Rohingya, el pueblo que no tiene país

Los rohingya son, según Naciones Unidas “la minoría más perseguida del mundo”. Su causa continúa ganando apoyos, y ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, condenó los ataques que sufren. Sin embargo, sus padecimientos no cesan.

Desde agosto, más de 600 mil rohingya, una etnia musulmana minoritaria en la budista Myanmar (antigua Birmania), han huido al vecino Bangladesh. Quienes quedan atrás son blanco de asesinatos y violaciones. “Es un caso de limpieza étnica de manual”, declaró en septiembre Zeid Ra‘ad al-Hussein, jefe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

EU se unió ayer a esta definición de “limpieza étnica” y condenó las matanzas perpetradas por militares birmanos. “La prueba de fuego para cualquier democracia es cómo trata a su población más marginada y vulnerable, y eso son los rohingya. El gobierno birmano y sus fuerzas de seguridad deben respetar los derechos humanos de las personas dentro de su territorio”, indicó Tillerson.

Los rohingya viven en la región birmana de Rajine desde el periodo colonial británico, pero el Estado los considera inmigrantes ilegales. Han sufrido periódicas persecuciones y desde 1982 no son ni siquiera ciudadanos del país. Ese año una ley limitó la nacionalidad a las etnias que habitaban Myanmar antes de la llegada de los ingleses, en 1824, y desde entonces los rohingya carecen de acceso al empleo, educación y sanidad, en condiciones que Amnistía Internacional (AI) considera de “apartheid”.

La situación del millón de rohingya que quedaban en el país empeoró después de que el 25 de agosto un grupo de insurgentes rohingya (el ARSA, o Ejército de Salvación Arakan de Rajine) atacó un puesto de policía birmano y mató a 10 agentes.

Este golpe desencadenó una brutal respuesta del ejército que, alegando que el ARSA es un grupo terrorista cercano al yihadismo, ha destruido 288 pueblos rohingya.

Tillerson condenó el ataque del ARSA, pero fue tajante contra la respuesta birmana: “Ninguna provocación puede justificar las atrocidades cometidas. Estos abusos de militares, fuerzas de seguridad y vigilantes locales causaron un sufrimiento inmenso y obligaron a miles de hombres, mujeres y niños a abandonar sus hogares y refugiarse en Bangladesh”.

Un portavoz de Médicos Sin Fronteras explica a EL UNIVERSAL: “Existe mucha preocupación porque los rohingya que aún no abandonaron Myanmar se vean obligados a hacerlo. En el norte de Rajine pensamos que hay unos 150 mil, 60 mil de los cuales están en la ciudad de Buthidaung. Las organizaciones humanitarias internacionales están bloqueadas y no pueden intervenir en la zona, donde miles de personas permanecen sin atención médica”.

Una fiebre ultranacionalista contra los musulmanes alimenta en Myanmar el ataque a los rohingya. AI ha documentado la colocación de minas antipersona en la frontera para impedir el regreso de los refugiados.

Los abusos sobre los rohingya han debilitado la imagen internacional de la premio Nobel de la Paz de 1991, Aung San Suu Kyi, consejera estatal y líder del principal partido en Myanmar. El que los militares controlen los ministerios de Defensa, Fronteras y Asuntos Internos coarta su capacidad para detener ataques contra los rohingya, y ella está más implicada en evitar que el país vaya a la polarización.