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Un enfrentamiento entre militares y mineros ilegales en una mina en el suroriental estado Bolívar, Venezuela, dejó 18 civiles muertos, entre ellos una mujer, reportaron medios locales, aunque las autoridades declinaron dar cifras de fallecidos argumentando que aún se están realizando investigaciones en la zona golpeada por la violencia.
“Todos presentan heridas por arma de fuego, esto producto del intercambio de disparos que hubo entre los funcionarios y el grupo armado que dirige el sector”, informó una fuente militar al diario El Correo del Caroní.
El enfrentamiento ocurrió en la mina Cicapra de Guasipati, en el municipio Roscio del estado Bolívar, en el marco de una acción de miembros de la 51 Brigada de Infantería de Selva, en la que se incautaron armas, explosivos y municiones.
“En total fueron cuatro fusiles de asalto ligero, un fusil R-15, siete pistolas de diversos calibres, tres revólveres, una escopeta y dos granadas”, especificó el rotativo.
Esta franja, conocida como el Arco Minero del Orinoco y que tiene una tamaño aproximado de 111 mil kilómetros cuadrados que se extienden desde el territorio de la Guayana Esequiba hasta la frontera con Colombia, dispone de grandes reservas de oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales.
El tamaño y la dificultad de acceso y control del vasto entorno selvático complica su control y facilita la minería ilegal y anárquica.
El gobernador del estado de Bolívar, Justo Noguera, dijo que una comisión del Ejército repelió el ataque que, según medios locales, ocurrió el sábado en la mina Cicapra, en la ciudad de Guasipati, ubicada a 825 kilómetros de Caracas. Entre los muertos había una mujer.
“Sí, hubo un ataque a una comisión militar que estaba ejerciendo labores de soberanía”, dijo Noguera. “No estoy en este momento autorizado para dar los números”, agregó al ser consultado sobre los fallecidos.
Un diputado opositor de la Asamblea Nacional dijo que familiares afirman que los mineros “murieron con tiros en la cabeza”, por lo que pidió “profundizar la investigación”.
“Las #Masacres son una política de Estado de la #NarcoDictadura“, escribió el diputado por el estado Bolívar, Américo De Grazia, en su cuenta de Twitter.
El presidente Nicolás Maduro decretó en el 2016 una vasta área del estado como una zona estratégica denominada Arco Minero —con importantes yacimientos de oro, diamantes y coltán—, argumentando que había que acabar con la minería ilegal, que ha desatado la violencia entre bandas rivales por el control de las minas y ha dejado graves daños ambientales.
En un intento por conseguir fondos para compensar una caída de los ingresos petroleros el gobierno dijo que convocó a decenas de empresas locales y extranjeras para explorar y explotar el área y generar otra fuente de recursos. Pero reportes de prensa y opositores políticos han denunciado que lejos de organizar la minería, las bandas han ganado cada vez más poder y han creado una red delictiva que ha corrompido las débiles instituciones.
