En medio de una crisis electoral creciente, la administración de Donald Trump certificó el jueves buen desempeño de Honduras en la protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

La decisión llega cuando el actual presidente, Juan Orlando Hernández , encabeza ligeramente el escrutinio oficial de las elecciones del pasado 26 de noviembre. Sin embargo, todavía no se ha declarado un ganador oficial de los comicios y el opositor Salvador Nasralla asegura que hubo fraude.

Tropas y unidades policiales, algunas entrenadas por Estados Unidos, patrullan estos días las calles de la capital y han sido acusadas de herir y matar a manifestantes desde que Hernandez declaró el toque de queda nocturno y suspendió algunas garantías constitucionales con el fin de intentar controlar las protestas de la oposición.

Si la certificación propuesta por el secretario de Estado, Rex Tillerson, es aceptada por el Congreso, Honduras tendría garantizada la llegada de millones de dólares de fondos estadounidenses que están condicionados al buen desempeño en materia de derechos humanos y corrupción.

Los activistas hondureños se mostraron sorprendidos de que esta decisión llegue precisamente en medio de la crisis, cuando el gobierno de Honduras “no hace cumplir estas condicionalidades”, dijo Carlos Sierra, del Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras.

El Departamento de Estado estadounidense no contestó de forma inmediata a una solicitud de comentario.

Hernández había dicho la víspera que apreciaba esa certificación porque daba “un mensaje muy importante” que “refleja” cómo Estados Unidos ve a los hondureños.

La decisión afecta sólo la mitad de los fondos que llegan de forma directa a Tegucigalpa y que suman entre 15 y 20 millones de dólares, de acuerdo al senador estadounidense Patrick Leahy. El resto de la ayuda económica estadounidense no se vería afectada.

No obstante, Leahy considera que la certificación en medio de la crisis política que se ha desencadenado tras las elecciones merece someterse a un “cuidadoso escrutinio por parte del Congreso”.

Como vicepresidente de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado, Leahy podría dejar en suspenso parte de los fondos pero el senador no ha decidido todavía cómo reaccionar a la certificación y quiere discutirlo con el Departamento de Estado, indicó su oficina.

La certificación fue publicada el jueves en el Registro Federal pero Tillerson la firmó el 28 de noviembre, dos días después de las elecciones.

msl

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