Desde hace más de cinco décadas, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha emitido al menos 116 pronunciamientos, comunicados y mensajes condenando la violencia en el país, al narcotráfico y fijando posición sobre acontecimientos como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el conflicto en Chiapas a finales de los años 90 y el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Los pronunciamientos han atravesado distintos sexenios y partidos políticos, desde la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz entre 1964 y 1970; el de Ernesto Zedillo, de 1994 al año 2000; los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón; el regreso del PRI con Enrique Peña Nieto, hasta llegar al mandato de Andrés Manuel López Obrador.
Ante el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, la Iglesia hizo un llamado a replantear la estrategia de seguridad. En respuesta, el Mandatario tabasqueño reprochó el supuesto silencio de los sacerdotes en sexenios pasados.
“¿Por qué no actuaron con Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaron las masacres, cuando se puso en práctica el “mátalos en caliente”? ¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso, sea pastor de una Iglesia evangélica o sea sacerdote”, señaló durante su conferencia matutina.
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La primera Carta Episcopal sobre la situación del país, publicada en 1968, hacía un llamado a la reflexión de dirigentes sociales, sectores populares, juventudes, las mujeres y los propios sacerdotes sobre el “desarrollo y la integración del país”.
En 1998, el Episcopado se pronunció por un hecho violento que marcó a la comunidad religiosa: el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido cinco años antes en el aeropuerto de Guadalajara, ya que no se había esclarecido si fue un ataque entre grupos armados o una agresión directa.
Ese mismo año, la Iglesia se pronunció por la “paz y reconciliación en Chiapas”, así como por una etapa hacia un nuevo proceso de paz.
En 2001, después de la transición presidencial con Vicente Fox, el Episcopado emitió una declaración por la visita del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a la Ciudad de México, en la que pidió al Congreso de la Unión escuchar sus peticiones.
“Después de oír los planteamientos del EZLN y de valiosas aportaciones de otros grupos, los legisladores procederán con la responsabilidad y la representatividad que la nación les ha confiado para hacer los cambios constitucionales pertinentes, teniendo en cuenta el bien supremo de la patria”, señaló.
En ese mismo sexenio, los obispos de la Región Pastoral del Noreste se manifestaron contra el narcotráfico y la violencia social, ante el aumento “de ejecuciones civiles, autoridades, exfuncionarios públicos y periodistas”.
“Lamentamos que en las calles de nuestras ciudades, en los ejidos y pequeñas poblaciones se acrecienten los espacios que sirven a lo que se conoce como el narcomenudeo, sean tienditas o domicilios particulares”, alertaron.
Los pronunciamientos contra grupos criminales continuaron en el sexenio de Felipe Calderón. Uno de ellos, emitido por los obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco, el 24 de enero de 2008.
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“En los últimos años se ha recrudecido en nuestra región la violencia causada por organizaciones criminales, distinta a la violencia intrafamiliar y a la violencia causada por la delincuencia común en las calles.
“Esta violencia tiene sus propias características, sus causas y sus circunstancias. Está marcada por la crueldad, por el ajuste de cuentas, por la exhibición de poder y por la intención de intimidar a los rivales y a toda la sociedad”, expresaron.
Ya en el sexenio del exmandatario priista Enrique Peña Nieto, el Episcopado se pronunció en al menos cinco ocasiones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, además, pidió solidaridad con sus familias.
“Al tiempo de expresar nuestra preocupación por toda forma de violencia, corrupción, actividad ilícita, nexos con el crimen organizado e impunidad, hacemos un llamado a las autoridades a redoblar esfuerzos para encontrar a los estudiantes desaparecidos, sancionar a los culpables y hacer prevalecer el Estado de derecho, a fin de garantizar la seguridad y una vida digna a todos los mexicanos y mexicanas”, se leía en uno de los pronunciamientos.
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