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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la destitución del exmagistrado federal Jesús Guadalupe Luna Altamirano, ordenada el 27 de abril de 2017 por beneficiar con sus sentencias a miembros del crimen organizado.

Este lunes, la SCJN notificó la resolución del pleno en el recurso de revisión administrativa presentado por el exfuncionario en contra de la sanción que le fue impuesta el año pasado por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“De lo que se ha examinado en los considerandos que anteceden y al no haber prosperado los agravios elaborados en contra de la resolución dictada por el Consejo de la Judicatura Federal, procede declarar infundado el recurso de revisión administrativa que nos ocupa”, indica el fallo elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán.

En consecuencia, el exmagistrado ya no tiene ningún recurso para impugnar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Luna Altamirano es conocido por haber liberado a Archivaldo Guzmán El Chapito, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. También fue señalado por enriquecimiento ilícito y en 2014 fue denunciado ante la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General.

Desde la creación del CJF en 1995, su destitución lo convierte en el segundo juzgador federal en recibir esta sanción por acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Asimismo, conoció casos como el de Luis Echeverría, a quien exoneró del genocidio por la matanza del 2 de octubre de 1968; resolvió la extradición del exmilitar argentino Ricardo Miguel Cavallo, acusado de crímenes cometidos durante la dictadura de aquel país en 1976, y en 2012 emitió fallos que favorecieron al Cártel de los Beltrán Leyva y a Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico.

EL UNIVERSAL informó que, según el expediente, durante los cinco años que el CJF lo investigó, él justificó sus ingresos argumentando que provenían del negocio de pasteles de su hija, su divorcio y otras estrategias legales.

Hasta su último año en el Poder Judicial de la Federación (2016), los magistrados de circuito ganaban, mensualmente, 144 mil pesos, además de los 734 mil anuales correspondientes a prima vacacional, aguinaldo y pago por riesgo: un total de 2 millones 462 mil pesos al año. Cuando el CJF lo denunció ante la entonces PGR, se presumía un origen oscuro de 4 millones de pesos acumulados entre 2004 y 2012. En este último año, sus percepciones mensuales eran de 140 mil pesos, además de 755 mil anuales de prima vacacional, aguinaldo y pago por riesgo; es decir, ganaba 2 millones 443 mil 666 pesos al año.

Sin que su origen pudiera ser determinado, el dinero fue detectado mediante transferencias bancarias realizadas en sus cuentas y en las de sus familiares. La inexplicable tardanza con la que fue denunciado ante la PGR, su divorcio y la obtención de diversos créditos bancarios fueron los argumentos que lo ayudaron a reducir la cantidad por la que se le acusó a 1 millón 264 mil 786.42 pesos.

Fue hasta el 27 de abril de 2017 que el pleno del CJF resolvió destituirlo por encontrar discrepancias entre sus declaraciones patrimoniales y los bienes que tiene, así como por las sentencias que emitió a favor del crimen organizado.

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