Más Información
Washington.— La Junta de Supervisores del Condado de San Diego, igual que la de Los Alamitos, aprobó ayer unirse a la demanda de la administración del presidente estadounidense Donald Trump en contra de la ley de ciudades santuario para la protección de inmigrantes en California.
Con tres votos a favor y uno en contra, la Junta de Supervisores de San Diego decidió sumarse a la querella contra las disposiciones de santuario, en especial la Ley SB 54 que limita la cooperación entre las autoridades policiales locales y las autoridades federales de inmigración.
En su resolución ordenaron al fiscal del condado que presente un escrito legal como “amicus curiae” apoyando la demanda del gobierno de EU.
En Los Alamitos, la ordenanza fue aprobada con cuatro votos a favor y uno en contra, alegando que es el gobierno federal y no el estatal que puede tomar decisiones en temas migratorios. Es el mismo argumento que esgrime el gobierno de Trump, que entabló una demanda contra California el mes pasado.
En tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó ayer que la deportación obligatoria de inmigrantes con condenas es inconstitucional, en un fallo que contó con el voto del magistrado nombrado por Trump.
Es la primera vez que el juez conservador Neil Gorsuch se alinea con el ala más progresista del tribunal. La corte falló por 5-4 a favor del inmigrante filipino James García Dimaya, con residencia permanente y condenado por robo en California.
