Suspensión de verificación afectará la CDMX: Caballero

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La bancada de Morena en la Cámara de Diputados señaló que la suspensión de las verificaciones vehiculares en la Ciudad de México durante el primer semestre de este año, podría ocasionar la elevación de los niveles de contaminación ambiental en la megalópolis y con ello serias afectaciones a la salud de millones de ciudadanos.

El diputado Virgilio Caballero Pedraza afirmó que la decisión del gobierno capitalino, se tomó a espaldas de la sociedad y sin tomar en cuenta a académicos, expertos y científicos.

Aseveró que dicha medida pone a la capital del país y a la megalópolis a un paso de retomar el deshonroso primer lugar en los índices de contaminación atmosférica, y por si fuera poco, el gobierno de Miguel Ángel Mancera manda a la calle a dos mil 500 familias que dependen de los actuales centros de verificación.

“Estamos ante el umbral de una epidemia de enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía o el cáncer de pulmón, con el agravante de que los efectos más graves se producirán en las personas que ya están enfermas y en grupos vulnerables como niños, ancianos y familias de pocos ingresos, que tienen acceso limitado a la atención médica”, señaló el diputado de Morena.

Caballero Pedraza afirmó que sin duda se volverá a los niveles de la década de los 80, cuando en la Ciudad de México todos los días se registraba contingencia ambiental, lo cual es totalmente inaceptable.

Recordó que el pasado 18 de diciembre se publicó el “aviso por el que se dan a conocer los criterios en materia de verificación vehicular Obligatoria para el primer semestre de 2018” en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en donde se dio a conocer la “mala decisión” del gobierno capitalino por la eliminación de las verificaciones vehiculares.

Bajo el supuesto argumento de que los 55 nuevos verificentros aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente local, todavía no terminan el proceso de instalación para operar, cuando la fecha oficial era el 31 de diciembre de 2017, detalló en un comunicado.

“Nada se dice sobre los daños a la población por la mala calidad del aire, los parámetros para medir e informar sobre el tema, ni sobre las acciones adoptadas para enfrentarla. No se trata de un asunto administrativo, sino de los derechos humanos fundamentales”, recalcó.

Dijo que el Ejecutivo local utiliza el poder público para impedir a los actuales verificentros que presten el servicio mediante una prórroga de actividades, pues su único propósito es beneficiar de manera artificial e ilegal a los 55 nuevos centros, anteponiendo intereses personales y de grupo.