El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales , informó que durante su gestión al frente del Poder Judicial de la Federación 36 magistrados y 49 jueces de distrito han sido sancionado por incurrir en irregularidades.

Durante su cuarto informe de labores, Aguilar Morales afirmó que la selección de jueces se rige por rigurosos exámenes de oposición y no por compadrazgos, y que en el caso del robo, filtración y venta del examen para juez de Distrito para el Vigésimo Octavo concurso de oposición se actuó de inmediato.

“Si, en un momento determinado, hubo alguna desviación en ello, inmediatamente que fue detectada, se tomaron medidas estrictas y contundentes, así como el inicio de procedimientos de investigación y de responsabilidad para sancionar a los malos servidores, a más de separarlos de sus cargos cuanto antes.

"De esto se ha informado a los Plenos del Consejo como de la Corte. Pero sin que ese evento aislado pueda considerarse como una problemática general en el sistema de selección de juzgadores. Es más, ese concurso ya no produzco resultado alguno, porque el Consejo de la Judicatura lo canceló de inmediato”, dijo.

Refirió que en los últimos cuatro años se atendieron más de 7 mil quejas y denuncias, se instauraron más de 150 procedimientos disciplinarios de oficio, más de 90 investigaciones y fueron sancionados 260 servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales.

De ellos, 36 son magistrados de circuito y 49 jueces de distrito que recibieron desde amonestaciones privadas y apercibimientos; 21 suspensiones; ocho destituciones y cuatro inhabilitaciones.

“En el Consejo de la Judicatura Federal ni cabe la tolerancia a la corrupción o a la conducta indebida que contravenga la ética profesional, demeritando el quehacer jurisdiccional y administrativo, en todos los casos, trátese de quien se trate se ha actuado”, agregó.

Al destacar los resultados en apoyo a personas vulnerables, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que se “crearon plazas que exclusivamente deben ser ocupadas por personas con una discapacidad, la que sea, lo cual ha permitido ya la contratación de 17 personas con esa condición”.

Basado en el Programa Integral de Inclusión Laboral para “personas que han demostrado, más allá de prejuicios”, han demostrado su capacidad, apuntó.

Además de haber emitido el Reglamento Interior del Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123”, en el que se ofrecen alternativas a padres y a madres que trabajan servicios en la SCJN y que tiene hijos con alguna discapacidad.

Luis María Aguilar recordó que en 2015 se inició el Plan Rector en Materia de Accesibilidad para personas con Discapacidad del Poder Judicial de la Federación, en el que se establecieron políticas generales y criterios específicos para planificar y ordenar de manera gradual el desarrollo de las acciones necesarias en la totalidad de los inmuebles, no sólo en la SCJN, sino en todo el PJF, para que tanto servidores públicos como usuarios tuvieran acceso a las instalaciones.

Al hablar de los logros en la defensoría de las personas migrantes, el ministro presidente aseguró que el reto de los poderes judiciales es garantizar el acceso a la justicia a esos grupos.

Ya que, dijo, “la seguridad de las personas migrantes implica la protección del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, así como a la justicia, a la alimentación, a la salud y a la educación”.

Tras haber ubicado a la migración como un tema importante en las relaciones internacionales y como un desafío “en la atención de asuntos políticos, jurídicos, económicos, y desde luego sociales y culturales tanto en los países expulsores, como en los de tránsito, destino y retornó”.

Por lo que hizo recientemente un llamado a garantizar los derechos a los integrantes de la caravana migrante que llegó el 19 de octubre a la frontera sur de México, que provenía de Honduras y se dirigía hacia Estados Unidos.

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