si dichos fragmentos óseos corresponden a alguno de los estudiantes normalistas desaparecidos”, expuso.

González Pérez enfatizó que la verdad que encontró la CNDH muestra “la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado; la toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad”.

José Trinidad Larrieta Carrasco, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, indicó que hubo “grandes omisiones en las que incurrieron las autoridades”, puesto que la PGR fue la primera instancia ministerial en conocer de los hechos a través del C4, pero demoró en actuar e “hizo investigaciones de escritorio”.

Afirmó que si las autoridades hubieran actuado de manera rápida, pudo haberse evitado la desaparición de los jóvenes registradas la noche del 26 de septiembre de 2014.

Indicó que al momento de los hechos, el C4 de Iguala contaba con 25 cámaras de videovigilancia de las cuales sólo funcionaban cuatro; sin embargo, la información que hay evidencia que las autoridades del estado de Guerrero y la Policía Estatal estuvieron siempre enteradas de la presencia de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

En el informe de la CNDH se menciona que hubo seis camiones que estuvieron involucrados en la desaparición, la teoría sobre la entrega de los estudiantes a Guerreros Unidos, y la participación de El Patrón y El Caminante, dos personajes que se presume habrían decidido el destino de los 43 estudiantes desaparecidos.

González Pérez expresó que la desaparición de los normalistas no es un caso aislado, sino un reflejo de la situación que se vive en diversas zonas del territorio nacional, puesto que “un crimen de las dimensiones del que se presentó en Iguala, sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”.

El presidente de la CNDH mencionó que la recomendación no pone fin a las indagatorias sobre el caso, pero representa un punto de partida para las nuevas autoridades, a quienes les corresponderá “enderezar y continuar las investigaciones penales del caso”.