Por: Marco Rito Palomares

La obesidad es uno de los mayores desafíos en salud pública. Como sociedad, es importante que conozcamos los enormes retos que ésta conlleva para la sustentabilidad del sistema de salud pública, así como los altos costos sociales y económicos para el país, la familia y la persona que la padece. México se encuentra en primer lugar entre los países de la OCDE en obesidad, y en el séptimo en obesidad infantil.

En días recientes se realizó el Congreso Internacional de Investigación sobre Obesidad, en el que se abordó el tema desde diferentes ópticas. El Congreso fue organizado por el Institute for Obesity Research (IOR) del Tecnológico de Monterrey, un instituto de investigación enfocado en estudiar el tema de la obesidad desde la ciencia, mediante la generación de conocimiento científico de frontera.

El IOR ha reunido y analizado datos sobre el padecimiento, que han impulsado al equipo de investigadores, a buscar soluciones innovadoras que mejoren la salud y el bienestar de la sociedad. De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2021: el 72.4% de adultos mayores de 20 años tiene sobrepeso u obesidad: en los últimos 17 años la cifra nunca ha estado por debajo del 63% (2018: 74.6%, 2012: 71.30%, 2006: 69.9%); el 75% de las mujeres adultas y un 69.6% de hombres adultos, viven con sobrepeso u obesidad; mientras que de los niños menores a 5 años el 7.8% la padecen. Además, de los niños de 5 a 11 el 37.4% y en adolescentes entre 12 a 19 años el 42.9% ya tienen sobrepeso u obesidad.

La obesidad acorta el tiempo de vida. Tan solo en México se reduce en 4.2 años, mientras que la esperanza de vida saludable en 4.6 años (entre los países pertenecientes a la OCDE en conjunto se reduce la esperanza de vida en 2.7 años). Además aumenta el riesgo de padecer enfermedades no trasmisibles como diabetes tipo 2, muerte prematura, artrosis, apnea del sueño, problemas respiratorios, cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, mayor riesgo de fracturas y eleva la posibilidad de diferentes tipos de cáncer en páncreas, hígado, riñón, colorrectal, mama, cervicouterino, endometrio, por mencionar algunos.

El sobrepeso provoca que el 9% del gasto en salud en México se destine al pago asociado al impacto de este padecimiento, mientras que, entre los países de la OCDE, la obesidad es responsable en promedio del 70% de los costos asociados al tratamiento de diabetes, 23% al tratamiento de enfermedades cardiovasculares y 9% al de cáncer.

Para frenar este desafío, el IOR impulsa algunas acciones como promover una agenda de política pública al ofrecer información, análisis y propuestas orientadas a ampliar el conocimiento sobre el reto de la obesidad y sus implicaciones sociales y económicas. Tan solo el sobrepeso reducirá el PIB de los países de la OCDE y de los de la UE, en 3.3% en los próximos 30 años; y en ese mismo sentido, México se lleva el primer lugar en términos de la mayor caída del PIB con -5.3%. Brasil -5%, Letonia -4.5% y Japón -1.6%.

Durante el Congreso Internacional de Investigación sobre Obesidad se dio cita un grupo de expositores como Felicia Marie Knaul, Douglas L. Mann, David Kershenobich Stalnikowitz y Antonio Vidal-Puig, expertos en obesidad y sus comorbilidades, quienes compartieron diferentes experiencias para fortalecer la investigación multidisciplinaria sobre obesidad y sobrepeso.

En las ponencias se expusieron ideas como que la obesidad no solo es un problema estético, sino un factor de riesgo de enfermedades sistémicas y que debe ser tratado desde diferentes ángulos y de manera personal, pues cada paciente con obesidad y sobrepeso debe tener un seguimiento específico.

Se destacó también que bajar de peso puede ayudar a controlar diferentes padecimientos como la presión arterial, y otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas ya que los daños a la salud, derivados de la obesidad, tarde o temprano se verán reflejados en quien los padece.

Ante este panorama retador, el IOR a través su Congreso, reafirma la necesidad de impulsar una política pública sustentada en evidencia científica y multidisciplinaria, que involucre al gobierno, a la industria de alimentos, las empresas de base científico tecnológicas, profesionales de la salud y expertos en nutrición, entre otros actores, con el fin de aportar soluciones a esta problemática de manera integral.

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